La Policía Foral inspecciona 300 pisos protegidos al año para evitar usos irregulares

Los agentes de la Policía Foral realizarán un mínimo de 300 inspecciones al año de viviendas protegidas para comprobar que se destinan a domicilio habitual y permanente del propietario o arrendatario, y que en ningún caso constituyen segunda residencia ni permanecen desocupadas. Así consta en el IX Plan de control e inspección en materia de vivienda, recién aprobado por el Gobierno de Navarra y ya publicado en el Boletín Oficial de Navarra (BON).

Entre los ejes nueve estratégicos contenidos en el plan, se encuentra el referido al destino y uso de las viviendas protegidas, que recoge entre sus líneas de actuación la petición de los consumos de energía eléctrica, agua y, en su caso, gas de las viviendas protegidas, bien sea directamente a su propietario o bien a las entidades suministradoras de tales servicios.

La petición de los consumos de energía eléctrica, agua y, en su caso, gas, se podrá solicitar a los propietarios de vivienda protegida con contratos visados en expedientes calificados definitivamente en 2019 y 2020; viviendas sobre las que exista denuncia de desocupación; durante la tramitación de un expediente sancionador, si así se considera por parte de su instructor; y cuando, producidas varias visitas de inspección a una vivienda, no se haya logrado contactar con el propietario de la misma, pero existan indicios de ocupación de la vivienda.

DENUNCIAS DE DESOCUPACIÓN

Los agentes de la Policía Foral realizarán inspecciones a viviendas protegidas en régimen de arrendamiento, viviendas sobre las que exista denuncia de desocupación o de alquiler sin el debido visado o durante la tramitación de un expediente sancionador, si así se considera por parte de su instructor.

Además, llevará a cabo visitas de inspección cuando, obtenidos los consumos existentes en una vivienda los mismos no sean definitivos para entender la existencia de ocupación; cuando solicitados los consumos al propietario de una vivienda, éste no los entregara; y a todos los sancionados por desocupar o alquilar sin el debido visado su vivienda al año siguiente de la imposición de la correspondiente sanción.

En caso de que, como consecuencia de las actuaciones de control se procediera a incoar un expediente sancionador, en la graduación de las sanciones a imponer, se tendrá en especial consideración como agravante la circunstancia de “la repercusión que para la sociedad tiene la desocupación de viviendas protegidas y la demanda de viviendas protegidas existente en la zona donde se ubica la vivienda protegida a cuyo propietario se sanciona”.

Asimismo, la Sección de Innovación e Inspección del Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias realizará controles para la detección de viviendas protegidas utilizadas como pisos turísticos. Anualmente se cruzarán los datos de los alojamientos inscritos en el Registro de Turismo de Navarra con los datos de los expedientes de vivienda protegida con el objetivo de encontrar viviendas que se encuentren bajo régimen de protección y que se estén utilizando de manera indebida como vivienda o apartamento turístico.

El IX Plan de control e inspección en materia de vivienda también recoge actuaciones para controlar el cumplimiento de las obligaciones relativas al mercado de alquiler en la Zona de Mercado Residencial Tensionado. De este modo, y de manera periódica, se analizarán las ofertas de arrendamiento de vivienda habitual de los municipios declarados Zona de Mercado Residencial Tensionado de los principales portales inmobiliarios digitales y agencias inmobiliarias físicas. La inspección física incluirá visitas presenciales a las agencias, para realizar un control de todas las cuestiones mencionadas y de las ofertas y contratos formalizados.

Además, se cruzará información de la existente en el Registro de contratos de arrendamientos con la información fiscal que dispone la Hacienda Foral. Por ello, se procederá a realizar una petición a Hacienda Foral de Navarra para que facilite las referencias catastrales por las que se declaran rendimientos de capital inmobiliario para comprobar si dichas referencias catastrales se encuentran asociadas a algún contrato de alquiler registrado en el Registro de contratos de arrendamiento y si cuentan con el correspondiente visado.