El año que acaba de terminar no fue malo para Navarra en cuanto a traspasos de competencias. La asunción de Tráfico a mediados de 2023 puso la guinda a una legislatura estatal en la que además llegaron la sanidad penitenciaria y la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Pero pese a los tres acuerdos –los primeros en veinte años– Navarra sigue por detrás de comunidades como la CAV, Catalunya o Comunitat Valenciana, que en el mismo periodo de tiempo han conseguido más traspasos y más compromisos por parte del Estado para desarrollar sus estatutos de autonomía.

Por tanto, Navarra no es ni el único territorio ni el que más desarrolla su autogobierno. Un repaso al resto de comunidades evidencia que asumir competencias forma parte de la agenda política de casi todos los gobiernos autonómicos, también los de régimen común. Y a veces con más éxito.

TRASPASOS DESDE 2018

Comunidades

CAV 11

Comunitat Valenciana 4

Catalunya 3*

Navarra 3

Canarias 2

Madrid 2

Baleares 2

Galicia 1

Murcia 1

La Rioja 1

Castilla-La Mancha 1

Asturias 1

Cantabria 1

Aragón 0

Extremadura 0

Castilla y León 0

Andalucía 0

Ceuta 0

Melilla 0

*Sin contar los acuerdos para Rodalies e IMV apalabrados en noviembre y diciembre de 2023

El balance puede hacerse ahora, recién terminado un año que ha sido electoral –tanto en las autonomías como en el Estado– y en el que hay un ministro de Política Territorial de estreno, el expresidente canario Ángel Víctor Torres. Los datos del ministerio y una actualización a cierre de año permiten establecer un ranking.

La CAV está a la cabeza. Suma once traspasos desde que Sánchez es presidente. Son la AP-1 desde que expiró la concesión, el tramo vasco de la AP-68 y unos tramos de ferrocarril, además de la gestión de las prestaciones sanitarias del seguro escolar, las ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por expedientes de despido colectivo, la legislación sobre productos farmaceúticos, la gestión penitenciaria, los medios patrimoniales, presupuestarios y personales en materia de transportes por carretera, la asignación del International Standard Serial Number (ISSN), algún añadido sobre puertos y la gestión del IMV.

La velocidad de los traspasos

La siguiente es la Comunitat Valenciana, con traspasos en conservación de la naturaleza, gestión del patrimonio arquitectónico y de los tributos sobre los residuos, además de un acuerdo de financiación que el Estado ha alcanzado también con otras autonomías.

Dentro de poco será Catalunya la segunda comunidad con más traspasos. A los tres que acumula en materia de Administración de Justicia, debe sumar dos que entraron sobre la bocina a finales de 2023: los compromisos para el traspaso de Rodalies –el tráfico de cercanías en Catalunya– y la gestión del IMV.

Canarias y Baleares asumieron la legislatura pasada control del litoral y residuos, pero tampoco se quedarán ahí: de hecho, el Gobierno de Canarias reclama al ministerio once traspasos más, para lo que apela a la sensibilidad insular del nuevo ministro canario.

Ahora queda por ver qué velocidad toman los compromisos más inmediatos en Navarra. Asumida Tráfico, el Gobierno foral reclama las becas y la investigación. El acuerdo entre PNV y PSOE para la investidura de Sánchez refrescó lo que ha sido una reclamación largamente sostenida por los últimos gobiernos navarros al menos desde 2015.

LOS TRASPASOS NAVARROS

Sanidad penitenciaria. Navarra y el Estado acordaron en el verano de 2021 el traspaso de la sanidad penitenciaria. Navarra, en virtud del Convenio Económico, se queda para sufragar su propio servicio los 2,1 millones que tenía que pagar anualmente al Estado.

Ingreso Mínimo Vital. En marzo de 2022 llegó el traspaso del Ingreso Mínimo Vital. En virtud del acuerdo, firmado con la exministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, Navarra gestionaba la prestación con medios propios y después se la descontaba del Convenio Económico.

Tráfico. Tras décadas de retrasos, Navarra y el Estado firmaron en abril de 2023 el traspaso de tráfico en exclusividad para la Policía Foral. Desde julio fue efectivo y la asunción definitiva y operativa de la competencia tardará al menos unos cuatro o cinco años. El cuerpo autonómico necesita alrededor de 150 policías más para dar el servicio.