“Tal día como hoy, el 9 de noviembre de 2014, Catalunya empezó un camino sin retorno. Sin renuncias, con persistencia y determinación lo conseguiremos”. El vaticinio que a primera hora del día plasmó el secretario general de Junts, Jordi Turull, fue el anticipo del acuerdo ya suscrito entre su partido y el PSOE para investir a Pedro Sánchez y abrir “una nueva e inédita etapa”, como luego ha descrito Carles Puigdemont en la valoración de un pacto donde se han acordado más las discrepancias que las coincidencias, y que solo garantiza la estabilidad de la próxima legislatura si se producen avances en los asuntos consensuados. “¡El a cambio de nada va a la papelera de la historia!”, ha exclamado el president en el exilio, que amarra una ley de amnistía que pueda hacerse extensible a casos que trasciendan del procés y el verificador internacional, emplazando además a que se aborde en una mesa de negociación real una Hacienda propia catalana y el referéndum de autodeterminación pese a la sima reconocida de puño y letra por ambas partes en esta materia.
Puigdemont se guardó la baza de comparecer el último y subrayar así los verdaderos términos de la alianza desde el recelo y “desconfianza” hacia los socialistas dados los antecedentes, por lo que ha avisado de que este acuerdo “en sí mismo no resuelve nada” aunque posibilita un tiempo donde se podrá explorar la “resolución del conflicto”, con el Parlament como eje de decisión. De ahí que el documento certificado recoja, por parte de Junts, la “legitimidad” del mandato del 1-O y la declaración unilateral de independencia. “El recorrido y ambición dependerá de nosotros. No nos hemos fijado ningún otro límite más que la voluntad del pueblo de Catalunya”, ha señalado el ex Jefe del Govern, exultante, desde la misma sala de prensa en la que arrancó su periplo belga hace seis años.
De entrada, la ley de amnistía incluirá a los implicados en el procés –en actos que abarcan desde el año 2012– y admite casos de lawfare –el uso abusivo de la justicia con fines políticos–, constituyéndose comisiones de investigación que pueden derivar en responsabilidades o cambios legislativos. De ahí que se pueda abrir la puerta a figuras como Laura Borràs, Gonzalo Boye o José Luis Alay, entre otros. La imputación por terrorismo a Puigdemont por parte del juez García-Castellón obligó a revisar lo que ya estaba encaminado, de ahí el retraso en esta fumata blanca. Antes de que expire noviembre se pondrá en marcha el mediador internacional para “acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos” a los que lleguen, una demanda que era imprescindible para el dirigente independentista, quien ha reiterado que “sin acuerdos y sin cumplimientos la legislatura no tiene ningún recorrido”. “Se debe avanzar. No puede ser que no pase nada”, ha espetado en una acusación directa a cómo gestionó Esquerra sus compromisos. Y esos pasos adelante afectan al abordaje del referéndum partiendo de mundos opuestos. El texto firmado alude a que Junts propondrá dar la palabra a los catalanes, mientras que el PSOE defenderá el amplio desarrollo del Estatut de 2006 –es decir, ni siquiera habla de proponer uno nuevo–, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya.
¿Fin de la unilateralidad?
Ya en la primera cumbre JxCat pondrá sobre la mesa el reconocimiento nacional y el referéndum, “amparado en el artículo 92 de la Constitución”, apelación a la Carta Magna que daría a entender su renuncia a la unilateralidad, algo que este jueves se ha constatado en el Parlament echando abajo una proposición al respecto de la CUP. Y es que el citado artículo fija que sería “convocado por el rey, a propuesta del presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso”, y que una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Carta Magna. Otro tanto pasa con el ámbito de la fiscalidad. Junts reclama que se facilite recaudar el 100% de todos los tributos, mientras que los socialistas abogan por “medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación”. Ambos, eso sí, quieren impulsar, además, un plan para promover el regreso de las sedes sociales de las empresas, y la participación directa en las instituciones europeas y demás organismos o entidades internacionales.
Con todos los condicionantes, Puigdemont ha sacado pecho: “Para hacer lo mismo que se ha hecho y decir lo mismo que se ha dicho en estos últimos cuatro años, Junts no hace falta. Me alegra pensar que aquellas condiciones que puse en la conferencia inspiraron a otros que hoy comparten lo que hace pocas semanas desconsideraban o pensaban innecesario”. “Venimos de muy lejos y seguimos estando muy lejos. Se tienen que justificar avances mes a mes a cada ley que lleve el PSOE al Congreso”, ha apostillado para refrendar lo arduo del camino para tejer acuerdos “irreversibles”. Y ha añadido: “No hemos tenido que pedir perdón. A partir de aquí empezamos la negociación y no un mero diálogo”, ha dicho en otra pulla a ERC.
Dos horas antes había aparecido en escena el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con gesto adusto y explicaciones generalistas, hablando de “pacto de legislatura” y de una línea roja, la Constitución. “El conflicto de fondo en Catalunya sigue y esta es una oportunidad histórica para resolverlo desde donde solo se puede: la política. Y la manera de hacerlo es con generosidad y altura de miras, y llegando a puntos de encuentro”, ha justificado consciente del revuelo provocado desde la derecha.
