El Tribunal Administrativo de Navarra ha recortado las competencias de ayuntamientos de la zona mixta, en lo referente al euskara, sin ningún fundamento jurídico. Concretamente, ha dejado sin valor lo que las ordenanzas de euskara establecen en cuanto a la valoración del euskara, y en la práctica ha tomado para sí la competencia que los ayuntamientos tienen para aprobar perfiles lingüísticos, ya que dicho tribunal tiene la última palabra.

Puede que la plantilla orgánica de Zizur Nagusia sea su próxima víctima: una persona la ha recurrido para que se elimine el perfil bilingüe (B2 de euskara) de uno de los puestos de operario de obras. Afortunadamente, un ciudadano vascohablante de Zizur Nagusia ha presentado alegaciones en contra de tal pretensión. Estos son sus argumentos:

La Constitución Española deja en manos de las comunidades autónomas la oficialidad de las lenguas diferentes al castellano; la Ley del Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra dejó este tema en manos de la Ley Foral del Euskara; la Ley Foral 18/1986 del Euskara concede a los ayuntamientos de la zona mixta la competencia para establecer perfiles lingüísticos y para valorar el conocimiento de euskara en las convocatorias de empleo. Por tanto, el recorte de esa facultad no tiene fundamento legal, a pesar de que el Tribunal Administrativo de Navarra la haya recortado una y otra vez. No solo eso: España ratificó hace 20 años la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, pero los y las gobernantes, jueces y juezas y, en este caso, vocales del Tribunal Administrativo de Navarra actúan como si dicha norma no existiera. Pues bien, dicha norma, en el artículo 7.2, dice que: "La adopción de medidas especiales en favor de las lenguas regionales o minoritarias ( ) no se considerará un acto de discriminación con los hablantes de las lenguas más extendidas". El Tribunal Administrativo de Navarra todavía no tiene establecida una jurisprudencia en este tema. Esta sería una buena ocasión para darle la vuelta al modo de actuar que ha tenido hasta ahora. También convendría que las personas electas y partidos políticos euskaltzales organizaran movilizaciones, junto con sindicatos y agentes en favor del euskara, al igual que ya hacen en la Comunidad Autónoma Vasca en contra de juezas y jueces euskarafóbicos.

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