Más de 160 periodistas de cincuenta medios han mostrado a la Fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial su "intensa preocupación" por la condena a dos años de cárcel por revelación de secretos impuesta a una compañera que publicó datos que obraban en el sumario abierto por el crimen de la joven Laura Luelmo en 2018.
En sendos escritos remitidos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al nuevo presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, y los vocales del órgano, los informadores subrayan su inquietud por "las consecuencias que para el derecho a la información de los ciudadanos" puede tener esa sentencia, conocida a principios de mes, que consideran "desproporcionada".
Cárcel e inhabilitación
En ella, la Audiencia de Huelva impuso dos años de cárcel e inhabilitación durante ese tiempo para ejercer la profesión a una periodista al estimar que incurrió en un delito de revelación de secretos cuando publicó detalles que aparecían en el sumario donde se investigaba el asesinato de la joven de Zamora en el municipio onubense de El Campillo en diciembre de 2018.
Una condena que generó un profundo rechazo en asociaciones de prensa y sindicatos, que alertaron del peligro que acarreaba para los ciudadanos y para su derecho a la información.
Ahora, más de 160 periodistas de más de medio centenar de medios estatales y regionales hacen partícipe de su preocupación a la Fiscalía General y al CGPJ, órgano que consideran "no debe permanecer ajeno".
Los escritos, "promovidos por los periodistas de tribunales de toda España", exponen que la sentencia, que ha sido recurrida, califica datos de las informaciones de la periodista de "innecesarios e irrelevantes para el interés público" sin motivar "en qué criterios se basan los magistrados" para afirmarlo.
Motivo de inquietud
"Que los jueces decidan qué es o no noticiable (...) es, para nosotros, motivo de inquietud", indican los periodistas, que no cuestionan su autoridad, sino que piden explicar su criterio para que sus decisiones no sean "arbitrarias".
Y advierten: "Que la aplicación del Código Penal dependa de lo que cada juez entienda por "excesivo" o "innecesario" en términos informativos" sume el derecho a la información "en la mayor incertidumbre".
Comparten asimismo que la intimidad "es uno de los límites a la libertad de información" y no justifican "el amarillismo" -"no todo vale en nuestro oficio"-, pero subrayan la necesidad de ponderar ambos derechos.
En el escrito dirigido al fiscal general, los periodistas lamentan el criterio seguido por el fiscal del caso -que solicitó la misma pena impuesta a la informadora- y lamentan que "se haya precipitado por la senda de la represión penal en lugar de instar a la sanción de los eventuales excesos por la jurisdicción civil, en el supuesto de que fueran sancionables".
La Fiscalía de Huelva recurrió la sentencia para que se revoque el castigo, aunque solicitó que se la condenase por el mismo delito, pero con la eximente incompleta de actuar en ejercicio de la profesión periodística.
En su recurso, el fiscal explicó que en las informaciones "se revelan datos íntimos y muy sensibles de la víctima", pero que actuó bajo el ejercicio de su profesión.
