El acuerdo firmado entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez incluye la amnistía para casos de la denominada 'lawfare', una expresión que hace referencia al uso abusivo de la justicia con fines políticos, tal y como había venido reclamando la formación independentista catalana.
"Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos", señala el acuerdo.
Según el 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán, el acuerdo no incluye "nombres" y cubre a las personas relacionadas "directa o indirectamente" con el procés independentista "entre 2012 y 2023".
Por otra parte, el texto consensuado señala que en la próxima legislatura se constituirán comisiones de investigación que tendrán en cuenta para la aplicación de la ley "en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
Esta es una exigencia de Junts que puede abrir la puerta a que la amnistía también abarce a personas ue han cometidos delitos que no están comprendidos directamente en el proceso independentista, como la presidenta de Junts, Laura Borrrás o el colaborador del expresidente catalán José Luis Alay.
PSOE y Junts han firmado este jueves el acuerdo de investidura para hacer presidente al candidato socialista, Pedro Sánchez, después de varios días de negociaciones en Bruselas.
"Una solución política y negociada al conflicto"
En el texto, ambas formaciones apuestan "por la negociación y el acuerdo" en la "resolución de conflictos". Además se comprometen a actuar de manera "responsable".
El texto admite la existencia "profundas divergencias" que han dado lugar a un conflicto "que solo la política en democracia puede encauzar para buscar una solución" porque seis años después "la cuestión de fondo sigue sin resolverse".
En este sentido se comprometen a buscar "una solución política y negociada al conflicto", según lo definen, a pesar de que existen "discrepancias estructurales" entre las partes y pese a la distancia que separa ambos proyectos nacionales.
"PSOE y Junts asumen que a partir del resultado de las elecciones generales del 23 de julio existe una oportunidad que deben y tienen la voluntad de aprovechar de forma responsable", señalan. A renglón seguido indican que la resolución debe ser "negociada y acordada" y por lo tanto corresponde intentarlo a los actores a los que las urnas les han dado esta posibilidad.
"Por ello, PSOE y Junts apuestan por la negociación y los acuerdos como método de resolución de conflictos y acuerdan buscar un conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya", indican a continuación.
Asimismo, señalan que los acuerdos que se alcancen deben responder a las "demandas mayoritarias" del Parlament de Catalunya "de acuerdo con el Estatut" que tiene carácter de ley orgánica, y representa legítimamente al pueblo de Cataluña, según subrayan.
El acuerdo, por tanto, señala que ambas partes acturán en base a la negociación y el acuerdo sin hacer mención a la renuncia de la unilateralidad, una de las cuestiones que estaban sobre la mesa y que la parte socialista podía exigir a Junts.
La ley de amnistía ha sido el principal escollo para el acuerdo, y finalmente, ambos partidos la defienden "para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato".
Propuesta de referéndum
El acuerdo suscrito este jueves por el PSOE y Junts contempla también que los de Carles Puigdemont propondrán la celebración de un referéndum de autodeterminación en Catalunya esta legislatura, mientras que el PSOE defenderá el amplio desarrollo del Estatut de 2006.
En el pacto, ambas formaciones reconocen sus "profundas discrepancias" y la "complejidad" y los "obstáculos" para la resolución del conflicto, porque mientras que Junts considera "legítimo" el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre de 2017, el PSOE "niega toda legalidad y validez" al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral".
Con todo, tanto el PSOE como Junts constantan que se pueden alcanzar acuerdos importantes "sin renunciar a las respectivas posiciones", y para su consecución las partes han acordado dotarse de un mecanismo "internacional" para "acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue".
En concreto, el acuerdo recoge que en la primera reunión de negociación, a celebrar en este mismo mes de noviembre, se planteará que Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya "y amparado en el artículo 92 de la Constitución".
Y, de su lado, el PSOE defenderá el "amplio" desarrollo, a través de los mecanismo jurídicos oportunor, del Estatut, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya.
Mecanismo de verificación internacional
Por otra parte, en el acuerdo figura la puesta en marcha de un "mecanismo internacional" entre ambas organizaciones para "acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos" a los que lleguen.
En ese marco, las dos formaciones señalan que concretarán los contenidos de los acuerdos a negociar, según consta en el documento difundido por el PSOE.
Junts pedirá el 100% de los tributos para Catalunya
El documento "Acuerdo PSOE-Junts" contempla que JxCat pida "la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya" a la Generalitat.
El pacto de investidura se sitúa en el comienzo de una negociación con distintas posiciones por ambas partes, y condiciona "la estabilidad de la legislatura" a "los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones".
De este modo, reseña algunas propuestas del lado de Junts, como es, "en el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno", que esta formación "propondrá de entrada una modificación de la LOFCA" (la norma que regula la financiación de las autonomías) "que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat".
En virtud de esta singularidad, JxCat propondrá "la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya", dice el documento.
"Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya", añade el documento.
Regreso a Catalunya de las empresas que se marcharon
Por otra parte, el texto prevé abordar la elaboración de un plan que facilite y promueva el regreso a Catalunya de las sedes sociales de las empresas que se mudaron a otros territorios en los últimos años, fundamentalmente a raíz del referéndum independentista de octubre de 2017.
Miles de empresas decidieron trasladar fuera de Catalunya sus sedes sociales a raíz de la crisis política e institucional que se desencadenó en Cataluña en octubre de 2017, entre las que se encontraban algunas tan simbólicas como CaixaBank, Banco Sabadell o Naturgy.
CaixaBank trasladó su sede a Valencia; Banco Sabadell, a Alicante, y Naturgy, a Madrid.
Abertis, Cellnex, Colonial, SegurCaixa, Applus+, Catalana Occidente, eDreams, Banco Mediolanum, la cooperativa Arquia Banca o Cementos Molins fueron otras de las empresas que decidieron mover su sede social fuera de Cataluña en aquellos momentos.
La crisis política también llevó a otras grandes compañías familiares catalanas a trasladar su domicilio social a otras comunidades, entre ellas Codorniu, Idilia Foods, Hotusa, Indukern o un gigante del sector editorial como Planeta, y el movimiento también se extendió a empresas extranjeras como Zurich, Allianz o Bimbo.
La ejecutiva de Junts ratifica el acuerdo
La ejecutiva de JxCat ha aprobado este jueves por unanimidad el acuerdo. La reunión de la ejecutiva se celebró después de que el expresidente catalán Carles Puigdemont compareciera en el Club de Prensa de Bruselas para valorar el acuerdo y se realizó en un formato híbrido, ya que parte de la dirección se tuvo que conectar por videoconferencia desde Barcelona porque hoy hay pleno en el Parlament.
En la reunión participó también el propio Puigdemont, desde el Centro de Prensa de Bruselas, a pesar de que no forma parte de la dirección de Junts, según explicaron a EFE fuentes del partido.
Tras el visto bueno de la ejecutiva, mañana a las 19.00 horas hará lo propio el Consell Nacional de Junts, máximo órgano del partido entre congresos, como paso previo a convocar la consulta a las bases.
La reunión del Consell Nacional de mañana se celebrará de forma mixta, con la Mesa del consejo y los miembros de la ejecutiva reunidos de forma presencial en la sede de Junts, y el resto de miembros conectados en línea.
Por su parte, la consulta a las bases arrancará el sábado 11 de noviembre a las 12.00 horas y finalizará el domingo 12 de noviembre a las 18.00 horas, aunque se desconoce por el momento cuándo se harán públicos los resultados.
