En libertad provisional el empresario Ramón Lázaro y su madre, implicados en una trama de corrupción deportiva

El empresario corellano Ramón Lázaro Martínez, detenido este pasado lunes por la Policía Nacional en una operación con Europol e Interpol saldada con siete personas arrestadas, ha sido puesto en libertad provisional este miércoles por el juez instructor de Tudela que investiga una trama de corrupción deportiva. La madre del expresidente del CD Tudelano también ha quedado en libertad provisional.

A ambos investigados se les imputan múltiples delitos de pertenencia a grupo criminal, corrupción entre particulares, estafa, apropiación indebida agravada, blanqueo de capitales, fraude en subvenciones, falsedad documental y alzamiento de bienes.

El empresario deberá comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado más próximo a su domicilio. Asimismo, se le prohíbe la salida del territorio nacional y se le ha obligado a entregar el pasaporte. Por su parte, su madre deberá comparecer en el juzgado cuando sea requerido para ello.

En el marco de la operación, los investigadores practicaron tres registros, además de realizar un requerimiento a un asesor financiero vinculado a la investigación. Asimismo, la Policía informó de que durante el operativo fueron bloqueados inmuebles, vehículos y diferentes productos bancarios, además de haberse intervenido dinero en efectivo.

Uno de los registros se produjo en la empresa de Lázaro en Corella. Él y su madre fueron finalmente detenidos hasta su puesta a disposición judicial este miércoles. Los otros cinco detenidos, entre los que también se encuentra su esposa, fueron puestos en libertad provisional por la Policía Nacional sin ser puestos a disposición judicial.

Riesgo de fuga

Aunque el Ministerio Fiscal ha solicitado el ingreso en prisión provisional comunida y sin fianza del expresidente del CD Tudelano, el juez considera que en este caso no concurre riesgo de ocultación, alteración o destrucción de pruebas, ya que el 8 de junio se practicaron registros en tres inmuebles del investigado, en los que se incautaron terminales, documentación y claves asociadas a un monedero que contiene criptomonedas transferidas fuera de España.

También se ha procedido al embargo de tres inmuebles, así como de vehículos y todas las cuentas bancarias de las que es titular el acusado. De este modo, indica el juez, "las capacidades del investigado para ocultar o destruir fuentes de prueba son ínfimas".

Por otra parte, estima que tampoco hay riesgo de fuga, ya que se ha intervenido la totalidad del patrimonio del investigado (1.430.000 euros) por lo que "su capacidad económica para sustraerse de la justicia son muy reducidas".

El juez decreta en su auto la prohibición de salida del territorio nacional, así como la obligación de entregar su pasaporte en un plazo de 24 horas.