El Ayuntamiento de Pamplona convertirá la gestión de la vivienda municipal en un servicio público con el que impulsar la inclusión social a través de itinerarios temporales que faciliten a las familias o personas beneficiarias el acceso al mercado inmobiliario normalizado.
Este servicio público se regirá a través de una nueva ordenanza, denominada Aukera (oportunidad), que concibe las viviendas municipales destinadas a la emergencia habitacional y las que se vayan rehabilitando o traspasando de otros tipos de contratos, 613 en total, como bienes dotacionales (no son viviendas finalistas, sino temporales), de carácter público y uso transitorio.
“El objetivo es crear un nuevo servicio de vivienda e inclusión social, una solución vanguardista y eficiente como respuesta a la situación actual y a la creciente demanda; un sistema más eficiente socialmente porque aportara itinerarios de inclusión y porque generara más oportunidades con los mismos recursos”, ha explicado en rueda de prensa el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2023, Joxe Abaurrea, junto a la directora del área, Uxua Domblás, y el concejal delegado de Acción Social, Txema Mauleón.
El acceso a estas viviendas se definirá a través de la combinación de tres conceptos: tipología de la vivienda, condiciones de la persona o familia solicitante y nivel de renta, garantizando siempre que ninguno de los alquileres que se fijen supere los precios de la vivienda social baremados por el Gobierno de Navarra (532 euros para un piso de 80 metros cuadrados). Según han explicado ambos concejales, la duración máxima de estancia se fijará en un máximo seis años a lo largo de los cuales las personas inquilinas recibirán asesoramiento y acompañamiento para posibilitar la inclusión social y la capacitación para el acceso al mercado inmobiliario normalizado lo antes posible.
Régimen transitorio para las personas que ya están en viviendas municipales
Dependiendo del nivel de renta de las personas o familias solicitantes, se les asignará una tipología determinada de vivienda que se corresponde a la situación que estén pasando: emergencia económica, transición o estabilización. Aunque el grueso del parque se destinará a estos usos, se reservarán también algunas viviendas para emergencia por catástrofe y para realojo urbanístico. Por último, a medida que se resuelvan los contratos de renta antigua, esos inmuebles se incluirán en el catálogo del nuevo servicio público. Las viviendas se disfrutarán en régimen compartido y se establecerán unas condiciones mínimas de convivencia que las personas beneficiarias estarán obligadas a cumplir.
Ayudas regladas, acompañamiento social y más personal
La nueva ordenanza garantizará también que, como máximo, las familias beneficiarias del servicio público de vivienda municipal paguen lo mismo que lo que están pagando las que están acogidas en viviendas sociales gestionadas por el Gobierno de Navarra.
Durante la rueda de prensa se ha lanzado el mensaje de que “nadie que cumpla los requisitos establecidos en la nueva ordenanza y que esté actualmente alojado en viviendas municipales tendrá que salir de ahí, aunque lleven tres años o más en ellas”. Y es que para ello el Ayuntamiento ha ideado un régimen transitorio que dará la oportunidad a las actuales personas inquilinas a retomar el nuevo sistema (tres años en la modalidad de transición) siempre y cuando cumplan los requisitos de renta, estar al corriente de los pagos y ajustarse a las condiciones de autorización de uso (residencial). La intención del Ayuntamiento es reunirse con todas las personas y familias que a día de hoy están alojadas en estas viviendas y tratar la casuística de forma individualizada.
Eso sí, en el caso de Pamplona se especifican algunos baremos propios. Así, según ha explicado Txema Mauleón, se contemplan exenciones del 25%, 50%, 75% e incluso del 100% de las cuotas de alquiler en función de los niveles de renta de las personas o familias acogidas. Las víctimas de violencia de género pagarán un 10% del total. Estas exenciones se irán modificando a medida que, gracias al acompañamiento social, la situación financiera de los y las residentes vaya mejorando. Acompañamiento social, garantía de ingresos e inserción laboral son los hitos que podrían resumir el itinerario de inclusión que favorece la nueva ordenanza y que concluiría con el acceso de las personas a viviendas del mercado normalizado.
Para posibilitar la puesta en marcha de este servicio público, el Ayuntamiento de Pamplona incrementará el personal. Así, frente a la única persona que anteriormente se encargaba del acompañamiento en las denominadas viviendas de emergencia habitacional, a partir de la entrada en vigor de la nueva ordenanza, se contará con 13 profesionales más del programa Etxe bat, que se encargarán de estas tareas. “Es evidente que si lo que queremos impulsar es la inclusión social, el Ayuntamiento ha de hacer un esfuerzo importante también en personal”, resume Mauleón. A esta plantilla que cubre el aspecto social se unirá, en el administrativo, el personal de la Oficina de Vivienda.
Así, se ha creado un nuevo puesto de responsable para la Oficina de Vivienda, el organismo que asume la gestión integral del total del parque inmobiliario, de los contratos para acceder a las viviendas, de la transición entre ordenanzas, del mantenimiento y/o rehabilitación de viviendas y de la conversión de las rentas antiguas en nuevas. La plantilla la completan una asesora jurídica, una trabajadora social, una arquitecta técnica y tres administrativas. “Tenemos la necesidad de lograr una buena coordinación y colaboración, especialmente con el área de Acción Social, para la gestión compartida de este servicio público”, ha señalado Abaurrea.
Requisitos generales para acceder a este nuevo servicio público
Esta ordenanza, que sustituye a la de 2016, se integra en la estrategia del Plan de Vivienda Asequible del Ayuntamiento de Pamplona. “Tratamos de influir sobre la especial afección que para las personas en exclusión social tiene la falta de vivienda”, explicaba Abaurrea. En la legislatura 2015-2019 ya se puso en marcha una ordenanza de vivienda de emergencia habitacional, la primera impulsada en Pamplona, que permitió la recuperación y puesta en servicio de casi 200 pisos y dar cobertura a 313 familias. “Aquella fue una experiencia de éxito, pero los años de abandono que vinieron después impidieron que evolucionará. Esta nueva ordenanza supone un paso más en tres direcciones: permitirá seguir recuperando viviendas, permitirá gracias a la rotación que más familias y personas puedan beneficiarse de ellas y, finalmente, impulsará un sistema real y eficaz para que personas usuarias puedan acceder a las condiciones económicas que les permitan ir con garantías al mercado normalizado”.
Entre los requisitos para acceder a viviendas municipales se encuentran el ser mayor de edad y el empadronamiento en Pamplona o con residencia efectiva demostrable de más de 2 años antes del acceso efectivo. En el caso del derecho al acceso a la modalidad de emergencia habitacional, se deberá contar con informe favorable de los servicios sociales, y podrá excepcionarse los dos años de empadronamiento. Será obligatoria la inscripción en el Registro de solicitantes de Vivienda municipal del Ayuntamiento de Pamplona y también deberá constar en el Censo de solicitantes de vivienda protegida del Gobierno de Navarra.
No haber rechazado con carácter previo una vivienda social o protegida tanto del Ayuntamiento de Pamplona, como del Gobierno de Navarra o de cualquier entidad que le haya ofrecido un recurso habitacional, será otro de los requisitos exigibles para acceder a este nuevo servicio público. Además, la persona deberá estar en búsqueda activa de vivienda, pública o privada, según sus posibilidades económicas, y se compromete al pago del precio público mensual y de los gastos por los suministros de la vivienda. Finalmente, la vivienda se deberá mantener en buenas condiciones y se observará un buen comportamiento en la comunidad vecinal.
El itinerario: viviendas de emergencia económica, de estabilización y de transición
Se contemplan seis modalidades de alojamiento: viviendas de emergencia habitacional económica, de estabilización y de transición; viviendas de emergencia habitacional por catástrofe o siniestro, alquileres con contrato anterior a la fecha de publicación de la Ordenanza de Vivienda de 2016 y viviendas mediante convenio con entidades sin ánimo de lucro por interés municipal.
Las viviendas para emergencia habitacional económica se destinarán a personas sin ingresos o con ingresos por debajo de la renta garantizada, que pueden utilizarlas por un año como máximo; después, pasarían a la modalidad de vivienda de estabilización. También pasarían a estabilización si acceden a la renta garantizada. Esta situación irá acompañada de acompañamiento social de intensidad alta.
Las viviendas para la estabilización estarán destinadas a unidades familiares, con preferencia para las provenientes de alojamientos para emergencia habitacional económica en proceso de estabilización, que tengan ingresos que no superen la renta garantizada que pudiera corresponderles en función de sus miembros. El plazo máximo será de 2 años, revisable año a año según la situación económica. De aquí deberán pasar a la modalidad de vivienda de transición, salvo que antes de finalizar el plazo resulten adjudicatarias de vivienda en alguno de los censos del Gobierno de Navarra o de cualquier otra entidad.
El acceso a las viviendas para la transición puede ser directo o, preferentemente, desde la vivienda de estabilización. La cuantía máxima de ingresos ponderados para el acceso a este recurso será 1,7 veces el índice SARA (Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada), que se puede ocupar durante 3 años, revisable año a año en base a la situación económica,salvo que antes de finalizar el plazo resulten adjudicatarias de vivienda en alguno de los censos del Gobierno de Navarra, en los que se deberá inscribir y mantener su inscripción.
El acceso a las viviendas de emergencia por catástrofe o siniestro se generará a través de informes específicos; los alquileres con contrato anterior a 2016 se revisarán y las viviendas gestionadas por entidades sin ánimo de lucro se concederán a través de convenio.
Participación, sugerencias y alegaciones antes de la aprobación de la ordenanza
El proceso para la puesta en marcha de esta iniciativa normativa comenzará el lunes 29 con la aprobación en Junta de Gobierno del proyecto de ordenanza. Además de esto y en la misma fecha se firmará una Resolución de Alcaldía para la declaración de servicio público. Se abrirá entonces un periodo de 10 días hábiles para la presentación de sugerencias al proyecto de texto, a través de la página web municipal. De forma paralela, el Ayuntamiento, a través del área de Acción Comunitaria, organizará encuentros con todas las asociaciones y entidades sociales que trabajan en materia de integración y de vivienda para explicar de primera mano la ordenanza y recoger aportaciones.
El siguiente paso será la creación de una comisión técnica que analizará las aportaciones recibidas y elaborará una memoria. Esa memoria acompañará el trámite para la aprobación inicial de la Ordenanza que se prevé para el Pleno del 5 de marzo. En esa misma sesión se llevarían a votación otros dos requisitos clave: la declaración de servicio público y la aprobación inicial de la ordenanza fiscal que fije los precios públicos.
Cumplidos estos trámites, la ordenanza se someterá a exposición pública para la presentación de alegaciones a las que se dará cumplida respuesta antes de que el expediente llegue a las respectivas comisiones para su debate. La aprobación definitiva por parte del Pleno, que se prevé para el mes de junio, sería el paso previo a la entrada en vigor que se daría con la publicación de la nueva ordenanza en el BON.
