La sentencia judicial que ha archivado el proceso abierto por el llamado caso Davalor debiera cerrar definitivamente este asunto construido desde la nada y mantenido abierto durante tres años también desde la nada. Cabe aún recurso contra este fallo y UPN y PP ya han adelantado que ejercitarán ese derecho pese a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la que echa mano la jueza como fundamento de derecho para justificar su decisión es muy clara. Y pese a que en realidad nunca ha habido ningún caso Davalor con derivadas penales como se ha pretendido. Fue simplemente una campaña judicial, una más, impulsada por intereses políticos contra Manuel Ayerdi, el que fuera vicepresidente del Gobierno de Navarra con Uxue Barkos y consejero de Desarrollo Económico luego con Chivite que le llevó a la dimisión. Ayerdi fue víctima de una campaña de persecución política y complicidad mediática deplorable. Y ahora ha sido durante tres años víctima de la inoperancia judicial. Una justicia lenta y oscura es también injusta. No sé si es otro ejemplo de lawfare, pero es seguro otro ejemplo de la porquería que destilan todos los intentos de judicialización y de uso instrumental de la justicia desde la política. Judicializar la política por intereses partidistas, como en este caso, devalúa la política. Y forzar la acción de la justicia con subterfugios sitúa a la justicia como un mero instrumento de esos intereses partidistas. Filibusterismo jurídico. Me alegra este archivo del procedimiento por Ayerdi, aunque la causa sea una error de forma en el proceso judicial y espero que la justicia acabe el caso siendo justa con él. Porque difícilmente en la actuación de Ayerdi en el asunto de Davalor puede demostrarse delito alguno. Se le puede reprochar una apuesta desde Sodena –para invertir en sectores estratégicos o para ayudar a empresas en crisis, que son sus objetivos–, por un proyecto empresarial que resultó fallido, pero eso no implica que Ayerdi incurriera en delitos de prevaricación o malversación de fondos públicos. Nada nuevo en Sodena. La lista de inversiones fallidas de Sodena es larga y acumula casos mucho más grotescos y sangrantes para las arcas públicas de Navarra en su historial bajo la gestión de UPN, en muchos casos con proyectos de interés político sin valor alguno para la sociedad navarra. De hecho, la gestión de Sodena con Davalor ya fue fiscalizada en un informe de la Cámara de Comptos de Navarra y fue sometida a una comisión parlamentaria que investigó, a petición también de UPN, aquella inversión en Davalor y tanto uno como las conclusiones de la otra aportaron argumentos en favor de Sodena y de Ayerdi. Pese a ello, UPN impulsó la causa judicial a la que luego se sumó también el PP. Fue otro ejemplo de cómo las derechas anteponen sus intereses políticos partidistas al interés general de Navarra. Su obsesión es desestabilizar Navarra con el único objetivo de intentar recuperar el poder. Lo estamos viendo ahora de nuevo tras la moción de censura en Pamplona. Una reacción desaforada, llena de insultos personales y mentiras sonrojantes sobre la realidad de la sociedad navarra que ha lanzado, alimentando el ruido desde Madrid, contra, una vez más, la imagen de Navarra. Es una actitud impropia e irresponsable de quien aspira a gobernar Navarra. Otro fracaso más.
