El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado en un pleno extraordinario celebrado este lunes por la tarde la ordenanza Aukera, que regulará el acceso a las 613 viviendas municipales que existen en la ciudad, de las que actualmente hay 215 destinadas a la emergencia habitacional.
La iniciativa ha sido respaldada con los votos a favor de EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN y PP han votado en contra.
Joxe Abaurrea, de EH Bildu, ha enmarcado la nueva ordenanza en un contexto de subida de precios y de dificultad de acceso a la vivienda, sobre todo para las personas o familias con menos recursos, una situación que, a su juicio, justifica la adopción de medidas para mejorar la gestión y el acompañamiento a estas familias.
Txema Mauleón, concejal de Contigo-Zurekin, ha señalado que la ordenanza contempla un proyecto de asesoramiento y acompañamiento para posibilitar la inclusión social y la capacitación para el acceso al mercado inmobiliario normalizado lo antes posible.
Según ha confirmado el concejal delegado de Acción Social, 12 personas se encargarán de realizar estas tareas de acompañamiento: “Con esta ordenanza y con los medios avanzamos en el cumplimiento del derecho a la vivienda de los ciudadanos”.
Por parte del PSN ha intervenido Xabier Sagardoy, quien ha considerado necesario mejorar la organización de las viviendas de titularidad municipal, al entender que el sistema venía de "años de desorden", por lo que ha defendido que el nuevo enfoque permite avanzar hacia una gestión más estructurada, mientras que Javier Leoz, concejal de Geroa Bai, ha incidido en el valor de las aportaciones incorporadas al texto definitivo y ha señalado que el objetivo de la iniciativa es mejorar la inclusión social de las familias en situación de vulnerabilidad, reforzando las herramientas municipales para su acceso a la vivienda.
Carmen Alba, del PP, ha puesto en duda las políticas de vivienda del Ayuntamiento de Pamplona y ha criticado la “dejadez” en el seguimiento de las viviendas municipales, además de advertir de que la normativa aprobada favorece la ocupación y dificulta la recuperación de viviendas municipales.
El portavoz de UPN, Juan José Echeverría, ha dicho que la responsabilidad en la materia recae en el Gobierno de Navarra y ha criticado la municipalización del servicio porque, según ha dicho, se pretende esquivar la ley de vivienda y poder desocupar casas .
La nueva ordenanza prevé plazos de estancia y precios de alquiler para las personas o familias beneficiarias, que podrán permanecer en la vivienda un máximo de seis años.
La ordenanza prevé seis modalidades de alojamiento diferentes, desde viviendas de emergencia habitacional económica, otras de estabilización y unas más de transición hasta viviendas de emergencia habitacional por catástrofe o siniestro, pasando por viviendas mediante convenio con entidades sin ánimo de lucro por interés municipal. A todas ellas se suman, también, viviendas con alquileres con contrato anterior a la fecha de publicación de la ordenanza de 2016.
Tres conceptos para el acceso
El acceso a estas viviendas se definirá a través de la combinación de tres conceptos: tipología de la vivienda, condiciones de la persona o familia solicitante y nivel de renta, garantizando siempre que ninguno de los alquileres que se fijen supere los precios de la vivienda social baremados por el Gobierno de Navarra (532 euros para un piso de 80 metros cuadrados).
Dependiendo del nivel de renta de las personas o familias solicitantes, se les asignará una tipología determinada de vivienda que se corresponde a la situación que estén pasando: emergencia económica, transición o estabilización.
Aunque el grueso del parque se destinará a estos usos, se reservarán también algunas viviendas para emergencia por catástrofe y para realojo urbanístico.
Las viviendas se disfrutarán en régimen compartido y se establecerán unas condiciones mínimas de convivencia que las personas beneficiarias estarán obligadas a cumplir.
Itinerario y acompañamiento
La principal novedad es la introducción de un itinerario y acompañamiento profesional para facilitar la incorporación al mercado inmobiliario normalizado de las personas y familias beneficiarias.
Hay que tener en cuenta que estas viviendas no son permanentes, sino temporales, y que el objetivo es buscar la inclusión social de personas y familias en situación de vulnerabilidad y que, después, el recurso pueda ser utilizado por otras personas con necesidades parecidas.
Entre los requisitos para acceder a viviendas municipales se encuentran ser mayor de edad y el empadronamiento en Pamplona o contar con residencia efectiva demostrable de más de dos años antes del acceso efectivo. En el caso del derecho al acceso a la modalidad de emergencia habitacional, se deberá contar con informe favorable de los servicios sociales.
Será obligatoria la inscripción en el Registro de solicitantes de vivienda municipal del Ayuntamiento de Pamplona y también deberá constar en el Censo de solicitantes de vivienda protegida del Gobierno de Navarra.
