La democracia no está muerta, pero sus valores fundamentales están siendo devaluados allí donde es el modelo político para vertebrar la convivencia y esa es una puerta peligrosa hacia abismos oscuros. Lo que está ocurriendo con el asalto y control del PP a los altos tribunales de justicia y a los juzgados penales clave es un buen ejemplo de esa situación incierta por la que transita la democracia. Controlar la justicia para poder utilizarla política o partidistamente ha sido siempre un interés prioritario de los poderes varios que se enmascara bajo eso que llaman pomposamente el imperio de la ley. Puro autoritarismo. Primero con Aznar y luego con la mayoría absoluta de Rajoy a partir de 2011, el PP planificó y llevó a cabo ese asalto.

Aquel reconocimiento con toda satisfacción de que con el nombramiento de Marchena “ocupamos la Sala 2ª de lo Penal del Supremo por la puerta de atrás” es la prueba más objetiva, aunque hay decenas de grabaciones entre imputados por corrupción y dirigentes del PP que señalan sin complejo alguno la necesidad de desviar los casos a magistrados concretos para que los delitos imputados acabaran en agua de borrajas. Ni siquiera se molestan en disimular: la afinidad política, el amiguismo corporativo o el nepotismo familiar han acabado impregnando todo. También la credibilidad e imparcialidad de la justicia. La separación de poderes debe garantizar la salvaguarda de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos y debe evitar la impunidad en el ejercicio del poder, incluida la impunidad judicial.

Pero en sentido contrario se construyó una estrategia de regresión democrática y autoritarismo reaccionario amparada legalmente con la aprobación no sólo de la Ley Mordaza, sino también con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o con los progresivos endurecimientos del Código Penal que han ido laminando y minorizando derechos democráticos fundamentales como la libertad de expresión y de manifestación y las garantías del Estado de Derecho. Se banalizó igualmente el concepto penal de terrorismo dejando la puerta abierta a la capacidad imaginativa de cualquier juez con pocos escrúpulos para perpetrar autos desde los que perseguir cualquier disidencia democrática con la verdad oficial, incluso a partir de la fabricación de pruebas falsas desde el ámbito policial como ha sucedido en los casos Kitchen, Catalunya, Villarejo y Pegasus.

Forma parte de un corpus ideológico, político, económico y judicial que se expande contra los valores democráticos para que los poderes oscuros puedan blindarse de impunidad para cometer sus tropelías, se pueda intervenir desde los juzgados en el debate político y, como ocurre ahora, se permita al poder judicial intentar sustituir las funciones de los poderes ejecutivo y legislativo. De aquellos barros estos lodos que llevan protagonizando impunemente jueces con nombre y apellido amparados por un Poder Judicial caducado y ocupado por un grupo mayoritario de togados conservadores que sientan sus posaderas en las sillas incumpliendo la misma Constitución que juraron defender. Es necesario abordar reformas de regeneración democrática empezando por la separación de poderes y el poder judicial y las leyes regresivas contra derechos democráticos y constitucionales básicos.