El PP choca con Moncloa por la acogida obligatoria de menores

El sistema para derivar menores no acompañados desde Canarias, Ceuta o Melilla al resto de comunidades entró en vigor ayer, en una nueva jornada de enfrentamiento político entre el PP y el Gobierno español, ahora por el aviso de que las autonomías están obligadas por ley a asumir la acogida.

Canarias y Ceuta y Melilla –dos ciudades autónomas gobernadas por el PP– han pedido ya formalmente la contingencia migratoria extraordinaria, que debe declarar Moncloa, para que se derive a menores que a día de hoy acogen y a los que lleguen a partir de septiembre, estos en un plazo de quince días.

Tanto Canarias, donde cogobierna el PP, como Ceuta, gestionada por los populares, han exigido y respaldado la reforma de la ley de extranjería que establece un reparto obligatorio de los menores migrantes entre todo el Estado, tras años desbordadas. Ambas, como Melilla, cumplen con el requisito fijado: acoger el triple de menores migrantes de lo que les correspondería.

A este mecanismo, por el que se derivará a 3.000 menores migrantes y a los que lleguen desde septiembre, se opone el PP, que votó contra la reforma legislativa, y diez comunidades gestionadas por este partido, que han recurrido al Constitucional, al igual que Castilla-La Mancha, presidida por el PSOE.

Las críticas del PP protagonizaron ayer el debate, mientras el Gobierno pide que no pongan excusas. Los populares consideran una “amenaza” el aviso reiterado del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que asegura que si las comunidades no cumplen con la acogida “tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación”.

Esa posibilidad aparece recogida en el decreto, del 22 de julio, que establece el protocolo para la acogida de menores y que señala que si una comunidad se niega a recibir a un menor, los profesionales que lo acompañan podrán pedir ayuda a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que lo pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal y entregarán al joven a la entidad de destino.

En el momento en el que el menor es trasladado, la comunidad autónoma de destino ya tendrá asignada su tutela y custodia, tras un procedimiento en el que puede presentar alegaciones.

El PP considera, sin embargo, que Moncloa amenaza a los gobiernos autonómicos del PP y que la Policía y la Guardia Civil tendrían que dedicarse a controlar las fronteras y luchar contra las mafias ilegales. Para su secretario general, Miguel Tellado, esta “amenaza” es propia de cualquier régimen “menos de una democracia”.

Pese a las críticas, el PP sostiene que sus comunidades autónomas cumplirán la ley, al tiempo que ha reprochado al Gobierno español que esté cumpliendo a cuentagotas con la acogida de un millón de menores solicitantes de asilo que le ordenó el Tribunal Supremo.

Traslado a otras CCAA

Las comunidades o ciudades autónomas que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria podrán pedir la situación de contingencia migratoria para que los menores en su territorio sean trasladados a otras comunidades. La solicitud tendrá que ser aprobada por el Ministerio de Juventud e Infancia.

Este miércoles Canarias, presidida por Fernando Calvijo, ya adelantó que declarará la contingencia migratoria. De hecho, la consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha firmado la petición al Ministerio.

Mientras, la consejera de Políticas Sociales de Melilla, Randa Mohamed, también lo anunció y explicó que la ciudad autónoma, que dispone de 28 plazas para menores migrantes, deberá asumir "hasta tres veces su capacidad ordinaria" de acogida, alcanzando las 84 plazas, que se considera ya "sobreocupación".

Pero ha explicado que Melilla acoge actualmente un total de 175 menores migrantes, lo que refleja "la enorme presión migratoria que sufrimos y que sufre este sistema de protección local".

Ceuta también ha comenzado a preparar la documentación para elevar al Gobierno la solicitud formal de declaración de contingencia migratoria extraordinaria, ya que la ciudad supera en un 629 % la capacidad de acogida que le corresponde en virtud de la nueva normativa.

El real decreto fija que Ceuta debería acoger a 27 menores, mientras que en la actualidad tutela y atiende a más de 510 niños y adolescentes llegados de manera irregular.

Baleares lo estudia ante la llegada masiva de migrantes a las islas

Aunque según la normativa, que tiene en cuenta el número de menores tutelados que había a 31 de marzo, Baleares no podría solicitar la declaración, la Abogacía de las Islas estudia la fórmula para poder hacerlo y no tener que recibir a menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla para poder centrarse en la atención de los cerca de 700 que tiene a día de hoy.

La intención del Govern es presentar esta declaración porque los Consells insulares, competentes en la atención de menores, soportan una sobreocupación de un 1.000 %.

Según el decreto del Gobierno, para poder pedir la contingencia migratoria, la comunidad debe triplicar su capacidad de acogida, que en el caso de Baleares es de 406 menores, según estableció el Ministerio de Juventud e Infancia el pasado 31 de marzo para regular las condiciones del reparto. A Baleares le correspondería acoger a 49 de estos niños, según el decreto.

32,6 menores por 100.000 habitantes

Este último decreto fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, que este año se sitúa en 32,6 menores por cada 100.000 habitantes, y que se aprobará anualmente.

Este ratio se calcula dividiendo la población total de cada comunidad y ciudad autónoma a 31 de diciembre, por el cociente resultante de dividir la población total del Estado español entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español.

Según la fórmula aprobada, Andalucía, con 2.827 plazas; Catalunya, con 2.650; y Madrid, con 2.325, son las comunidades que deben tener mayor capacidad ordinaria, por delante de la Comunidad Valenciana (1.767); Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737) y País Vasco (731).

A continuación, Castilla-La Mancha (692); Murcia (517); Aragón (441); Baleares (406); Extremadura (344); Asturias (331); Navarra (223); Cantabria (194); y La Rioja (107), además de Melilla y Ceuta, con 28 y 27 plazas, respectivamente.

El destino de los menores serán comunidades con menos saturación. Los traslados se distribuirán teniendo en cuenta otros parámetros como la renta, la tasa de paro, la dispersión, el esfuerzo previo, la insularidad o la situación fronteriza. El sistema de reubicación de los menores cuenta con la oposición del PP y de las comunidades en las que gobierna, además de Castilla-La Mancha, dirigida por el PSOE.