pamplona. No van a una escuela tradicional ni tienen asignaturas, profesores y libros de texto. Tampoco les mandan tareas para casa ni se enfrentan a exámenes. Dieciséis niños y niñas de entre 3 y 12 años reciben una educación alternativa en un centro que no tiene autorización del departamento de Educación. Los responsables de la Fundación Laura Luna, impulsoras de este centro situado en un antiguo monasterio de Gazólaz, afirman que el departamento conoce su proyecto, al igual que Fiscalía. Desde Inspección Educativa se asegura que les denegaron el permiso aunque de momento nadie ha intervenido, algo que no descarta hacer la directora de Ordenación, Innovación y Calidad, Teresa Aranaz. "Si no tienen autorización habrá que intervenir, ya que la LOE obliga a estar diez años escolarizados", afirma.
Este Centro Para Actividades Autónomas (Cepaa), único en el Estado, sigue el modelo de educación activa ideado hace tres décadas en Ecuador por el matrimonio Rebeca y Mauricio Wild. Los encargados de implantar este método en Navarra son Olga Arnedo y Javier Nuin quienes, tras reflexionar durante nueve años, decidieron ponerlo en marcha en 2008. "Aportamos una opción educativa individualizada. Respetamos el ritmo de aprendizaje, no les imponemos ni dirigimos sino que desde la curiosidad innata los niños aprenden las habilidades que necesitan", explica Arnedo, que añade "primero deben tener una necesidad (leer, sumar...) y una vez que la tienen debemos garantizarle el espacio donde encuentren lo que necesitan".
distintos espacios El interior del monasterio de Gazólaz, que le cedió el Arzobispado a cambio de tenerlo rehabilitado, está dividido en diversos espacios (cálculo, lectura, ciencias, música...) y son los niños quienes eligen dónde estar, cuánto tiempo y qué hacer en esa zona determinada. "Tienen la libertad de hacer lo que quieran porque cuando a uno se le obliga a hacer algo le cuesta más. La curiosidad les lleva a querer aprender todo", explica Arnedo.
En su opinión, cada vez son más las familias que discrepan del sistema oficial, "con un alto fracaso escolar", y buscan otras alternativas. "Para desarrollar nuestro modelo se necesita una gran implicación familiar. Deben venir a una reunión semanal para que haya coherencia entre la educación del centro y la de casa", destaca Arnedo, que asegura que muchos padres y madres están en el centro haciendo una labor de acompañantes "pero sin interferir en el proceso de aprendizaje".
El objetivo de esta fundación es lograr el reconocimiento legal del modelo de educación activa. "En Cataluña y Andalucía existen otras iniciativas de educación alternativa y se está avanzando aunque aún no hay reconocimiento legal. Aquí estamos trabajando en ello y esperamos conseguirlos", apunta Arnedo.
¿Y qué ocurre cuando los niños y niñas llegan a los 16 años? "En la actualidad, si quieren seguir estudiando, deben pasar una prueba para acceder al sistema oficial, pero nosotros pedimos que no haya que pasar pruebas oficiales ya que nuestra educación capacita igual que la oficial", asegura la fundadora del centro, que destaca que "en Ecuador muchos de los alumnos que han ido a nuestros centros han ido a la universidad".
¿Cómo está la situación legal? La Constitución reconoce el derecho a la educación pero no habla de la escolarización obligatoria, sin embargo, la LOE establece que los niños deben estar diez años escolarizados (de 6 a 16 años). En España, más de un millar de alumnos se educan fuera de la escuela, bien en casa o en otros centros alternativos. La última sentencia del Constitucional denegó el derecho a dos familias a educar a sus hijos en el hogar, algo que si aceptan otros países. Sin embargo, deja la puerta abierta a que en algún momento el legislador acepte esa forma alternativa de educación. Y esta es la esperanza de la Fundación Laura Luna.
Por su parte, Inspección Educativa denegó la petición de abrir dicho centro pero de momento el departamento no ha intervenido. Pero lo harán si no tiene autorización, afirma la directora general Teresa Aranaz. "No estamos cuestionando el tipo de educación que se preste en las familias lo que cuestionamos es que legalmente no tiene cabida en nuestro ordenamiento".
