Una agente de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de Elche, de 45 años, ha perdido su condición de funcionaria pública tras ser condenada por pasar información y ayudar a blanquear dinero a su novio, un individuo que conoció cuando le investigaba por un alunizaje a un centro comercial.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes una resolución del 1 de agosto de 2023 firmada por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, en la que declara la pérdida de condición de funcionaria del Cuerpo Nacional de Policía de M.C.H.J. por la condena de inhabilitación especial de tres años y tres meses por los delitos de revelación de secretos y de blanqueo de capitales a raíz de su relación con el delincuente.
Enjuiciada el 12 de julio de 2022, la agente ha sido condenada por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, por unos hechos ocurridos entre marzo y octubre de 2019.
La policía, que llevaba en la UDEV desde 2010, fue incluida en una investigación que arrancó el 15 de marzo de 2019 para esclarecer un robo por el método de alunizaje en un centro comercial y un mes después inició una relación sentimental con uno de los supuestos implicados, que contaba con 46 antecedentes policiales, once de ellos de ese mismo mes de abril.
Según la sentencia, a la que ha accedido EFE y que señala que la causa contra la agente se inició a raíz de un informe de Asuntos Internos de la propia Policía, dicha relación sentimental se prolongó hasta octubre de ese año, cuando el hombre ingresó en prisión, y durante la misma convivieron en dos viviendas de la policía, primero en la ciudad de Elche y después en la cercana Guardamar del Segura.
El fallo judicial constata que la condenada continuó en la investigación sobre su entonces pareja sin informar a sus superiores, tal y como confesó en la vista oral, pese a que participó, incluso, en las intervenciones telefónicas.
Durante esos meses, la policía enseñó a su pareja unas imágenes de la investigación en las que él salía, le contó que tenía los teléfonos intervenidos, momento tras el cual las pesquisas decayeron porque el sospechoso dejó de dar actividad a dichos números, y también le informó de un vehículo K camuflado del grupo de estupefacientes, de color azul, que participaba en la operación.
Durante esos meses la agente efectuó un número de consultas "desproporcionado" (un total de 77) a las bases de datos policiales confidenciales en torno a su pareja, sus vehículos, sus órdenes judiciales de búsqueda y detención y también sobre sus órdenes de ingreso en prisión. Y también lo hizo sobre el entorno de su novio.
En un momento dado, la policía recibió un ingreso de 7.500 euros que sabía que provenía de compraventas fraudulentas en Italia y lo hizo para ocultar su procedencia ilícita, según la Audiencia Provincial alicantina.
Aunque sí constata los delitos de blanqueo de capitales y revelación de secretos, en la sentencia el tribunal no considera probada la acusación de su entonces pareja de que ella presenciara en su domicilio de Guardamar cómo su pareja y terceras personas fabricaban sustancias estupefacientes de forma sintética en la cocina.
El fallo condenatorio que desencadena que quede apartada del Cuerpo le impone dos años y tres meses de inhabilitación por la revelación de secretos y un año más por el blanqueo, además de 10.000 euros de multa por este segundo delito y una multa de 8 euros diarios durante 16 meses.
