Zapatero, Moratinos, Jiménez y Blanco evitan referirse a las filtraciones de Wikileaks

pamplona. Ni el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ni la jefa de la diplomacia española, Trinidad Jiménez, ni el ministro de Fomento, José Blanco, han atendido a las preguntas que los informadores les han realizado en los pasillos de la Cámara Baja tras la sesión de control al Ejecutivo.

Incluso se ha intentado que el ex ministro de Asuntos Exteriores Miguel Angel Moratinos, hablara al respecto, habida cuenta de que ha ocupado ese Ministerio desde la llegada del presidente Zapatero a La Moncloa. Máxime cuando hoy se ha conocido que tanto él como la ex vicepresidenta del Gobierno pudieron haber colaborado con Estados Unidos para frenar casos judiciales.

SON INFORMACIONES "DE PARTE" De manera informal fuentes gubernamentales han insistido que las revelaiones de 'Wikileaks' son informaciones "de parte" y "juicios de valor" de representantes de un países que el Gobierno socialista "no va a entrar a valorar".

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, admitió este martes que no le gusta "ver en los medios de comunicación documentos internos de un Gobierno" y apuntó que no otorga a estos documentos "tanta dimensión como pretenden sus divulgadores" y, en todo caso, que el Ejecutivo no está preocupado por las revelaciones.

Los tentáculos de EEUU en España llegan a jueces, fiscales y políticos, según Wikileaks

La filtración de los documentos diplomáticos emitidos por la embajada estadounidense en Madrid desde 2004 a 2010 revelan que las autoridades de Washington tenían mano con todos los estamentos de poder en España, desde el Ejecutivo, a través de ministros y el propio presidente; al judicial, con presiones sobre fiscales y jueces; pasando por el legislativo, de cuyos líderes, emitía informes periódicos. Así al menos lo demuestran los cables hechos públicos por Wikileaks que revelan que EEUU no sólo influía en la posición de España en política internacional (impuso a Zapatero una moderación de su discurso sobre Irak), sino también en cuestiones internas como el relevo en la Fiscalía General del Estado o la paralización del caso abierto en la Audiencia Nacional sobre el asesinato en Bagdad del cámara de Telecinco José Couso.

Pese a los desmentidos del Gobierno, de los Jueces y de los fiscales, los papeles de Wikileaks siembran la duda sobre si los poderes del Estado rebasaron o no en algún momento los límites de la legalidad. Es el caso del supuesto encubrimiento de las torturas de Guantánamo o de los vuelos de la CIA que aterrizaron en suelo español.

Magistrados como Santiago Pedraz y Eloy Velasco, el fiscal Vicente González Mota e incluso la Fiscalía General del Estado, mediante un comunicado, defendieron ayer la colaboración con EEUU, pero negaron haber sido objeto de presiones para condicionar sus decisiones. "La Fiscalía de la Audiencia Nacional fundamenta las posiciones que mantiene en el conjunto de los procedimientos en que interviene con absoluta autonomía y sobre la base de criterios estrictamente jurídicos, sin admitir ninguna clase de injerencia", señalaba ayer la Fiscalía General del Estado que dirige Cándido Conde-Pumpido en relación al caso Couso.

Tales negativas no fueron exclusivas de Conde Pumpido. Por ejemplo el fiscal Vicente González Mota, encargado de la instrucción del caso de los vuelos de la CIA, recordaba que desde su institución se pidió el procesamiento de varios agentes de la inteligencia estadounidense, lo que vendría a demostrar que nadie influyó en la independencia del ejercicio de se cargo.

El Gobierno por su parte se restaba ayer importancia a los documentos tachándolos de "impresiones" personales de quien los firma.