El movimiento animalista celebró con gran algarada hace unos años que las legislaciones de bienestar y protección de los animales de compañía que estaban preparando los gobiernos central y autonómicos iban a suponer un gran revés para el mundo de la caza, ya que los animales empleados en la actividad cinegética iban a incluirse en las normativas, convirtiéndolos en mascotas y desoyendo sus particularidades. Esta situación, de haberse consumado, hubiera constituido un serio perjuicio para el sector cinegético, debido a que el contenido de las normas y las elevadas sanciones que se proponían en los textos habrían conllevado la imposibilidad de la caza. No obstante, la labor realizada por la Real Federación Española de Caza, sus federaciones autonómicas y un gran número de organizaciones vinculadas con la defensa del mundo rural impidió que esto se llevara a cabo y, finalmente, perros, hurones y aves de cetrería empleados en la caza quedaron exentos de estas leyes.

La lógica dictaba que así fuera, porque estos animales no son mascotas, sino animales de trabajo (igual que, por ejemplo, los perros utilizados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado) y, además, todos ellos están ya completamente protegidos por las correspondientes regulaciones de caza de cada una de las regiones del país. En Navarra, sin ir más lejos, la presión que ejerció la Federación Navarra de Caza, junto con los informes científicos que presentó a las fuerzas políticas para avisar de las severas consecuencias económicas y ambientales que provocaría la ley de protección de los animales, logró que muchas de las reivindicaciones de los cazadores navarros fueran tenidas en cuenta en los planteamientos de la normativa.

Similar coyuntura se dio en la política nacional, donde decenas de miles de personas volvieron a salir a las calles para mostrar su rechazo a una legislación que no atendía ni a la realidad de la caza ni a la de las zonas rurales del país. Y también en la ley nacional de bienestar animal se consiguió la exclusión de los animales usados en la caza. Tanto esa normativa como las autonómicas miran, no obstante, hacia Europa, donde los grupos animalistas están redoblando sus esfuerzos para continuar con sus pretensiones de conseguir la prohibición total de la caza. Sin embargo, el término “caza” no aparece en ningún apartado del último borrador sobre bienestar animal en el que está trabajando la Comisión Europea.

La razón de ello es que el lobby animalista, una vez perdida la batalla por lograr que los animales que participan en la caza estuvieran incluidos en las normativas de protección de animales de compañía, se está centrando ahora en la cría de los perros, cuyas nuevas obligaciones y restricciones podrían causar que los cazadores lo tuviesen mucho más complicado a la hora de seguir criando a sus perros o, en última instancia, no pudieran hacerlo. Y, como consecuencia directa, la caza vería muy mermada su dimensión, afectando también de manera muy negativa al desarrollo económico y social de la España vaciada.

Según se expone desde las instituciones europeas, “los perros y los gatos están muy presentes en el corazón de los ciudadanos de la UE, así como de las grandes empresas”. Y Bruselas pone cifras encima de la mesa: más de 72 millones de perros y más de 83 millones de gatos, además de que el valor estimado de las ventas de ambas especies es de 1.300 millones de euros al año. La Comisión Europea es consciente asimismo de que las normas de los Estados miembros sobre el bienestar animal varían ampliamente, mostrando grandes discrepancias en cuestiones como la identificación y el registro, los procedimientos de cría o los límites de edad para la reproducción. Por todo ello, está estudiando la publicación de unas normas mínimas armonizadas sobre el bienestar de estos animales.

Esa propuesta, sin embargo, recoge las exigencias de los movimientos animalistas, que muchas veces desoyen la realidad de muchas regiones de los países, sobre todo de las más rurales, e incumplen el propio tratado constitutivo de la UE, que establece que, al formular y aplicar las políticas agrícolas, pesqueras, de transporte, de mercado interior, de investigación, de desarrollo tecnológico o espaciales que tengan que ver con animales, la propia UE y sus países miembros deberán “respetar las disposiciones legislativas o administrativas, así como las costumbres relacionadas con los ritos religiosos, las tradiciones culturales y el patrimonio regional”.

Las normas en las que está trabajando Bruselas incluyen, según el tipo de establecimiento, “asignaciones de espacio mínimo y prohibición de jaulas, acceso a luz natural y ejercicio al aire libre, límites de temperatura para el alojamiento y requisitos básicos de alimentación”. Por otra parte, “la reproducción estará regulada (con límites en la frecuencia de reproducción y la edad mínima) y se prohibirá la endogamia”. También estarán prohibidas “las mutilaciones dolorosas, como cortar las orejas y la cola, a menos que se realicen por razones veterinarias y bajo anestesia”.

En cuanto a los establecimientos de cría, estos “deberán ser autorizados tras una inspección in situ por parte de las autoridades competentes”. En este sentido, la UE propone que “los cuidadores de animales deberán obtener un nivel mínimo de competencia”, en tanto que “los Estados miembros deberán garantizar la disponibilidad de cursos de formación para dichos cuidadores”.

Bruselas también especifica que todas estas normativas constituirán una base sobre la que los Estados podrán aplicar normas más estrictas. El borrador sobre el que se está trabajando establece que los países “podrán mantener o adoptar normas nacionales más estrictas sobre las condiciones de alojamiento, las mutilaciones, el enriquecimiento, la selección y los programas de cría”. Con esta disposición, la Comisión Europea da carta blanca a los grupos de presión de los movimientos animalistas, que, por ejemplo en España, han conseguido introducir sus mensajes contra la caza en las instituciones, que han aprobado leyes que suponen importantes afecciones para sectores tan relevantes como la agricultura o la ganadería.

Desde el sector cinegético, ya se ha dado la voz de alarma. El presidente de la Oficina Nacional de la Caza, Felipe Vegué, arremetió contra estos movimientos políticos en un artículo de opinión publicado este mes por la revista Jara y Sedal. A su juicio, estas leyes “contentarán a unas cuantas posiciones políticas extremistas, al negocio de las protectoras y a los oscuros intereses económicos del monopolio de la Real Sociedad Canina Española”. Además, supondrán, según añade, un aumento de los conflictos sociales en torno a la salud y bienestar de los animales auxiliares de la caza.

La mayor amenaza para los cazadores viene ahora por la cría de estos animales, tal y como avisa: “Quieren prohibirnos la cría, incluso dentro de los núcleos zoológicos ya habilitados y registrados oficialmente en rehalas y similares, que requieren de la cría de reposición para su sostenibilidad y resiliencia en el tiempo”.