Antonio Larrañaga Goñi podría ser el protagonista de una película de acción. Nacido en Etxarri Aranatz el 26 de julio de 1906, fue fusilado el 9 de septiembre de 1936 en el Monte Estépar, a donde fue trasladado con impunidad y de forma clandestina desde la Prisión Provincial de Burgos, cárcel en la que este militante de CNT cumplía condena por un atraco a una sucursal del Banco Hispano Americano de Pamplona. “Era un Robin Hood moderno. Los anarquistas se quedaron fuera de la amnistía de la República porque estaban acusados de delitos comunes como tenencia de armas, atracos y sabotajes. Pero cuando llegaron los franquistas fueron los primeros en fusilar. Eran personas de acción directa”, cuenta Ramón Albarracín, persona comprometida con la Memoria Histórica, especialmente en lo que se refiere a las personas desaparecidas en su localidad natal, Etxarri.

 “Hemos sabido de Antonio gracias al seguimiento y tesón de Ramón”, asegura Amaia Urkijo, de Altsasu Memoria, otra persona empeñada en sacar a la luz una historia oculta. “Su familia tenía constancia de que desapareció en Irún y en otras documentaciones investigadas figura como desaparecido en Vitoria. Pero ahora hemos sabido y comprobado que estaba preso en la cárcel de Burgos con anterioridad al golpe militar de julio de 1936. En esa fecha tenía 30 años y figuraba como preso común. Juzgado en Pamplona, fue trasladado a Burgos el 16 de mayo de 1936. No llegó a estar cuatro meses”, apunta esta altsasuarra, que ha hecho de enlace con la familia.

Exhumación en Monte devEstépar en 2014

“La bombilla se me encendió cuando leí en un anuario de Aranzadi sobre las exhumaciones en Estépar”, recuerda Ramón Albarracín. Bajo la dirección de Juan Montero, en coordinación entre la Universidad de Burgos y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en 2014 se exhumaron 70 individuos en tres fosas. Después fueron 26 más. Se estima que hay enterradas más de 300 personas.

Así, Ramón Albarracín se puso en contacto con una sobrina de Antonio Larrañaga, Mari Carmen Nazabal, que a su vez informó de sus sospechas a la familia directa, que vive en Puerto Rico. “Después del asesinato de Antonio, su mujer y sus dos hijas se exiliaron a Venezuela pero actualmente residen en ese país”, apunta Amaia Urkijo. Lo siguiente fue enviar unas muestras de ADN a Aranzadi para el cotejo con los restos exhumados en Estépar. El resultado fue positivo.

Amaia Urkijo, María Saez de Albeniz y Ramón Albarracín con una foto del etxarriarra. N.M.

Una nieta de Antonio, Alicia Sagasti, viajó desde Puerto Rico a esta pequeña localidad de Burgos el pasado febrero para visitar el lugar donde se encuentra enterrados los restos de su abuelo. Su nombre figura escrito, junto al de las otras 95 personas que fueron exhumadas, en placas de un panteón del cementerio. Su madre, de avanzada edad, no pudo acudir. Le acompañó su prima Mari Carmen Nazabal y la propia Amaia Urkijo. “Fue muy emocionante. Además de localizar los restos de su familiar han descubierto su verdadera historia. No era un ladrón sino que expropiaba bancos”, incide. Según datos de CNT, Arturo, como era conocido, fue detenido en 1933 Hondarribia, junto a tres compañeros, con armas y municiones. Procesado por los sucesos de Logroño, “dijo que era jornalero en San Sebastián y fue absuelto”. También se recoge que en diciembre de 1933 fue encarcelado y multado con 20.000 pesetas como uno de los responsables del movimiento anarcosindicalista en Gipuzkoa. Al año siguiente fue el asalto al Banco Hispano Americano, junto a otros cinco anarquistas. El motín fue 70.000 pesetas. Fue condenado a 12 años de presidio, al igual que sus camaradas Enrique Etxabe y Claudio Egaña, campeón de atletismo de España. Los otros tres atracadores consiguieron huir.  

De la pena impuesta , ocho eran por delito de robo a mano armada y cuatro más por delito de atentado a los agentes de la autoridad. También se le impuso una multa de 800 pesetas por delito de daño, costas procesales y 12.575 pesetas al Banco Hispano Americano en concepto de indemnización y perjuicios. Al respecto, Ramón Albarracín destaca que uno de los agentes que participó en su detención era el guardia municipal Moisés Garjón Aróstegui, asesinado solo tres días después por los franquistas.

El etxarriarra cumplía su pena en Burgos cuando el 36 se inició el alzamiento. “Rafael Carasatorre sabía de su estancia en la cárcel de Burgos porque allí coincidió con unos pastores de Ataun. Le dijeron que le habían trasladado San Cristóbal pero nunca llegó allí”, apunta Ramón Albarracín.