La presidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en Navarra (CERMIN), Mariluz Sanz, ha manifestado que, tras la dimisión en noviembre de la dirección del CREENA, las entidades que forman parte de la Comisión de Inclusión Educativa del CREENA publicaron una carta, que han reafirmado, expresando su "preocupación" por el procedimiento seguido en el convenio entre el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y la Fundación Alegría sobre atención a alumnado con autismo, defendiendo el papel del CREENA y de su equipo directivo dimisionario, y reclamando "la retirada del convenio".
Sanz ha comparecido en sesión de trabajo en el Parlamento para valorar la dimisión presentada por el director del CREENA y su equipo directivo. Ha participado acompañada de Silvia Saldaña, presidenta de la Asociación Navarra para el Tratamiento y el Estudio del Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad; María Sola, presidenta de la Asociación Navarra para las Altas Capacidades; y Ainara Duque, vocal de Disnavarra.
La presidenta del CERMIN ha indicado que, según los últimos datos disponibles publicados por el Ministerio de Educación en mayo de 2025 y correspondientes al curso 23-24, a nivel estatal había 1.131.816 estudiantes matriculados en enseñanzas no universitarias con valoración de NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo), lo que supone un 14% del total del alumnado.
Según ha detallado, Navarra era la segunda comunidad con mayor porcentaje de alumnado valorado con NEAE. "Concretamente, el 21,8% del alumnado navarro estaba censado como tal", ha dicho, para señalar que "el alumnado al que representamos supone algo más de la quinta parte del total".
Ha expuesto que, según los datos del último informe del Sistema Educativo Navarro publicado anualmente por el Consejo Escolar de Navarra, en el curso 23-24 la cifra de alumnado con NEAE matriculados en los centros ordinarios es de 48.275; de ellos "un 8% de trastorno del desarrollo de lenguaje y comunicación, un 11% de trastorno de aprendizaje, un 7% de trastorno de atención, un 3% de altas capacidades, un 1% de retraso madurativo, un 5% con desconocimiento de la lengua de aprendizaje, un 50% en situación de vulnerabilidad socioeducativa, un 5% de incorporación tardía al sistema educativo y un 2% de otros diagnósticos de salud". El 74% en centros públicos y el 26%, en centros concertados.
Basándose en una nota de prensa publicada por el Departamento de Educación en septiembre del 2023, "varían un poco las cifras y esto supone que el 26% del alumnado escolarizado en Navarra tiene necesidades educativas de apoyo educativo".
Sanz ha comentado que para valorar "la dimisión del equipo directivo del CREENA es necesario situarnos en una secuencia de acontecimientos que se inicia meses antes". Así ha comentado que el 4 de febrero de 2025, el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra anuncia la firma de un convenio con la Fundación Alegría orientado a coordinar la atención al alumnado con trastornos del espectro autista; un convenio, ha dicho, que desde "el inicio genera inquietud en amplios sectores por afectar de forma directa a la provisión de apoyos especializados, tradicionalmente garantizados desde el sistema público".
Ha señalado Sanz que "nuestra posición no es ni ideológica ni partidista" sino "una posición técnica y basada en derechos". "No estamos en contra de la firma de convenios de colaboración entre el sector público y las entidades sociales, todo lo contrario. Lo que nos preocupa no es la firma del convenio en sí misma, sino el contenido del convenio", ha aseverado, para indicar que su valoración es consecuencia de un "análisis profundo".
La presidenta de CERMIN ha defendido, basándose en el convenio firmado en febrero, que quien "debe garantizar la dotación de los recursos para este alumnado es la Administración pública" y ha añadido, sobre el ámbito de aplicación del convenio, que "se posibilita a la fundación aplicar sus propios criterios de afiliación, es decir, ¿se reconoce la posibilidad de que el alumnado beneficiario del convenio sea única y exclusivamente el afiliado?". "O, dicho de otra manera, ¿se permite que la fundación pueda exigir a las familias afiliarse a su entidad para prestar esta atención especializada? Es algo muy peligroso", ha señalado.
Sanz ha indicado que defienden "con firmeza" que "la responsabilidad de garantizar los apoyos educativos corresponde exclusivamente a la Administración pública". "Sólo un sistema público coherente y consolidado puede garantizar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado, evitar desigualdades territoriales, o por diagnóstico o por motivos socioeconómicos, y asegurar coherencia pedagógica y continuidad en la respuesta educativa", ha dicho.
A su juicio, "la atención sectorializada a un único colectivo mediante un convenio externo genera un agravio comparativo respecto al resto del alumnado con necesidades específica y rompe el enfoque sistemático que exige la educación inclusiva".
Sobre el papel de CREENA y su equipo directivo, ha expresado "un reconocimiento explícito al trabajo realizado por el equipo directivo dimisionario". Según ha continuado, "la dimisión no fue un gesto impulsivo ni irresponsable, fue un acto de coherencia profesional, motivado por la imposibilidad de avalar un proceso que a su juicio y al nuestro también, ponía en riesgo el modelo público de inclusión educativa".
