Su apuesta por conocer primero la literalidad de la ley antes de pronunciarse le ha costado una petición de dimisión al fiscal general del Estado. La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ha pedido la dimisión de Álvaro García Ortiz, por entender que ha mantenido una actitud de pasividad en la defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia del Ministerio Fiscal en relación con la amnistía del procés. En un comunicado remitido a Efe, expresan su “más absoluto y enérgico” rechazo tanto a cualquier iniciativa legislativa para esta amnistía como al reconocimiento del lawfare (guerra judicial) contenido en el pacto entre PSOE y Junts. Se da la circunstancia de que, en el congreso celebrado por esta asociación, se ha premiado al juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, con el Premio Carmen Tagle y Luis Portero.
“La aprobación de la amnistía supondría la quiebra del Estado de Derecho y el incumplimiento de los deberes y obligaciones de España ante la Unión Europea”, dicen estos miembros de la carrera fiscal. La asociación expresa su “absoluto respaldo” a las actuaciones judiciales realizadas.
Este comunicado fue emitido horas después de la intervención del propio García Ortiz en el XXIV Congreso de la Asociación de Fiscales celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde el fiscal general había defendido que “cualquier posicionamiento del Ministerio Fiscal respecto a la anunciada Ley de Amnistía exige, en todo caso, conocerla en su literalidad”.
Sin embargo, esta asociación y voces del poder judicial ya han puesto la venda antes de la herida y han cargado contra esta normativa antes de que sus integrantes conozcan su formulación exacta o siquiera qué alcance puede tener lo referido a los casos de lawfare, es decir, a la utilización de la investigación judicial para perjudicar a rivales políticos. Un concepto que desde algunos ámbitos críticos con el pacto aventuran ya que va a afectar a casos de corrupción. Esta situación da una medida de los obstáculos que se va a encontrar Sánchez en ámbitos judiciales y fiscales, con mucho peso de los sectores conservadores. García Ortiz, por su parte, había asegurado que velará “siempre por la independencia de los tribunales”.
El fiscal general había añadido que su posicionamiento sobre la ley se hará “a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que el ordenamiento jurídico demanda nuestra intervención”.
RECHAZO ABSOLUTO
Cristina Dexeus, portavoz y presidenta de la Asociación de Fiscales, ya se había mostrado también en el mismo congreso totalmente contraria a la amnistía. Había trasladado su “rechazo absoluto” a la ley pactada por el PSOE y Junts, y dijo que es “un ataque sin precedentes a la independencia judicial”. La Asociación de Fiscales emitió el jueves un comunicado en el que mostraba su “más firme oposición” a esa ley y a “establecer comisiones de investigación sobre actuaciones judiciales que pueden generar acciones de responsabilidad”. Esta asociación calificaba en el comunicado de “inadmisible” la utilización del término “guerra judicial” al tratarse de un concepto que “no tiene encaje” en el orden constitucional vigente.
