Pedro Sánchez sabe ya de la fragilidad parlamentaria de su Gobierno cuando la legislatura no ha hecho sino empezar y tras conocer que Junts tiene intención de rechazar los primeros decretos ley alegando, entre otras consideraciones, que ponen en riesgo la aplicación de la amnistía, afectan a competencias de la Generalitat y agravan la infrafinanciación de Catalunya. El partido de Carles Puigdemont marca perfil y demuestra que el bloque progresista no tendrá fácil sacar adelante los paquetes legislativos, que dependen principalmente de las formaciones soberanistas vascas y catalanas. Este escenario se plasmará la próxima semana en el pleno del Congreso –que se reunirá de forma extraordinaria en el Senado por reformas en el edificio de la Carrera de San Jerónimo–, donde además del debate a la totalidad de la ley de amnistía se procederá a votar la convalidación del llamado decreto ómnibus, otro del Ministerio de Trabajo, así como las medidas anticrisis.
“Se pueden volver a presentar rectificados y se aprobarían”, sostienen los posconvergentes, que no esconden estar profundamente insatisfechos después de la reunión que mantuvieron este jueves en Barcelona el secretario general de JxCat, Jordi Turull, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, interlocutor habitual y persona de la máxima confianza de Sánchez. El malestar de los independentistas apunta al Real Decreto-ley 6/2023, centrado en el Plan de Recuperación, la Función Pública, el régimen local y el mecenazgo, con la reforma del artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al que se añadió un punto, el 43 Bis, para blindar por ley la suspensión de la amnistía si un juez recurre a Europa. Es decir, si la Sala Penal del Tribunal Supremo o cualquier otro magistrado eleva una cuestión prejudicial al TJUE de Luxemburgo por las dudas sobre el encaje de la esta medida de gracia, su aplicación sobre condenados y procesados por el procés quedaría suspendida a la espera de la resolución europea. Junts subraya que el primer borrador del decreto enviado por el PSOE no contenía ese añadido y se da la circunstancia, además que este decreto ómnibus es prioritario para el Ejecutivo para solicitar el cuarto paquete de ayudas de la UE por valor de 10.000 millones de euros, un flotador económico de cara a 2024.
El partido de Puigdemont reprocha que el PSOE practica una política de “hechos consumados”, es decir, que no quiere negociar los decretos para introducir matices apostando por el “todo o nada”. En este terreno, JxCat, cuyos siete votos en la Cámara baja son fundamentales, también se siente contrariada porque los decretos afectarían al autogobierno y ya advirtió desde que dio su respaldo a la investidura de Sánchez, de que prestaría una atención minuciosa al aspecto competencial. Desde Ferraz creen que todos estos obstáculos quedarán finalmente solventados ya que Turull y Cerdán están en permanente contacto para dirimir los puntos clave. “No sé cuantas reuniones ha habido o habrá, pero por ahora nuestra postura es no, tal y como hemos dejado claro”, persisten sin embargo los posconvergentes, que avisan de que no van a ceder ante las presiones y apuntan a una sospecha: que esta estrategia sea una táctica del ministro de la Presidencia, Justicia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, para apaciguar a la soliviantada judicatura por las críticas de Junts contra los jueces. “El decreto es como una macedonia”, califica la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en tanto que abarca diversos ámbitos –Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo– y “dificulta el posicionamiento político”, una crítica que también expresó, por ejemplo, el PNV. Por su parte, el ministro ya precisó que el artículo de la polémica no supone “ningún cambio” y que lo único que hace el decreto es incorporar una “jurisprudencia absolutamente pacífica” de la Justicia europea y del Supremo, cumpliendo “un compromiso de España con la Comisión Europea”.
Materias de los decretos
Desde Junts apuntan que en el ámbito de la Justicia se incumplen artículos del Estatut, hay centralización y no se prevén los recursos necesarios para ejecutar todos los cambios que se incluyen en el redactado actual. En materia energética, afirman, se encarecen las facturas eléctricas y del gas durante los meses del año en que más se necesita usar esa fuente de energía y en relación con la gratuidad del transporte público los posconvergentes lamentan que se impone parte del pago de la gratuidad del servicio a la Generalitat. La posición de Junts se llevaría por delante también el paquete de medidas sociales que incluye, entre otras muchas cosas, la gratuidad del transporte público y la bonificación de los abonos mensuales, la rebaja del IVA de los alimentos, la revalorización de las pensiones o la ampliación de la prohibición de desahuciar a personas vulnerables. Tampoco verían la luz las modificaciones en materia laboral que el Ministerio de Trabajo sacó adelante para simplificar y mejorar la protección del nivel asistencial del desempleo. Entre las medidas contempladas están el incremento de la cuantía del subsidio del paro (de 480 a 570 euros en los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes y hacerlo compatible con el trabajo durante los primeros 180 días), la ampliación del número de sus posibles beneficiarios, la eliminación del mes de transición, la compatibilidad con el desarrollo de un empleo o la mejora de la conciliación de la vida familiar y la vida profesional.
Los decretos se pueden convalidar y, después, tramitarlos como proyecto de ley para modificar aspectos pero Junts recela de esta vía debido a que en la tramitación podría no cambiarse como ellos quieren, en tanto que no ven garantías y la confianza respecto al PSOE escasea. Así, Sánchez puede ver caer los decretos si el PP no los apoya o se abstiene. Y, de momento, el partido de Alberto Núñez Feijóo no adivina una luz en ese horizonte. “No hay escudo social si no se baja el IVA de los alimentos y a la vez se sube la energía a las rentas bajas”, esgrimen desde Génova, que son muy conscientes de que el soberanismo apretará las tuercas a Sánchez e ilustrará que la mayoría del Congreso no es tan radicalmente progresista como lo describen PSOE y Sumar.
Posición del PNV
Por su parte, el PNV esperará a estudiar los decretos antes de pronunciarse definitivamente aunque todo apunta a que la formación nacionalista, si bien no le gusta el procedimiento empleado por el Gobierno de Sánchez, acabará dando su respaldo, toda vez que en ellos se incluyen cuestiones de raigambre acordadas con el Ejecutivo español y que afectan a la desanexión de Usansolo, la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales o a la suavización del impuesto a las energéticas. En todo caso, la formación jeltzale ya avisó recientemente a Moncloa de que debería “no intentar llevar al Congreso medidas ómnibus con muchas decisiones en un solo proyecto a ratificar, porque eso complica absolutamente los votos y las posibilidades de que las medidas salgan adelante”.
Aunque decayeran, los acuerdos del PNV no estarían el peligro, por ejemplo, en lo que afecta a la desanexión de Usansolo. El decreto recoge entre sus páginas la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local que rebaja a 4.000 habitantes el nivel de población exigida para constituirse en municipio, frente a los 5.000 que se requerían hasta la fecha. Ese entró en vigor de inmediato y es el que ha permitido ya la inscripción de Usansolo en el Registro de Entidades Locales y convertirse en el municipio 113 de Bizkaia. Desde la Diputación de Bizkaia se considera que esta inscripción es “definitiva”, y lo único que se dirime en estos momentos es la distribución de bienes, deudas o prestación de servicios en una comisión arbitral entre los ayuntamientos de Usansolo y Galdakao.
EH Bildu, a su vez, tampoco desvela aún el sentido de su voto y fuentes cercanas a la coalición soberanista señalan que están estudiando el contenido de los decretos. Una afirmación similar a la que hace Esquerra Republicana: “Nuestro equipo jurídico lo está revisando antes de decidir el voto”. El partido que lidera en el Congreso Gabriel Rufián trata de discernir si existe algún tipo de vulneración competencial, escarmentados como están de lo acontecido la pasada legislatura con la Ley de Vivienda, que acabó demostrándose que chocaba con puntos del autogobierno catalán.
