El último informe de la Cámara de Comptos ha puesto el foco sobre las subvenciones nominativas. Ayudas públicas recogidas en los presupuestos que se asignan de forma directa a colectivos, ONG o entidades locales. Algunas a propuesta del Gobierno foral y otras pactadas por los partidos en el Parlamento, pero que el órgano fiscalizador cuestiona ahora por entender que perjudican la concurrencia competitiva. Un reproche que han hecho suyo los partidos de la derecha, que han criticado la falta de transparencia de un sistema que “rompe la igualdad de oportunidades”. El presidente de UPN, Javier Esparza, calificó incluso de “vergonzoso” que los partidos que sustentan el Gobierno de Navarra “hayan estado dando subvenciones a dedo a los Ayuntamientos donde gobiernan”.
La realidad sin embargo es mucho más simple. Se trata no solo de una práctica legal, tal y como admite Comptos. Si no también habitual en la tramitación parlamentaria desde hace varias legislaturas, con la diferencia de que ahora las enmiendas aprobadas son las que plantean los grupos que antes estaban en la oposición, y las rechazadas, las de quienes estaban en el Gobierno hasta 2015. Y aunque sí hay cierta vinculación entre algunas de las enmiendas aprobadas y el color político de los ayuntamientos, no es cierto que los municipios gobernados por la derecha se hubieran quedado fuera de las asignaciones presupuestarias. De hecho, según recoge el informe de Comptos, Tudela fue el ayuntamiento que más fondos recibió por esta vía, cuatro millones entre 2019 y 2022.
Es más, tanto UPN como PP, que la pasada legislatura compartieron grupo parlamentario en el Parlamento de Navarra, plantearon subvenciones nominativas durante la tramitación de los últimos cuatro presupuestos. Solo el año pasado la coalición Navarra Suma presentó 367 enmiendas a las partidas de gasto, gran parte de ellas con beneficiario nominativo.
Por poner algunos ejemplos. Solo para las localidades de la Ribera Navarra Suma registró 66 enmiendas con ayudas directas o ‘a dedo’, por un montante total de 56,7 millones. Para el mismo año Navarra Suma planteó otras 32 enmiendas para localidades de Tierra Estella, con un gasto adicional de 24 millones. Las enmiendas aprobadas por los socios del Gobierno, las que sí fueron aprobadas, tuvieron un gasto total ese mismo año de 15 millones. “Nos sumamos a las enmiendas nominativas porque son las reglas del juego que han impuesto ustedes”, alejó la parlamentaria de UPN, Yolanda Ibáñez.
Una práctica histórica
La dinámica de la última legislatura no es sin embargo muy diferente a la de legislaturas anteriores. Es cierto, como apunta Comptos en su último informe, que ha aumentado el número de partidas nominativas –de las 158 de 2019 a las 416 de 2022–, pero su cuantía no lo ha hecho tanto, de 30 millones a 41. Sin embargo, las enmiendas aprobadas por los partidos que sostienen al Gobierno se han mantenido en los 15 millones durante toda la legislatura.
Lejos desde luego de las cuantías recogidas en los acuerdos presupuestarios que el Gobierno de UPN cerró con el PSN, y que sólo en 2009, por poner otro ejemplo, alcanzó los 51 millones en enmiendas. Aquel acuerdo incluía medidas genéricas para inversiones en instalaciones municipales y deportivas, pero también muchas ayudas directas para asociaciones, ONG o entidades locales. Una dinámica que se ha mantenido desde entonces, solo que ahora la mayoría parlamentaria que decide la política presupuestaria, y las enmiendas que la acompañan, es otra.
El debate en cualquier caso ha quedado abierto y será durante la próxima tramitación presupuestaria cuando los partidos del Gobierno decidan si mantienen o matizan una herramienta que sirve también para facilitar tanto acuerdos parlamentarios como su posterior venta.
