Pamplona debe modificar su planeamiento general para establecer las determinaciones urbanísticas necesarias para los nuevos suelos incorporados tras el acuerdo de alteración de términos municipales con la Cendea de Galar y activar el suelo donde tienen cabida más de 4.000 viviendas. En concreto, Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona aprobará el miércoles los primeros trámites urbanísticos que permitirán adscribir los terrenos de Donapea, en concreto la licitación del contrato de redacción de la modificación estructurante del Plan Municipal y de redacción del Plan Parcial, en ambos casos, referido al ámbito de Donapea en la Unidad Integrada XXI. 

Tras el acuerdo alcanzado entre ambos ayuntamientos para la permuta de suelos el crecimiento natural de la ciudad por la zona sur entorno a la Avenida de Zaragoza dependerá del Ayuntamiento de Pamplona a cuyo término se adscriben más de 566.000 metros cuadrados de suelo urbanizable que en su momento formaron parte del antiguo PSIS de Donapea, anulado por los tribunales. También serán terrenos de Pamplona los accesos a la ciudad junto a la Avenida Zaragoza (el antiguo escalextrix que estaba previsto desmontar) y la zona donde se sitúan las naves de Oroz, Irujo y Grúas Albur, antes en término de Galar, suelo calificado como urbanizable con uso residencial (sectores S1 y S2 del Plan Municipal). A manos de Galar queda a cambio el resto de la llamada meseta de Donapea, que estaba adscrita a Pamplona, entorno a 425.641 metros cuadrados de suelo no urbanizable (rústico) al otro lado de la carretera de Esquíroz, entre la Autopista y el centr educativo de FP Donapea. De este modo cualquier desarrollo urbanístico a futuro de esta parte de la meseta frente a la Universidad de Navarra quedaría en manos de la Cendea de Galar.

En concreto, el Ayuntamiento aprobará la licitación del contrato de redacción de la modificación estructurante del Plan Municipal y de redacción del Plan Parcial, en ambos casos referido al ámbito de Donepea.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona apuesta de hecho por desarrollar el suelo urbanizable de la meseta de Donapea con capacidad para construir 4.300 viviendas y retomar así el proyecto que fue anulado hasta tres veces por los tribunales atendiendo los recursos de Galar. Así lo confirmó recientemente el concejal de Urbanismo Juan José Echeverría que aseguró que el nuevo proyecto ya no dependerá del Gobierno de Navarra para su impulso al pertenecer a un solo municipio y se podría recurrir a una modificación del plan municipal y a elaborar un Plan Parcial para levantar una nueva urbanización entre la Avenida Zaragoza y el núcleo de Cordovilla (carretera Esquíroz). Un proyecto cuyo modelo de crecimiento (número de viviendas, régimen y otros usos) requeriría no obstante de un proceso participativo ciudadano, el acuerdo de la mayoría municipal en pleno y del visto bueno de Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra.

-- 

Estos trabajos contarán con un presupuesto de 423.500 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. Serán dos documentos que se tramitarán y redactarán de forma independiente. El desarrollo urbanístico que se prevé para la zona debe ser de uso global residencial colectivo, con una previsión de construcción en torno a 4.000 – 5.000 viviendas, con mixtura de usos al servicio del ámbito, y dotaciones públicas adecuadas, articulado con la ciudad construida y con el corredor fluvial del río Sadar, y preservando los valores ambientales y paisajísticos del entorno. 

El ámbito de actuación tiene una superficie aproximada de 717.255 metros cuadrados. Se encuentra situado en la zona sur del término municipal de Pamplona y al norte del de la Cendea de Cizur. Existen dos áreas relativamente diferenciadas: la meseta de Donapea y el entorno de la avenida de Zaragoza. Se trata de un ámbito con fuertes condicionantes topográficos, paisajísticos y arqueológicos, así como importantes afecciones aeronáuticas, de infraestructuras, de servicios y viarias.

Para ambos instrumentos urbanísticos, se incluye también en el contrato la redacción de los documentos y Estudios Ambientales Estratégicos, así como la realización de los procesos de participación ciudadana. Se refleja, asimismo, la asistencia durante todo el proceso de tramitación, periodo de información pública incluido, con análisis y contestación de alegaciones e informes solicitados de otros organismos públicos y, en su caso, elaboración de los documentos refundidos necesarios para alcanzar su aprobación definitiva.