La Comisión Europea (CE) criticó este martes que el Estado no haya empezado a trabajar en una estrategia nacional anticorrupción originalmente prevista para 2024, aunque reconoció que el país ha hecho algunos avances en la lucha contra la corrupción de alto nivel al reducir la duración de estas investigaciones.
Aumentar los esfuerzos para "abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones y la fase de instrucción" para "aumentar la eficiencia en la gestión de los casos de corrupción de alto nivel" es una de las principales recomendaciones de la Comisión Europea al Estado español en el informe del Estado de derecho de 2025, publicado este martes.
En plena crisis por el 'caso Cerdán'
En plena crisis en el PSOE por la implicación y el envío a prisión del ex secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, por su supuesta implicación en el caso Koldo, la Comisión Europea señala que "aún no ha empezado el trabajo" en una estrategia nacional anticorrupción que la ley para proteger a denunciantes de corrupción requería para septiembre de 2024.
La Autoridad Independiente de Protección del Informante preparará un primer borrador tras el reciente nombramiento de su presidente, precisa el informe.
Bruselas, que en la elaboración de este informe contacta con partes interesadas en el ámbito judicial, señala también que entre los comentarios que ha recibido se le advierte de que la ausencia de esta estrategia unificada "corre el riesgo de llevar a la fragmentación y a una vigilancia insuficiente de las medidas anticorrupción".
Por otro lado, la estrategia nacional contra el fraude sí está "en una fase avanzada" pero no se ha previsto aún un calendario para su finalización.
"Algo de progreso"
En el ámbito de la corrupción, Bruselas reconoce "algo de progreso" a la hora de abordar una recomendación que le venía haciendo España en años anteriores, la relativa a la duración de las investigaciones y de la fase de instrucción de casos de corrupción, donde percibe mejoras tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la asignación de más recursos a estos esfuerzos.
"La contratación pública, la financiación de partidos políticos, los proyectos de infraestructuras y los contratos de servicios públicos son sectores clave de alto riesgo de corrupción", constata el informe.
Pide reforzar la figura del fiscal general
La Comisión Europea ha recomendado también al Estado seguir trabajando para reforzar la figura del fiscal general y se hizo eco de la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por revelación de secretos, así como de las protestas de jueces y fiscales.
Las recomendaciones del informe anual sobre el Estado de Derecho que Bruselas ha publicado hoy piden "continuar los esfuerzos para fortalecer el Estatuto del Fiscal General, en particular en lo que respecta a la separación de su mandato del relativo al Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la Fiscalía".
Por otra parte, el documento recuerda que el fiscal general del Estado "se encuentra en proceso judicial" dado que un juez de instrucción del Tribunal Supremo "solicitó su procesamiento" después de ser acusado de "presunta filtración de información confidencial relacionada con un caso de fraude fiscal" y que García Ortiz ha presentado un recurso de apelación. El informe cita también las protestas de jueces y fiscales que "reflejan las tensiones en torno a las reformas propuestas en el poder judicial", según el Ejecutivo comunitario.
