El Defensor del Pueblo de Navarra insta a las administraciones públicas a garantizar los derechos de las personas sin hogar. Lo hace a través de una recomendación remitida el pasado 14 de marzo a la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, tras recibir una queja por parte de varios colectivos de la Comunidad Foral en la que denunciaban “la situación de las personas que se encuentran en la calle sin acceso a una vivienda digna ni al sistema de protección social”.
En concreto, recomienda al Departamento de Derechos Sociales y al Ayuntamiento de Pamplona que adopten medidas para hacer valer “de forma real y efectiva” el carácter garantizado del servicio para personas sin hogar, dotando el sistema de recursos suficientes para poder prestar el servicio con continuidad, y “con independencia de la condición de residente o empadronado”. Asimismo, insta a ambas instituciones a modificar la normativa para clarificar y mejorar las garantías de acceso al servicio, así como a revisar “posibles disfunciones” habidas durante la última ola de frío, con el fin de mejorar las actuaciones en situaciones extraordinarias. También considera legalmente exigible que las denegaciones del servicio se produzcan por escrito, expresando la razón de la denegación.
Las organizaciones que presentaron la queja denunciaban la insuficiencia de recursos destinados a este fin; derivaciones a otros lugares sin garantizar el acceso a éstos ni cubrir las comidas; falta de coordinación entre distintas administraciones; falta de previsión ante fuertes bajadas de la temperatura y empeoramiento de las condiciones meteorológicas; que se siga hablando de “empadronados” e “itinerantes”; y que las denegaciones de servicio no se hagan por escrito, por lo que no hay posibilidad de recurrir.
Exigible como derecho
En respuesta a la queja interpuesta por París 365, Punto de Información Para personas Migradas (PIM-MIG), Lantxotegi, Apoyo Mutuo, Haziak, Oxfam Intermon y SOS Racismo, el Defensor del Pueblo recuerda que el alojamiento nocturno y acogida diurna a personas que carezcan de domicilio y no cuenten con recursos para cubrir las necesidades básicas es una prestación garantizada, por lo que es “exigible como derecho”. “No es relevante la circunstancia del empadronamiento en un municipio de Navarra”, apunta, por lo que tampoco puede ser requerido como criterio de preferencia de unos interesados sobre otros. Además, se trata de un servicio que debe funcionar “todos los días del año”.
“La situación de exclusión y falta de derechos es estructural”
“Seguimos reclamando garantizar un acceso igualitario a una vivienda digna, y en su defecto, a un techo y a la cobertura de las necesidades más básicas de todas las personas de Navarra, sin exclusiones”, han apuntado en rueda de prensa Jone Arnedo, de París 365, y Beatriz Villahizán, de SOS Racismo, en nombre de los colectivos que emitieron la queja ante el Defensor del Pueblo.
Recuerdan que la obligación jurídica de las administraciones públicas de actuar “confronta con la realidad cotidiana”, y que día a día son testigos de “la falta de coordinación y de criterios comunes de atención”. “Vemos cómo sigue empleándose una normativa obsoleta que no da respuesta a las necesidades actuales y cómo las personas en demasiadas ocasiones son ignoradas o entran en bucles burocráticos, que empeoran y agravan su situación de exclusión”, han lamentado, y ante las preguntas de los periodistas han respondido que “hemos solicitado reuniones que nos han sido denegadas”.
Añaden que “la situación de exclusión y falta de derechos es estructural y tiene consecuencias devastadoras en los proyectos de vida de quienes son expulsados del sistema”, por lo que exigien la “inmediata aceptación y puesta en marcha” de las recomendaciones del Defensor.
