La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la absolución de un empresario taurino de Tudela, J.L.R.G., que llevó la gestión hasta 2020 de la plaza de toros de la capital ribera y de cosos como los de Peralta, Sangüesa, Calatayud y Barbastro. El hombre ya había sido absuelto por la Sección Segunda de la Audiencia navarra de la acusación fraude a la Seguridad Social, al considerar la Sala que no se ha acreditado la finalidad defraudatoria, ni que realizara maniobra para ocultar la deuda ni ánimo de fraude y el TSJN comparte los argumentos que ya expuso la anterior sentencia.
El empresario no abonó las cotizaciones de los trabajadores de sus empresas en 2018 y 2019. El encausado no es responsable penal del delito aunque tendrá que seguir haciendo frente a la deuda con la Seguridad Social en vía administrativa. Conviene recordar que la Fiscalía le reclamaba cuatro años de prisión y multa de medio millón de euros, mientras que la TGSS pedía cinco años y una multa de casi un millón de euros.
En total, la deuda alcanza los 292.000 euros entre las dos anualidades, cantidad que también debería abonar como responsabilidad civil en caso de condena. En enero de 2019 el empresario creó una nueva sociedad integrada en el colectivo taurino, de la que es socio y administrador único, continuando con la actividad empresarial taurina que desempeñaba anteriormente.
En total, la deuda alcanza los 292.000 euros entre las dos anualidades, cantidad que también debería abonar como responsabilidad civil en caso de condena. En enero de 2019 el empresario creó una nueva sociedad integrada en el colectivo taurino, de la que es socio y administrador único, continuando con la actividad empresarial taurina que desempeñaba anteriormente.
Para el tribunal no queda acreditado que creara dicha empresa para defraudar a la Tesorería de la Seguridad Social. El acusado no abonó las cotizaciones previas de los trabajadores profesionales taurinos ascendiendo la deuda a 138.352,47 euros durante 2018 y a 154.923,87 euros, durante 2019. El tribunal recuerda que sí ha quedado acreditado que por la Tesorería de la Seguridad Social se han embargado bienes del acusado y se mantiene expediente de apremio. La Sala no da por probado uno de los principales argumentos que sostenía la acusación de la Fiscalía y de la Seguridad Social, que entendían que el acusado había creado la nueva empresa para celebrar festejos taurinos en Aragón, donde según dichas acusaciones se exigía la certificación de estar al corriente de pago de la Seguridad Social como requisito para la autorización de los Espectáculos Taurinos, como no se exige en Navarra.
Una empresa con su propio nombre que no podía ser opaca
El tribunal sentencia que este extremo, que sí se exija en Aragón este certificado, no ha quedado demostrado y que por tanto, el fin de la creación de la empresa no era eludir ese requisito, ni eludir las cargas y deudas de la Seguridad Social, ni ocultar los datos para que la Tesorería no conociera o sustraer bienes para no satisfacer sus deudas con dicho organismo. “Ni se ha acreditado que dicha empresa naciera y se creara para defraudar a los acreedores, ni que se creara para poder seguir trabajando la empresa en ese sector en Aragón”.
El TSJN dice ahora que "de la prueba practicada en el acto del juicio se desprende que, por un lado, el acusado no reconoce haber efectuado acto alguno de ocultación o engaño de la situación real de su empresa sino, únicamente, que se han producido unos impagos de cuotas de la Seguridad Social, pero que fueron originados por la situación de la empresa, inmersa en una actividad que no siempre tiene beneficios, en muchas ocasiones imprevisible que, con ocasión de la pandemia de 2020, ya no pudo recuperar".
No queda acreditado el delito
Además, el tribunal navarro señaló, y no ha sido discutido, "que realizó diferentes pagos a la Seguridad Social, tras conseguir un aplazamiento y un fraccionamiento de la deuda, de conformidad con los responsables de aquella. Afirmó creer que en Aragón no le exigían estar al corriente de los pagos, circunstancia esta que en ningún momento ha sido acreditada por a quien correspondía hacerlo, la Tesorería General de la seguridad Social, antes al contrario, de lo que se desprende la falta de consistencia de la afirmación de que creó una nueva empresa para que ello le permitiera trabajar en Aragón".
Además de ello, el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Peralta manifestó que el acusado "siempre aportaba la documentación que se le requería, así como que, al menos en dicha localidad, tuvo pérdidas. Señaló que nunca la Seguridad Social les pidió nada en relación al procesado, ni apreció en su actuación hecho irregular o anómalo alguno". Tiene en cuenta el TSJN que un alto cargo de la Seguridad Social "no podía afirmar que el acusado estuviese ocultando datos de cotización a la Seguridad Social".
Y concluye que "no es suficiente con que se hayan producido unos impagos, sino que debe probarse una actuación encaminada a que dichos impagos sean el resultado de las maniobras y operaciones efectuadas, y aquí, debe reiterarse, no ha quedado acreditada la concurrencia de los presupuestos de este delito".
