El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha decretado prisión provisional comunicada eludible bajo fianza de 60.000 euros para el presunto cabecilla de la supuesta estafa con criptomonedas de Nimbus, Andrea Zanon, a fin de evitar "evidentes riesgos" de fuga y de ocultación, alteración o destrucción de pruebas.

Asimismo, se desprende su "indudable peligrosidad criminal, lo que lleva a inferir igualmente el riesgo de reiteración delictiva", según explica el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 en el auto, al que ha tenido acceso EFE.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado el ingreso en prisión de Zanon, detenido en el aeropuerto de Barcelona y que este lunes ha pasado a disposición judicial por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y estafa agravada.

Tal como ha explicado el Ministerio Público en un comunicado, las diligencias practicadas hasta ahora por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se refieren a Nimbus como una estafa piramidal en la que la cantidad defraudada por la entidad, con sede social en Malta, ronda los 140 millones de euros.

150 afectados

La investigación se inició en 2022 en Huelva tras la denuncia presentada por Aránguez Abogados en nombre de 150 afectados, aunque el total podría superar los 4.000, con un perjuicio económico, de acuerdo con un informe forense de la Guardia Civil, de 135,8 millones de euros.

El juzgado de Huelva comenzó a investigar si Nimbus, en vez de comprar y vender criptoactivos, en realidad no desarrolló ningún tipo de actividad financiera sino que se limitó a abonar los intereses de los primeros inversores con el capital ofertado por los siguientes, como aseguraba la denuncia.

Posteriormente, el juzgado onubense se inhibió del caso al entender que no era de su competencia.

Nimbus ofrecía realizar operaciones con criptomonedas sin opción de sufrir pérdidas, y garantizaba retornos de entre el 7 % y el 15 % al mes; una vez captados inversores, se les instaba a buscar nuevos interesados, mediante un sistema de recompensas.

Como denunciados figuran Andrea Zanon, que entre 2009 y 2016 fue responsable del área de riesgos del Banco Mundial, y Javier García Madruga, director comercial de la empresa.

No obstante, Zanon dejó de colaborar con la compañía en junio de 2020.

La denuncia se amplía a todas las personas físicas y jurídicas que sean responsables de los hechos denunciados, ya que hay indicios de que contaron con la colaboración de programadores informáticos, expertos en finanzas y asesores de marketing.