El vaso de la paciencia de los cazadores con el Gobierno foral se ha vuelto a rebosar, debido a la dramática situación que están viviendo muchos de los acotados de la región, sobre todo los ubicados en la Ribera. Todos los de esa zona llevan mucho tiempo afectados por una grave crisis provocada por la sobreabundancia de las poblaciones de conejo, que causan cuantiosos daños en los cultivos. Y el Ejecutivo navarro, en lugar de cooperar para solucionar el problema, coloca palos en las ruedas de la solución más eficaz para combatir esa problemática: la caza y, más en concreto, la caza con hurones.

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente no puede alegar, además, desconocimiento de las consecuencias de sus acciones, ya que la Federación Navarra de Caza (FNC) le lleva advirtiendo más de un año y medio de que sus decisiones políticas, tomadas únicamente con la pretensión de contentar al sector animalista, se iban a topar con el muro de la realidad. Y la realidad acostumbra a ser tozuda en sus particularidades.

En este caso, el problema viene motivado por la aprobación de la polémica Ley Foral 19/2019, del 4 de abril, de Protección de los Animales de Compañía en Navarra. Una normativa que, en su primera redacción, daba la espalda a las características de la actividad cinegética, desoyendo sus numerosos beneficios en la naturaleza. Entre ellos, el del control de las poblaciones. El Gobierno, en ese texto, definió como mascotas a los animales empleados en la caza, sin comprender que su función en estas labores los asimila a otros que sí estaban excepcionados en la ley, como los perros de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

La FNC puso su maquinaria en funcionamiento y, tras reuniones con prácticamente todas las formaciones del arco parlamentario y mucho esfuerzo en informes técnicos, mesas de trabajo, movilizaciones, etc., logró que la ley no contemplara como maltrato accidentes sin intencionalidad, así como la supresión de la esterilización obligatoria. Sin embargo, el éxito no fue total, ya que aún quedaba un gran caballo de batalla, el de conseguir que los perros y hurones de caza tuvieran una singularidad propia en el desarrollo reglamentario de la ley, ya que son herramientas de utilidad pública, lo que los hace diferentes de un animal de compañía.

El Gobierno de Navarra no atendió las razones del colectivo cinegético e impuso, entre otras cosas, que todos los hurones debían estar identificados mediante la colocación de un microchip subcutáneo, una obligación a la que había que añadir que estos animales han de recibir anualmente una vacuna antirrábica. Estas imposiciones conllevan que un cazador asuma un incremento de alrededor de un 300% en los costes veterinarios de cada animal, lo que hace inviable su tenencia, ya que los aproximadamente 140 huroneros especializados en el control poblacional del conejo que existen en Navarra poseen más de un millar de estos animales.

El siguiente paso lógico sería determinar qué ocurriría en la Comunidad foral si, debido a esos elevados gastos, la cifra de hurones disminuyera drásticamente. Y la FNC también presentó al Ejecutivo foral los números, que salieron de un completísimo estudio científico desarrollado junto a la Universidad de Castilla-La Mancha. Las cifras impactaban sobremanera: las previsiones más halagüeñas vaticinaban un descenso de un 75% de los hurones, lo que implicaría el aumento descontrolado de las poblaciones de conejo y, con él, de los daños en la agricultura. Daños que supondrían hasta 1,8 millones de euros de pérdidas para los agricultores en los siguientes dos años. Era enero del 2022.

Un año más tarde, las previsiones comienzan a cumplirse. La FNC luchó por lograr que, en la aprobación del reglamento de la ley, se matizara la coyuntura en torno a los hurones, pero el Ejecutivo foral no cedió y, el pasado 29 de noviembre, publicó el reglamento sin variar una sola coma. Y ahora, los cazadores de la Ribera no quieren salir a cazar conejos con los hurones, por miedo a unas sanciones que pueden ascender a los 6.000 euros por animal. Así se expuso en una reunión celebrada el pasado miércoles en la Casa de Cultura de Castejón, donde medio centenar de representantes de todas las sociedades de cazadores de esta zona solicitaron a la FNC que elevara la presión hacia el Gobierno, dada la magnitud de la tesitura que se avecina.

De igual manera, se deslizó una queja generalizada sobre las nuevas obligaciones tanto de la vacunación antirrábica de los perros (más restrictiva que la de comunidades vecinas, como Aragón o el País Vasco), como de las que deben cumplir las instalaciones que albergan perros de caza. Estas nuevas normas también harán disminuir el número de perros de caza, lo que generará importantes afecciones en el control del jabalí y el corzo, además del conejo.

En ese encuentro, se decidió que había que regresar a las calles para denunciar la actitud de rechazo hacia la caza demostrada por un Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente cuya consejera, Itziar Gómez, salió a la palestra esta misma semana para indicar que la caza no era la solución para reducir los accidentes de tráfico producidos por atropellos a animales. Una nueva evidencia del menosprecio hacia un sector que, además de minimizar esos siniestros en las carreteras, consigue con su función controlar la expansión de enfermedades animales, reducir las poblaciones de especies sobredimensionadas, vigilar la correcta evolución de los hábitats y servir como acicate económico y social a un mundo rural cada vez más despoblado. El Ejecutivo foral, por ello, debiera tener claro que no existen soluciones alternativas a la caza para el control poblacional de especies cinegéticas, sino, en su caso, medidas complementarias.

Por todos estos motivos, a los que se unen las nuevas limitaciones en la munición de plomo, la falta de interés por la conservación real de la perdiz roja o el poco apoyo a los jóvenes que se inician en el deporte cinegético, los cazadores navarros volverán a enfundarse sus chalecos naranjas y marcharán por las principales calles de Pamplona el próximo 2 de abril, como medida de denuncia ante la ciudadanía de la imprudencia de un Gobierno de Navarra que, siguiendo la estela del Ejecutivo central, está colocando el bienestar de los animales por encima de la salud pública y la conservación de la naturaleza.

Como en las anteriores movilizaciones, el colectivo dará la bienvenida a todos aquellos sectores que deseen unirse a esta marcha a favor de la caza. Sobre todo, al de los agricultores, los máximos perjudicados por una situación que va a ir en aumento, ya que, si continúa el descenso de los cazadores que controlan las poblaciones de conejos, los daños en los cultivos crecerán de manera imparable.

Antes de que llegue esa fecha, no obstante, la FNC abre la mano a retornar a la senda del diálogo con el Gobierno de Navarra, siempre que este se muestre dispuesto a apoyar al sector cinegético y a corregir una normativa que, pese a los avisos del colectivo, no tuvo en cuenta las consecuencias tan importantes que iba a provocar en el medio ambiente.