Denuncian "graves" agresiones a trabajadores en centros de menores: "De media un parte de agresión diaria"

Así lo ha puesto de manifiesto Maitane Erro, que ha comparecido en una sesión de trabajo parlamentaria junto a Julen Ardanaz, Sara Legarda y Azahara de la Torre. La sesión, solicitada por EH Bildu, UPN, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin, en un principio iba dirigida a los recursos residenciales para la protección de menores, si bien los ponentes han apostado por "ampliarlo a todo el sector de la intervención social, porque nos hemos dado cuenta de que la situación es parecida en todos los lados".

"Este sistema no está atendiendo todas las necesidades. Por eso pedimos, de cara a largo plazo, el replanteamiento de este sistema", ha subrayado Erro, que ha considerado "imprescindible" crear unos espacios de trabajo entre los técnicos del Gobierno de Navarra y los responsables de los servicios para analizar la situación y "mejorar" tanto las intervenciones como las situaciones de los trabajadores "con medidas adecuadas".

"Los trabajadores pedimos que se gestione directamente por parte del Gobierno de Navarra, dejando las subcontrataciones", ha remarcado. Entre otras cuestiones, Erro ha pedido "un cambio de las ratios" y la creación de "medios adecuados".

170 agresiones en el mes de enero en un solo recurso

Por su parte, Julen Ardanaz ha criticado que la realidad "ha sufrido diversos cambios, pero el sistema de protección apenas ha sufrido cambios". "La sociedad cambia, pero los medios no se actualizan", ha dicho, tras añadir que el sistema "no está preparado" para todos los casos que atiende. "Esta situación nos lleva a que ocurran todo tipo de cuestiones en nuestros trabajos que hace que tanto las personas usuarias como las trabajadoras estemos, a todas luces, desprotegidas", ha manifestado.

Ardanaz ha explicado que hay recursos de muy distinta índole, como pisos de autonomía, programas de autonomía, programas de ejecución de medidas judiciales en medio abierto, programas terapéuticos, contra la violencia filio-parental, centros de internamiento, centro de día de justicia juvenil, residencias de mujeres, centros para inmigrantes o para personas refugiadas, entre muchos otros.

En la misma línea se ha mostrado Sara Legarda, que ha subrayado que los trabajadores del sector "de media tienen un parte de agresión diaria registrado, más aquellas que no se registran". En concreto, ha destacado que en enero, "en un recurso concreto, se han registrado 61 agresiones verbales, 56 agresiones físicas, 47 por daños materiales y 6 por objetos arrojadizos". "Esto hace un total de 170 agresiones en el mes de enero. En muchos otros -recursos- habrá datos parecidos", ha comentado.

Ha destacado asimismo que desde las mutuas "no se nos reconocen apenas los accidentes laborales".

Amenazas de muerte, asfixia...

Por su parte, Azahara de la Torre ha advertido de que los perfiles de usuarios "han cambiado" y "nuestra salud está en riesgo". "Las trabajadoras hemos recibido agresiones físicas graves, como que una persona usuaria nos agarre del cuello hasta casi la asfixia, que nos amenacen de muerte y muchas otras cosas", ha advertido, tras añadir que "aun siendo agredidas, las trabajadoras velamos por el bienestar de las usuarias en todo momento".

"En más de una ocasión, las propias personas usuarias han sido las que han hecho la contención a otra usuaria porque nosotras, debido a los irrisorios ratios que hay, no hemos podido atender en ese momento. Y esto deja en evidencia que el sistema falla. Es una clara muestra de la ineficacia del sistema en responder a las necesidades de las usuarias y cómo se pone en riesgo la salud de las trabajadoras", ha manifestado.

Demandan unas ratios adecuadas, recursos específicos para menores con características terapéuticas y, en general, que "las trabajadoras puedan ir al trabajo sin miedo".

El parecer de los grupos parlamentarios

En nombre de EH Bildu, Jabier Arza ha indicado que el sistema "está muy tensionado" y aunque "sabemos que se están haciendo cosas" por parte del departamento, "nos preocupa que no sea suficiente". "Nos preocupa que no se cambie a la misma velocidad y con la misma intensidad con la que están variando el número de personas atendidas y las características o necesidades de las personas atendidas", ha dicho, tras exigir un plan de choque para reforzar el sistema de acogimiento residencial.

Raquel Garbayo, de UPN ha criticado que lo relatado es "indigno y bochornoso" y que la respuesta del departamento al respecto "siempre ha sido que se está trabajando en ello y, básicamente, que las cosas están bien". "Ni todo está bien ni prácticamente se está trabajando en ello. Porque dicen que se están haciendo cosas, pero en vez de mejorar los datos, los datos van para atrás. Y cada vez tenemos más problemas", ha subrayado, tras añadir que "la sociedad cambia y los recursos y los medios no se han adaptado".

En nombre del PSN, Olga Chueca ha considerado que "habría que distinguir lo que serían los centros de primera acogida, donde tenemos la obligación de atender a las personas", y el resto de recursos como los acogimientos residenciales especializados. Además, ha añadido que "se está intentando cambiar la mirada hacia un modelo de desinstitucionalización, hacia un modelo de otro tipo de acogimiento en el que vosotros y vosotras tenéis mucho que decir".

Desde Geroa Bai, Isabel Aranburu ha afirmado que "sabemos que se está trabajando" desde el departamento y que lo expuesto "son cosas muy serias y muy graves". "Contarán con nuestro apoyo y nuestro trabajo para, si esto es así, darle la vuelta a todo lo que está pasando", ha manifestado, para a continuación subrayar que "muchos problemas no son nuevos" y "no es la primera vez que escuchamos este tipo de problemas y de necesidades que tienen lugar en este ámbito".

Maribel García Malo, del PPN, ha considerado que es una situación "muy grave" y de "alarma social" a la que "no se le pueden poner paños calientes", que es lo que a su juicio "está haciendo el Gobierno" y "en ocasiones los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno". A su juicio, "los recursos están saturados, no hay profesionales suficientes para atender adecuadamente a estos menores, no hay instalaciones adecuadas, no hay presupuesto suficiente".

Por parte de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha destacado el "agotamiento" del sistema de intervención actual, "sometido además a una enorme tensión que están pagando" los trabajadores. "Lo que relatan es una situación que nos obliga a repensar de manera integral el modelo de intervención social, no a escala foral, que también, sino en general, a escala estatal, a escala europea", ha apuntado, tras subrayar que "no tenemos la solución integral" pero "sí creemos que hay algunas cuestiones concretas y específicas" que "debemos abordar", como la "dignificación" de los profesionales.   

El Gobierno foral dice que las ratios están bien establecidas

El departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra ha afirmado que las ratios de personal en los centros del sistema de protección de menores de la Comunidad foral están "bien establecidas" y ha resaltado además que se trata de centros de "tamaño reducido para una atención especializada y más parecida a un entorno familiar frente a otros modelos de grandes centros".

El Gobierno foral ha indicado, tras la comparecencia parlamentaria de este martes, que lleva tiempo "trabajando en el dimensionamiento y refuerzo del sistema de protección ante el incremento sostenido del número de atenciones que está experimentando en Navarra, un 21% más en el último año". "Se lleva tiempo reforzando equipos, plazas y también procedimientos de atención, no solo ampliando instalaciones y recursos residenciales, sino también reforzando personal de atención y estableciendo una planificación estratégica de mejora", ha asegurado.

El departamento ha reconocido que "hay que seguir mejorando la respuesta que ofrece el sistema de protección a los niñas y niñas y que para ello es necesario ir implementando cambios que ya se están impulsando desde la subdirección y entre ellos es indispensable la formación especializada de las y los profesionales, a quienes el Gobierno reconoce la labor y compromiso en el trabajo que desempeñan".

Según han señalado desde Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, "se ha llevado a cabo por parte del departamento una evaluación de los recursos residenciales de protección y, se han detectado áreas de mejora que se han comenzado a implementar". "Algunas de estas mejoras pasan por la puesta en marcha de acciones de formación especializada", han indicado.

Además, han explicado que desde el departamento "se han destinado 40.000 euros para realizar formaciones específicas para todos los profesionales en intervenciones en situaciones de crisis, ya se ha ofrecido esta formación a todo el personal de los ARES; y a todos los COAS que atienden a mayores de 12 años". "Cada una de las entidades que gestionan los centros deben impartir, además, horas de formación para sus profesionales tal y como exige el Gobierno de Navarra", han añadido.

Respecto a las críticas de inseguridad en los centros, el departamento ha señalado que "Navarra tiene las ratios de personal bien establecidas y centros de pequeño tamaño".

Como ejemplo, ha señalado que en Acogimiento Residencial Básico (ARB), de lunes a viernes hay siete profesionales para la atención directa de nueve menores y los fines de semana son ocho profesionales para la atención de nueve menores.

En Acogimiento Residencial Especializado (ARE), para niños y niñas con problemas de conducta, hay siete profesionales para atención directa de cinco niños además de personal de seguridad.

Según han destacado desde el departamento, tanto en los ARB como en los ARE, al equipo de atención directa se suma el equipo técnico de apoyo en cada recurso (equipo de psicología e intervención familiar). "También se cuenta siempre con educadores individuales de refuerzo y apoyo para atender a niños y niñas con necesidades especiales", han añadido.

Asimismo, el departamento ha explicado que "Navarra tiene seguridad en determinados recursos", en concreto, en los centros de cumplimiento de medidas judiciales y en los acogimientos residenciales especializados, donde se atiende a menores con dificultades de conducta. "En estos casos se cuenta con profesionales de seguridad para dar cobertura a posibles situaciones de conflicto", ha señalado.

También han incidido desde el departamento en que "Navarra cuenta además con centros de tamaño reducido para una atención especializada y más parecida a un entorno familiar frente a otros modelos de grandes centros". "Es un sector que atiende cada vez casos más complejos y por ello es necesaria la formación permanente de los profesionales que también estamos impartiendo", ha destacado.