Quizá lo mejor del penoso intento de asalto al Parlamento de Navarra que protagonizaron el jueves un pequeño grupo de agricultores y ganaderos es que tienen la suerte de que las instituciones navarras tienen mucho más claro que el juez García-Castellón y que los magistrados del Tribunal Supremo qué es terrorismo y qué no lo es. Si llegan a caer en esas otras manos judiciales su futuro penal sería seguramente más complicado de lo que va a ser. No se trata de exagerar los hechos, pero tampoco de limitarlos solo a un problema de malestar o de rabia. La democracia es fondo en sus valores y forma en su participación y esos hechos no se ajustan ni a lo primero ni a la segunda.

El Parlamento de Navarra es la institución esencial del sistema foral de convivencia democrática de Navarra y ahí se ubican la soberanía popular y la voluntad democrática de los navarros y navarras. Es, además de trasladar a la opinión pública una mala imagen del sector, grave e inadmisible intentar coartar y limitar su funcionamiento y sus decisiones democráticas por intereses particulares por muy legítimas y defendibles –unas más que otras y alguna simplemente indefendible–, que sean las reivindicaciones. La secuencia de los hechos empieza con el intento de asalto, le sigue una petición de disculpas y termina con un nuevo escenario de insultos, como ya ocurriera el lunes contra la presidenta Chivite, y amenazas a los parlamentarios y parlamentarias navarras al final del Pleno que derivó en enfrentamientos con la Policía Foral. Entre las muchas palabras gruesas e insultos que se escuchan hay una frase que resulta descorazonadora: “entrar y matar” grita alguien. Un compendio en apenas tres palabras de los actuales discursos de odio en todas sus variantes. Desconozco quién fue el autor, ni tengo interés alguno en conocerlo, pero debe ser jodido convivir con una persona capaz de expresar tal brutalidad.

Las tractoradas y concentraciones han transcurrido hasta ahora en los límites del ejercicio del derecho de manifestación y de protesta –eso sí, con una inusitada pasividad de las instituciones y las policías ante la ocupación de calles y vías de circulación sin permiso alguno–, siendo especialmente cuidadosos en mantener su actitud y sus discursos alejados de los sectores más extremistas que intentaron en un primer momento capitalizar las movilizaciones en todo el Estado. Aún así es inevitable ver una instrumentalización partidista de la protesta ante el Parlamento por parte de UPN con el objetivo único de intentar retrasar la aprobación de los Presupuestos de 2024, utilizando el malestar del sector primario, ignoro si con el consentimiento o no de las personas que participaron en los hechos, como excusa.

Las organizaciones del sector con influencia en Navarra –UAGN, EHNE, UCAN y la actual Plataforma 6F–, deberían evitar la deriva por ese camino de los insultos, algaradas y amenazas que siempre acaba mal y con una mayor frustración. Más aún sabiendo que para una buena parte de las reivindicaciones actuales de agricultores y ganaderos la Administración foral no tiene ventanillas –las decisiones y su reversión dependen de Bruselas principalmente–, y la capacidad de actuación del Gobierno de Navarra y del Parlamento es limitada. Aún así, hay margen para buscar acuerdos si no se olvidan el fondo y la forma.