pamplona. Varias decenas de viajeros de la Comunidad Foral que en el pasado puente se quedaron sin poder volar a sus destinos y, por tanto, sin vacaciones o el cometido oportuno por el que fueran a viajar durante esas fechas, ya han empezado a dirigir sus reclamaciones a bufetes de abogados de Pamplona en busca de emprender las acciones legales pertinentes para, además de recibir el reingreso de sus viajes, solicitar los daños morales que les resarzan de esta situación.

Sólo en el despacho de Pamplona de la firma Cremades & Calvo-Sotelo aseguran que ya se han dirigido hasta un centenar de afectados navarros a ellos dispuestos a formar parte de la demanda colectiva que se planteará por este caso. El mismo despacho de letrados asegura que en las últimas horas han contactado a nivel nacional con ellos hasta 5.500 afectados. De momento, se están estudiando las vías judiciales hábiles para formular una demanda colectiva, pero el proceso se ha iniciado con una reclamación masiva por parte de los perjudicados, aunque muchos otros no conocen todavía ni los derechos que les asisten en estos casos. De momento, se abren aquí unos procedimientos que cuentan con plazos de un año.

En muchas de las afecciones existentes, los propios viajeros que no pudieron volar debido al abandono de los controladores ya han recibido el importe de los vuelos que contrataron de parte de las agencias de viaje, quienes a su vez serán abonadas por los touroperadores. De esta manera, se reclamará conjuntamente a Aena por parte de particulares y agencias para los paquetes turísticos contratados que se han quedado sin efecto. También se pueden unir a esta demanda aquellos que hayan contratado por Internet y por separado el viaje y la estancia y no la pudieron disfrutar.

Desde Cremades & Calvo Sotelo estiman que todos los perjudicados tienen como elemento común "el haber sufrido una serie de perjuicios graves ya irreparables y que, según ha estimado este bufete, merecen un resarcimiento por daño moral inicialmente estimado en 10.000 euros".

La vía judicial directa para la solicitud de una indemnización se referiría a la posibilidad de recibir una indemnización por el mal funcionamiento de los servicios ofrecidos por el Estado. El procedimiento, en caso de recibir una negativa administrativa, abriría la posibilidad de un proceso judicial por la vía Contencioso-Administrativa, en este caso contra Aena y Fomento, quienes po-drían solicitar la responsabilidad civil subsidiaria de los controladores, personas individuales que ejecutaron una acción masiva de abandono y que ocasionaron finalmente los daños económicos y morales.

Otra de las alternativas que se plantea para los afectados, sin necesidad de abogado y procurador y, por lo tanto, una vía menos costosa, sería la de ejercer la acción civil en un proceso penal, es decir, pedir la responsabilidad derivada del presunto delito cometido. La Fiscalía ya anunció su intención de pedir ocho años de prisión para la cúpula de los controladores por sedición y cuando se formalicen las diligencias que ocasionen la apertura de un juicio contra esos controladores, los particulares afectados podrían remitir al juez un escrito señalándose como perjudicados en ese proceso penal incoado.

La Fiscalía Superior de Navarra ya ha iniciado una investigación de oficio (no existen denuncias) para determinar si existe alguna responsabilidad penal en el comportamiento de los controladores de Noáin, que sí acudieron a sus puestos de trabajo.