El Parlamento foral recibió el pasado miércoles una visita singular por su componente humano y político. El exfiscal general del Estado afgano Zabihullah Karimullah (Logar, 1982) se reunió por la mañana con el presidente de la Cámara, Unai Hualde y el consejero de Justicia, Eduardo Santos, y con representantes de los distintos partidos.
Ya por la tarde, ofreció una charla en el mismo Parlamento. Este exalto cargo fue evacuado el pasado verano por tropas españolas cuando su vida y la de su familia corrían serio peligro tras el regreso de los talibanes al poder.
La entrevista se realiza con el servicio de un traductor, que ayudó al fiscal a salir de Kabul a través de la asociación 14 Lawyers y de la mediación, entre otros, de la Fiscalía General del Estado español. Intercesiones que finalmente portaron al fiscal, a su mujer y a sus cuatro hijos en un helicóptero estadounidense hasta el aeropuerto de Kabul, desde donde un avión militar español les trasladó a Madrid. Zabihullah Karimullah trata ahora de adaptarse a su nueva vida en León, y de realizar una labor de incidencia política, crítico con la posición adoptada por Estados Unidos en su país, tanto con Trump como con Biden.
Usted fue funcionario de Naciones Unidas, y trabajó en el Ministerio de Justicia afgano, antes de ser fiscal General del Estado.
-En 2007 empecé a trabajar en Naciones Unidas como agente local. Conocí a Ashraf Ghani, entonces ministro de Finanzas. Yo colaboraba con la universidad americana. Un grupo de jóvenes le animamos a presentarse en las elecciones. En 2014 las ganó, y yo me fui a trabajar con Naciones Unidas a Sudán. Posteriormente, sin que el presidente lo consultara conmigo, me nombró para trabajar en el Ministerio de Justicia. Aunque el salario de Naciones Unidas no se podía comparar, decidí aceptar, y encargarme básicamente de la defensa de los bienes públicos ante ocupaciones de terrenos por señores de la guerra. De un millón y medio de hectáreas ocupadas, yo conseguí recuperar 150.000 hectáreas llevándolos a los Tribunales.
Recaló en la Fiscalía cuatro meses antes de la vuelta de los talibanes.
-Recibí muchas amenazas en el Ministerio de Justicia. Hasta la embajada americana se ofreció a darme protección. El Gobierno me llevó a un puesto provisional, y un mes después me nombró fiscal general del Estado. Yo nunca quise ese cargo, muy complicado, con el país lleno de corrupción y con los señores de la guerra involucrados en todas las actividades criminales. No me veía capacitado. Pero salió publicado mi nombramiento, también sin mi consentimiento, y tuve que aceptar cuatro meses antes de la caída. Hice una reforma del personal íntegra. Cambié en un mes a 130 directores de la Fiscalía porque estaban metidos en casos de corrupción, y yo teniendo a esa gente no podía trabajar allí.
Llegó agosto, los talibanes se hicieron con el poder con llamativa facilidad, y Estados Unidos completó su retirada.
-Teníamos un ejército bastante preparado, entrenado por españoles, franceses, polacos, ingleses, americanos, con equipamiento súper avanzado, que no lo tiene ni Pakistán, ni Irán ni India. No había otro así en la zona.
¿Entonces?
-Con la transición de las fuerzas internacionales a las fuerzas locales los afganos pasaron a mantener la seguridad. De 2014 a 2020, en 6 años, nunca, ni un distrito de las provincias cayeron a manos talibanes. Había un ejército del aire con suficiente capacidad para defenderse, y un ejército de tierra que se defendía perfectamente. No soy un experto en seguridad, pero sabemos que hubo una campaña mediática contra el Gobierno. Estados Unidos llevó a cabo una negociación en paralelo durante dos años con los talibanes, en la que se pusieron de acuerdo para entregar el Gobierno, y darles el 60% con carteras ya distribuidas. Un día los talibanes aparecieron en una provincia y dijeron que su presencia respondía al plan de paz de Doha. Sin ninguna resistencia, las fuerzas armadas fueron retirándose hasta el momento que los talibanes ya acorralaban Kabul. Fue algo previamente pactado con Estados Unidos, que les trajo de vuelta y se fue.
Tocó entonces tomar decisiones urgentes. ¿Cómo lo vivió?
-El día de la caída yo estaba a las diez de la mañana en mi despacho, se escucharon tiroteos, el personal de seguridad nos dijo que los talibanes ya estaban dentro de la ciudad, inmediatamente nos fuimos a casa. Esos días tuve que moverme de sitio en sitio, cambiando de pisos y de casas, para no ser identificado. Se escuchaban ya muchísimos tiros por las calles, pero no se sabía de quiénes eran. Era una situación de caos. Había también miedo porque los talibanes abrieron las puertas de las prisiones, y el sector judicial era el más vulnerable, y los criminales salieron en busca de venganza. Recibimos múltiples llamadas, de gente pasándose por amigos, preguntando nuestra dirección.
¿Qué plan de vida se le ha abierto desde su llegada a España?
-En estos meses he tratado de ayudar a juristas, abogados y fiscales que se habían quedado allí. No solamente buscando la intercesión de España, sino también la de otros países involucrados en la evacuación. Aparte de eso, empecé la integración en la sociedad española. Vivo en León. Acudo a clases de cultura y lengua española, me acerqué a la universidad para ver si había posibilidad de continuar con mis estudios de doctorado, y estoy en contacto con la asociación 14 lawyers, tratando de organizar actividades para ayudar al pueblo afgano. Al mismo tiempo, estoy compartiendo información y análisis con estamentos de seguridad española.
¿Cómo fue el encuentro con el presidente del Parlamento de Navarra?
-Muy amistoso. Fuimos muy bien recibidos. Han estado involucrados en el proceso de evacuación, y se puso a disposición para lo que necesitemos. Además, estuvieron los representantes políticos de las seis comisiones, con los que también nos entrevistamos.
Se ha conocido la ejecución de al menos 72 exaltos cargos afganos por los talibanes. ¿Conocía a algún amigo o compañero asesinado?
-A dos de mis compañeros los mataron en los primeros días len la provincia de Juzjan, luego en Kabul asesinaron a otros dos fiscales. En Kandahar, trescientas personas miembros de fuerzas armadas desaparecieron. En un informe de Human Rights Watch aparece que más de cien funcionarios del Gobierno han sido asesinados por los talibanes. Ahora mismo, la gente no tiene medios para ponerse en contacto con nosotros, o no funcionan los móviles o no hay internet, y tenemos recursos limitados para recabar información exacta de los fallecidos, pero han matado a mucha gente.
Existe una especial preocupación por las mujeres.
-Tienen una situación bastante mala y preocupante. Las dos últimas décadas han llevado una vida totalmente diferente a lo que hoy día están experimentando, privadas de acceso al colegio, a universidades, a trabajos en la sociedad, de participación, o a poder salir de su casa. No tienen ni derecho a pisar la calle. Muchísimas mujeres eran parte del Gobierno, políticas, médicos, ingenieras, activistas sociales. A algunas si les pillan les matan. Otras tuvieron la suerte de salir con las evacuaciones pero muchas se han quedado atemorizadas sin ninguna opción de abandonar el país.
¿Qué le pide a España y a la Unión Europea ante una situación que enseguida hemos olvidado?
-Yo en primer lugar quiero dar las gracias a España y al resto de los países europeos, que siempre estuvieron apoyando a Afganistán durante estas dos décadas, y durante la evacuación. Han hecho todo lo que estaba en sus manos sacando a la gente, salvando las vidas de muchas personas, jueces, fiscales, abogados y abogadas. Por otro lado, entiendo que evacuar a millones de personas de Afganistán tampoco es una solución para que la situación se resuelva. Yo lo que pido a la comunidad internacional es que mantengan sus contactos con aquellos periodistas, hombres y mujeres con los que anteriormente mantuvieron contacto. Trabajar con los organismos con los que se trabajó y estar al lado de esas mujeres activistas sociales que durante veinte años fueron las socias locales de los organismos internacionales. Y poner presión sobre la estructura talibán. De forma directa, pero también indirecta. Hablando con los países con mayor afinidad con los talibanes, como Qatar, Emiratos Árabes o Pakistán, que siempre dieron de una forma u otra apoyo. Hay que obligar a los talibanes a que se comprometan a cumplir sus deberes internacionales, de derechos humanos, y los tratados que Afganistán ha firmado como parte de la comunidad internacional. Que se comprometan también a formar un gobierno inclusivo teniendo en cuenta la variedad étnica en el país, e incorporando a las mujeres dentro de su estructura.
¿Qué otro ejemplo de incidencia indirecta cabe hacer?
-Hay muchas figuras religiosas que tienen mucha influencia sobre los talibanes. Uno de los clérigos islamistas es el doctor Yusof Qardowi, que vive en Qatar, con relación muy estrecha con los talibanes, pero al mismo tiempo una persona muy abierta.
¿Qué ha hecho mal Estados Unidos en estos años y en estos últimos meses?
-Primero, empezar una negociación paralela con los talibanes en Qatar, sin tener en consideración al Gobierno afgano, democrático y electo, apoyado por la comunidad internacional, que no estaba presente. Creemos que no hubo una buena relación de Estados Unidos con nuestro Gobierno. Pero podían haber llevado a parlamentarios electos, al menos para enterarse del contenido de la negociación y de lo que se estaba cociendo. Sin embargo, empezó una campaña mediática contra el Gobierno, se insistió mucho en los casos de corrupción, y en que no tenía capacidad para afrontarla. Intentaron debilitar y dar una imagen muy mala.
¿Tiene motivos para la esperanza, o a corto y medio plazo no ve grandes salidas?
-Claro que tengo la esperanza de que si trabajamos en conjunto sobre los puntos mencionados se puede conseguir esos grandes cambios y conseguir una estabilidad en el país, y con presiones conseguir un gobierno inclusivo.