Pese al tono apocalíptico de la derecha española y sus altavoces en relación a la investidura de Pedro Sánchez, el acuerdo del PSOE y JxCat para propiciarla no lo justifica y se orienta más a reconducir hacia el marco de la acción política la crisis que nunca debió salir de ella. Desde las expectativas generadas en torno a la letra del pacto acordado en Bruselas, su contenido puede parecer incluso descafeinado. Ni ruptura del marco legal, ni unilateralidad de la estrategia del soberanismo catalán.

El acuerdo conocido ayer habilita el marco de una negociación con limitadas concesiones mutuas. En primer lugar, el relato del origen de la crisis catalana difícilmente se puede rebatir, en tanto es meramente descriptivo de hechos contrastables: desde la campaña judicial del PP contra del Estatut aprobado por los catalanes en 2006, hasta su modificación por parte del Tribunal Constitucional como espoleta de un desencuentro que dio lugar al proceso unilateral de todos conocido.

A continuación, el acuerdo identifica los factores del desencuentro –autogobierno y reconocimiento nacional de Catalunya– y describe las discrepancias entre las partes, comprometiéndose a negociar sobre ellas. En el aspecto de los compromisos de ese diálogo entre partidos, no entre instituciones, el texto recoge una verificación internacional y el poso de la bilateralidad está presente en la hoja de ruta hacia el consenso. A cambio, la demanda de un referéndum en Catalunya se reconduce hacia el marco legal vigente a través del artículo 92 de la Constitución, lo que hace desaparecer la unilateralidad como vía de consecución de objetivos. Significativo es el rechazo unánime de Junts y ERC ayer mismo en el Parlament a la iniciativa de la CUP que pretendía poner en marcha precisamente otro referéndum. Entre las reivindicaciones a negociar es reconocible un marco similar al que desde el soberanismo vasco impulsa el PNV en materia de reconocimiento nacional o representación internacional.

El cierre de un acuerdo con los jeltzales es la pieza que falta para la investidura de Sánchez, quien deberá acelerar en el diálogo discreto, ya que le ha puesto fecha. En el otro extremo, Núñez Feijóo tiene la opción de desactivar una estrategia en las calles que alimenta a la ultraderecha o intentar liderar el irresponsable discurso guerracivilista de Abascal.

Las claves del acuerdo Junts-PSOE

AMNISTÍA abierta al ‘lawfare’. Aprobación de una ley de amnistía “para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato“. Se beneficiarán “tanto los responsables como los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”. Al margen de los actos directamente relacionados con el ‘procés’, el PSOE se abre a incorporar los casos de ‘lawfare’ tras analizarlos en comisiones de investigación que se constituirán en el Congreso en esta nueva legislatura.

REFERÉNDUM. Reconocimiento nacional. El reconocimiento de Catalunya como nación será uno de los dos principales temas que se abordarán en la mesa de negociación. Junts se compromete a impulsar la celebración de un “referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución”. Por contra, el PSOE defenderá “el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006 –previo al recorte del Tribunal Constitucional–, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya”.

MEDIADOR. En la mesa de negociación. Este mismo noviembre se constituirá una mesa de negociación cuya metodología incluye un verificador internacional que tenga las funciones de “acompañar, verificar y realizar el seguimiento de todo el proceso y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”. Junts consigue esta vez una herramienta, la del mediador, que Sánchez desdeñó en 2019 y condujo a unas elecciones generales. Puigdemont dice que ya tiene los nombres del equipo verificador.

FISCALIDAD. El 100% de los impuestos. Junts propondrá reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para incorporar una cláusula de excepción “que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite el 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya”. Por su parte, el PSOE apostará por medidas que “permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación”.

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