De Estrasburgo llegaba el miércoles una noticia cuya relevancia ha pasado injustificadamente minusvalorada por los medios de comunicación.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tenía ante sí varias demandas presentadas por Ucrania desde 2014 y por Países Bajos en 2020 contra Rusia. La primera fase judicial ha finalizado. Me disculparán alguna simplificación técnica en aras de la mejor comprensión general de la relevancia de lo decidido por los 17 jueces europeos reunidos en formato de Gran Sala y leído por su presidenta, la irlandesa, Síofra O’Leary.

Se trataba de decidir no todavía sobre el fondo –si hubo o no violaciones, si el Estado es o no responsable de ellas– sino una cuestión previa o de admisibilidad: si puede serle atribuida a Rusia responsabilidad sobre unos hechos acaecidos en los territorios rebeldes del Dombás que no son territorio ruso, pero sobre los que tal vez ejercía un control efectivo. Es lo que en Derecho Internacional llaman responsabilidad extraterritorial. La respuesta a esta pregunta tiene unas implicaciones jurídicas y políticas gigantescas.

La historia ya la conocen ustedes, en abril de 2014 grupos armados tomaron el control en los territorios de Donetsk y Luhansk. La Corte ha estudiado la participación rusa en estos hechos y ha decido que está acreditado que la operación estaba en su conjunto dirigida y coordinada por la Federación rusa; que las evidencias muestran más allá de la duda razonable el control efectivo que Rusia ejercía sobre aquellos territorios; que personal militar ruso estaba presente sobre el territorio desde el comienzo de las operaciones, que soldados rusos tomaron parte en los combates, que oficiales rusos asumieron responsabilidades de mando desde el principio y que Rusia aportó apoyo económico, militar y político.

Teniendo en cuenta que el envío de armas a Ucrania es el tema de la semana, bueno sería añadir que la Corte considera demostrado que Rusia no sólo dirigió la estrategia de los grupos separatistas sobre el terreno, sino que les suministró armas, equipamiento militar y recursos económicos desde el principio. Rusia controlaba políticamente la zona, incluyendo los nombramientos autoridades regionales.

Países Bajos era parte implicada en la pieza referida al derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines puesto que el avión partió de Ámsterdam. La Corte ha considerado que los hechos relativos a aquel derribo también entran en el ámbito de responsabilidad extraterritorial rusa considerando las conclusiones de la investigación independiente conjunta realizada por Países Bajos, Australia, Bélgica y Ucrania como fiables. El misil habría sido por tanto suministrado por Rusia y disparado desde ese territorio sobre el que la Federación Rusa ejercía control efectivo.

La decisión de la Corte supone –para quien crea en el valor de la justicia internacional– la confirmación como hecho judicialmente acreditado de algo que ya se sabía por los informes de las agencias de la ONU –para quien crea en los organismos internacionales– y por el trabajo de investigadores y periodistas independientes –para quien crea en la prensa libre–. A saber, que los hechos de 2014 no fueron un alzamiento ajeno a Rusia y cuya represión –el famoso bulo de los 14.000 civiles masacrados por las tropas ucranianas– les obligó a reaccionar, sino una operación rusa de control de territorio ajeno que sería culminada con la invasión de 2022.

Y ahora sí digamos que queremos los tanques extranjeros fuera de Ucrania. Yo me apunto. Pero el hecho es que hay tropas extranjeras en Ucrania desde 2014 y tanques de nuevo desde 2022. Mientras haya tanques extranjeros sobre su territorio, Ucrania tiene derecho a combatirlos con otros tanques allá donde los pueda conseguir –y en el momento en que los consiga y los incorpore a su ejército ya no son extranjeros, pasan a ser ucranianos–. La cuestión del momento no es por tanto si debe haber o no tanques extranjeros en Ucrania, sino cuál es la forma más efectiva de que salgan.