Una mayoría de más del 80% del Congreso ratificó ayer las leyes que renuevan el Convenio Económico de Navarra y el Concierto y Cupo de la CAV escenificando un consenso sobre las especificidades que representan dentro del entramado legal y administrativo del Estado, del que solo se desmarcaron Vox y Ciudadanos. No es menor el fondo de cada renovación del modelo de relación fiscal y política de los territorios forales con el Estado en tanto que ratifica el reconocimiento asumido por el texto constitucional del 78 de la preexistencia de derechos que asisten a la ciudadanía de Navarra, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y que no son mutables por la coyuntura del marco legal sobrevenido. Las leyes citadas incorporan al Estado de Derecho los principios de bilateralidad –en tanto su contenido es pactado entre iguales por parte de las administraciones autonómicas y el Gobierno del Estado–, asimetría legítima en el marco institucional y administrativo –por diferenciarse específicamente del régimen general y por consolidar un catálogo de competencias específicas–, y autogobierno, en tanto la ejecución de esas competencias y establece un marco propio de gestión diferenciada en Navarra y en la CAV. Quienes, desde la extrema derecha de Vox y desde el jacobinismo de Ciudadanos se oponen a ello lo hacen por su voluntad de enmendar el marco constitucional y laminar la relación de la ciudadanía de este país con el Estado. En ese sentido, coinciden con otros partidos que, sin un rechazo explícito, han renunciado a la pedagogía entre sus afines y acogen discursos de notables representantes que alimentan el descrédito de la fórmula calificándola de privilegio como Isabel Díaz Ayuso (PP), Javier Lambán o Ximo Puig (PSOE), entre otros. Las incongruencias residen en desacreditar un pilar de la propia configuración del Estado, tiene un fondo populista y pretende proyectar hacia terceros la responsabilidad propia en la deficiente gestión de sus competencias, cuyos problemas no desaparecerán por hacer tabla rasa del sistema fiscal o competencial. El pacto de bilateralidad mediante el Convenio Económico o el Concierto vasco es el modo en que la ciudadanía de los territorios de Euskal Herria participan en el Estado español y cuestionar su autogobierno y sus derechos históricos o abogar por su abolición implica romper el vínculo que sustenta esa participación.