El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo han sellado este lunes un protocolo histórico e inédito hasta el momento para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos hayan prescrito. La nueva vía de reparación para los casos en los que ya no es posible la vía judicial entrará en funcionamiento el 15 de abril. Las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) y que por tanto ya han sido indemnizadas después de que sus fueran evaluados, podrán recurrir ahora al nuevo mecanismo mixto para que se revisen dichas indemnizaciones. Esta era una de las líneas rojas señaladas por las asociaciones de víctimas y que la Iglesia ha puesto obstáculos hasta última hora.

La asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra (AVIPIREN) ha considerado que "suena bien la música" del nuevo protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos hayan prescrito, pero también ha pedido que haya "una única vara de medir para todos los casos". "En principio todo es muy reciente. La música suena bien. Entendemos que era algo necesario, la firma de este acuerdo, para dar amparo a mucha gente que se había quedado desangelada y con ganas ya de cerrar su capítulo", ha declarado a Efe el portavoz de AVIPIREN, Mikel Eziolaza

Otras organizaciones como Justice Initiative España (ONG apoyada por la Fundación Guido Fluri ), ANIR (Asociación Nacional Infancia Robada), AVA (Asociación de víctimas de Navarra) y LULACRIS (Asociación contra los abusos sexuales en la infancia) también ha expresado su "firme respaldo y satisfacción" ante la firma del protocolo que pone en marcha el nuevo sistema de reconocimiento y reparación. Consideran que, para las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, este paso "dota de herramientas tangibles al histórico acuerdo alcanzado el pasado 8 de enero, consolidando una vía de justicia para aquellos casos donde la vía judicial ya no es posible".

Por su parte, Eziolaza ha señalado que se han matizado "algunos detalles". "Parece que va a haber esa comisión mixta en la que se van a poder incluso volver a valorar los casos de las personas que habían pasado por el PRIVA. Pero bueno, a mí me surge también una pequeña duda, y es que hablan de que no hay baremos. Entonces, eso tiene bastante riesgo también de que no sea objetivo y que puede haber agravios comparativos", ha comentado.

"Que haya mayor objetividad en la baremación, al menos será más independiente"

"Siempre habíamos dicho que era arbitrario, poco transparente. Esperamos que con este nuevo acuerdo y por medio del Defensor del Pueblo haya mayor objetividad y, desde luego, que haya una única vara de medir para todos los casos", por lo que ha considerado "bastante positivo" el hecho de que con este protocolo el mecanismo "sea más independiente" y participe el Estado. "Antes era muy de parte. Habrá que dar un voto de confianza a esta nueva comisión mixta. Vamos a darle tiempo, que se ponga en marcha, y veremos a ver cómo van saliendo las valoraciones, las actuaciones que vayan haciendo", ha apuntado no sin reconocer que está "también expectantes un poco sobre el funcionamiento".

Eziolaza ha felicitado a Gabilondo por las palabras que le ha escuchado en la firma del acuerdo en el sentido de que le ha escuchado hablar de una reparación integral para las víctimas. "Creo que ya era hora de quitar el foco de la reparación económica y hablar más de reparación integral, porque hay gente que no puede rehacer su vida. Esto no es solo cuestión de dinero, sino de apoyo psicológico, de ayudas a personas que tienen algún tipo de incapacidad después de aquello...".

Por su parte y por medio de un comunicado, Justice Initiative España ha subrayado que la estructura operativa definida refleja el espíritu de la Recomendación 2533 del Consejo de Europa impulsada por ellos, que insta a los Estados a reconocer y reparar de forma integral el maltrato infantil y la violencia sexual.

Garantes de que las diócesis respondan a las víctimas

Así, destacan la importancia de que el nuevo protocolo reconozca el liderazgo de las víctimas al permitir que sean ellas quienes elijan entre el mecanismo mixto o el sistema previo (PRIVA), garantizando su autonomía en el proceso. También celebran el arbitraje del Defensor del Pueblo de modo que, en caso de disconformidad entre las partes, prevalezca la valoración realizada por la institución que dirige Ángel Gabilondo, asegurando la imparcialidad. Como también por el hecho de que la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos actúen como garantes finales de las medidas reparadoras, asegurando que ninguna víctima quede desamparada por la falta de respuesta de una diócesis o instituto concreto.

Para la fundación, la creación de una comisión mixta, con representación de las asociaciones de víctimas, "es un paso decisivo hacia la transparencia y la escucha activa". No obstante, ha advertido de que seguirá de cerca el funcionamiento del sistema para certificar su cumplimiento efectivo: "No descansaremos hasta asegurar que la reparación llegue a cada superviviente de manera digna y ágil", ha subrayado.