El manifiesto entregado por Cocemfe al Defensor del Pueblo este jueves recogía, además de las demandas, un total de 150 testimonios de pacientes que sufren las listas de esperas. Tres mujeres cuyos testimonios se entregaron ayer acudieron al acto.
Cristina Guerra, diagnosticada de cáncer de mama hace cinco años y medio, señaló que el proceso de diagnóstico, operación y quimioterapia “fue todo muy rápido”, pero cuando comenzó con el proceso posterior “está siendo horrible. Las mamografías son fundamentales y tienen un retraso de seis meses, que en ese tiempo puede pasar de todo”. Ante las decenas de semanas de espera, Guerra confesó que “la incertidumbre por el resultado de un prueba siempre es grande pero cuanto más tardan, se te apodera el miedo”.
Ahora mismo, está esperando a una consulta de cirugía plástica para una revisión de la operación de reconstrucción del pecho, un proceso que se ha alargado más de 2 años. “No reclamo porque me siento bien y tampoco me gusta mucho las reclamaciones porque no es justo que a mí me adelanten la atención y otras personas no, porque estamos muchas mujeres igual”, explicó para denunciar que “están jugando con nuestra vida. Conozco gente a quien han llegado tarde con el diagnóstico”.
Además de paciente, Guerra también es enfermera y entre los dos puntos de vista defiende que “el sistema sanitario estaba destrozado hace años y la pandemia vino a enseñarnos que hace aguas por todos lados”. Como profesional destaca que “la gente está al límite” y critica que “no se ha hecho buena gestión y se están llevando mucho dinero y recursos por sitios que no son los que deberían. El objetivo es privatizar la sanidad pública y lo están consiguiendo”. Guerra siempre ha sido tratada en el sistema público, pero el año pasado recurrió a una consulta privada para someterse a una mamografía, una solución a la que recurrió “por angustia de saber cómo estaba”, pero critica que no puede ser la clave porque “no cualquiera puede permitírselo y tenemos derecho a una sanidad pública que cubra todas las necesidades”.
Respecto a las soluciones, Guerra entiende que “es muy complicado porque lleva atado desde hace muchos años”, pero ella cree necesarios dos cambios. El primero es “la honestidad de los políticos, que si no consiguen sus objetivos lo expliquen y si hace falta que se vayan” y el segundo involucra a la ciudadanía.
“La situación ha cambiado y la sociedad es cada vez más mayor”, señala, por lo que ve necesario “concienciar a la sociedad de que los recursos son limitados y no se puede abusar del sistema sanitario”.
Otra de las afectadas es Raquel Lerga, que lleva 41 años siendo atendida por diabetes y reconoce que “los que llevamos mucho tiempo sabemos que desde la pandemia las listas de espera en todas las especialidades son brutales”, algo “inadmisible” en personas que tienen una enfermedad crónica.
Lerga está esperando una consulta de otorrinolaringología y una operación de oído, para la cuál lleva expectante varios meses y hace poco pudo acudir al oculista tras dos años de demora. Unas consultas que solo ha conseguido “a base de poner reclamaciones porque al final es a lo que te obligan”. En otra especialidad, le llamaron tras año y medio para avisarle que su médico iba a cambiar y después se enteró que se había cambiado a la sanidad privada. “Se está buscando que todo el mundo tenga seguro privado y no tiene que ser así, el que quiera perfecto, pero exigimos una Seguridad Social de calidad”.
Por último, Reyes Leoz, paciente de fibromialgia, un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado, relató que ha estado “17 meses esperando para ir al médico de rehabilitación para que me dijese que podía ir a rehabilitación”. Según indicó, estuvo “siete meses en casa sin poder salir” y “después de diez quejas me llamaron un día porque había un hueco”.
Leoz afirmó que en esos 17 meses no pudo hacer rehabilitación y en su patología “al no hacer nada vas a peor y atrasas mucho” la recuperación y “te vas deteriorando”.
