Osasuna se aferrará ante UEFA a que los jueces le exoneraron de los amaños ya desde 2016

Entre el argumentario que usará Osasuna, ya expuesto de algún modo el pasado miércoles en la nota de prensa que ofreció, el club rojillo insistirá en su condición de víctima en el procedimiento de los amaños, en que el club sufrió un expolio por parte de sus directivos y que fue la propia entidad la que impulsó el procedimiento penal y ejerció la acusación particular para tratar de recuperar el dinero extraviado.

Lo importante del caso sería convencer al organismo de que la entidad fue víctima y no culpable y que la sanción deportiva resultaría ahora una injusticia, teniendo en cuenta además que se produce una década después de los hechos, con otros gestores al frente y el proceso depurado, sentenciado y en el que la actitud proactiva del club fue clave para que se clarificaran los hechos. Los estatutos de la UEFA, sin embargo, no se ven condicionados, obligados o vinculados por las decisiones de otros tribunales.

A Pamplona acudirán en breve dos inspectores de la UEFA para recoger la correspondiente documentación del caso Osasuna, que alcanza cerca de 10.000 folios. El club tiene que justificar ante el organismo el trabajo que ha realizado durante estos años para tratar de separar la realidad de la entidad de la actuación delictiva de sus exdirectivos. No será tarea fácil.

La instrucción y el Supremo

En ese sentido, entre los escritos que recibirán los comisarios del organismo del fútbol europeo, Osasuna proporcionará los autos del juez de Instrucción 2 de Pamplona, ratificado por la Audiencia Provincial de Navarra, que ya en marzo del año 2016 apartaron a Osasuna de la causa y evitaron que se sentara en el banquillo de los acusados y fuera por tanto condenado. Entonces, el auto judicial del juez Otamendi venía a decir que los directivos se extralimitaron de sus funciones al frente del club. “Actuaron con una clara extralimitación de sus poderes sociales y de sus funciones estatutarias po lo que no se podrá imputarse el resultado delictivo a la persona jurídica. Osasuna no puede ser considerado autor de ningún delito de corrupción deportiva, sino víctima de los ilícitos comportamientos de sus directivos y empleados. Y no pueden serle imputados dichos delitos por no apreciarse en su comportamiento, un actuar culpable”. Ya por entonces, el instructor del caso señalaba que “tampoco concurre el requisito de que la actuación delictiva lo fue en provecho de la entidad”.

Precisamente, ambos argumentos anteriormente expuestos, quedaron reflejados también en la sentencia del Supremo. “En ningún caso Osasuna podría tener responsabilidad penal por los mencionados delitos, no sólo por no concurrir el mencionado requisito de un actuar imputable a título de dolo o de culpa sino por no apreciarse, tampoco, otro de los elementos necesarios para la existencia de responsabilidad penal, cual es que el delito que se haya cometido ‘en provecho’ de la entidad”.

Tenía órganos de control, según la Audiencia navarra

La Audiencia ratificó el auto del juez de instrucción, aunque utilizó otros argumentos para exonerar de responsabilidad penal al club. El tribunal decía que en el caso Osasuna “no nos encontramos ante la inexistencia de cualquier clase de herramiento de control de la persona jurídica, que sólo responde cuando se hayan incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de sus actividad. Los hechos imputados a la directiva de Osasuna fueron acción en principio totalmente alejadas de la finalidad y objeto social del propio club y además Osasuna cumplió con los mecanismos de control que tenía presentes en sus estatutos (tenía una comisión de control a la que la directiva no daba información) y también cumplió con el reglamento de control económico de la Liga”. Por ello, entendió la Audiencia, no cabía la imputación de Osasuna por la conducta de determinados directivos.