este próximo martes se cumplirán cuatro años desde que ETA, en un escueto comunicado, anunciara el fin de su actividad armada. Cuatro años en los que el proceso de pacificación y normalización política ha recorrido un camino escarpado. Estaba claro que los pasos siguientes tras aquel anuncio no iban a ser nada sencillos, pero lo cierto es que la lentitud ha sido la principal característica de un proceso que, lejos de avanzar hacia su culminación, por momentos parece estar completamente estancado.
Desde el Gobierno español, Mariano Rajoy no ha movido ficha en ningún momento fiando el final de ETA a la actuación policial. La última operación se saldó con la detención en Baigorri de David Pla e Iratxe Sorzabal, dos de las tres personas que el 20 de octubre de 2011 pusieron voz al comunicado de ETA, operación a la que siguió, semanas después, el arresto de Egoitz Urrutikoetxea, hijo de Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera. Por parte de ETA, el 21 de febrero de 2014 hizo público un vídeo en el que dos miembros de la organización entregaban a Ram Manikkalingam, líder de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), un mínimo material. Lo que se pretendía ser un gesto de calado por parte de la organización armada, concitó el rechazo de la mayor parte de las fuerzas políticas que vieron en aquella actuación una pequeña pantomima. Meses después, en julio del año pasado, ETA anunciaba en un comunicado que había procedido al “desmantelamiento, ya culminado, de las estructuras logísticas y operativas derivadas de la práctica de la lucha armada”.
A juicio del secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, el proceso, en lo referente al final ordenado de la violencia, vive una situación de bloqueo. “Han confluido por una parte el inmovilismo del Gobierno español, que se ha negado a acordar con las instituciones vascas una política de paz y convivencia y, por otro lado, hay una parálisis de ETA y su entorno para continuar avanzando en su proceso unilateral”, asegura.
Plan desde Lakua ¿Y ante esta coyuntura, qué? El Gobierno vasco intentó desencallar la situación mediante un Plan de Desarme presentado en diciembre de 2014. El plan consistía en la creación de un Comité para el Desarme con representantes de la sociedad y las instituciones vascas -del Foro Social y del Ejecutivo vasco- e internacionales -el Comité Internacional de Verificación, que preside Ram Manikkalingam-. Ese comité debería ser, según la propuesta lanzada por Lakua, el receptor de la información con la localización de los almacenamientos de armas y explosivos de ETA. Reclamaba a su vez a la organización que estos almacenamientos fueran “localizables y seguros” para la población. El Comité de Desarme pondría en manos del Gobierno vasco dicha información para que este actuara como “legalmente proceda”.
Ante esta propuesta del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, las dos partes implicadas, ETA y el Gobierno español, dieron la callada por respuesta. El Gobierno del PP porque considera que ETA es ya un problema amortizado y mantiene su apuesta por una solución policial. Buen ejemplo de ello es el último desaire al PP de la CAV ante su iniciativa de crear una nueva Ponencia de Libertad y Convivencia en el Parlamento Vasco con el fin de dar cabida a todos los grupos representados en la Cámara de Vitoria. Una desautorización que ha acabado con la dimisión de la líder de los populares vascos, Arantza Quiroga.
Por parte de ETA, y sabedora de que el Gobierno de Mariano Rajoy no se va a mover un ápice de sus posiciones, la organización armada ha fiado toda su estrategia a que el próximo 20 de diciembre las urnas den un varapalo al PP y en Moncloa se instale un gobierno más propicio a mantener un diálogo que ponga un fin ordenado a su andadura. Mientras tanto, ETA no ha dado un paso más en su desarme, de la misma manera que no se atisba en un futuro próximo un anuncio taxativo en el que de cuenta de su disolución.
Pese a esta situación de impasse, el Gobierno de Iñigo Urkullu mantiene firme su apuesta, tal como señala Jonan Fernández. “Es verdad que no ha habido contestación, pero la propuesta sigue estando vigente por nuestra parte. De hecho, presentaremos al nuevo Gobierno español que salga de las elecciones de diciembre una propuesta de desarme y final ordenado. Hemos dicho que estamos dispuestos a coliderar un esfuerzo internacional en materia de desarme, pero si es para darle un carpetazo definitivo. No estamos dispuestos a operaciones a plazos. Es la hora del carpetazo definitivo y si es para eso, el Gobierno vasco está dispuesto a arriesgar”, asevera a este periódico el secretario de Paz y Convivencia.
Entrega de armas y disolución Y es que, el Gobierno español mantiene dos premisas de las que no se ha movido ni un milímetro: entrega de armas y disolución de ETA. Sin embargo, a lo largo de los últimos 50 años, de la mayor parte de grupos armados que han actuado en Europa, o por lo menos los más significativos, pocos son los que han anunciado de forma oficial su disolución.
El caso más paradigmático es el del IRA provisional. Tras los acuerdos de Viernes Santo de 1998, el IRA provisional decidió abandonar la actividad armada. En ese caso tampoco se vivió un camino de rosas y no fue hasta el 3 de septiembre de 2008, diez años después, cuando oficialmente se consideró al IRA provisional una organización desmantelada, cuyo Consejo Armado ya no estaba operativo. Sin embargo, el IRA, de una forma oficial, nunca ha anunciado su disolución. En una entrevista concedida a DIARIO DE NOTICIAS en junio de 2012, Conall McDevitt, diputado norirlandés que había tomado parte en las negociaciones del Acuerdo de Viernes Santo como asesor de John Hume, explicó las razones por las que, en su opinión, el IRA no daba este paso: “Tienen a honra que no fueron vencidos por el ejército británico. Dicen: estamos aquí, pero de forma pacífica. Estarán hasta el final, y el final será cuando muera el último de sus voluntarios”.
Otra organización que tampoco anunció oficialmente su disolución fueron las Brigadas Rojas. Nació en 1969 en Italia y resulta claro que es ya parte de la historia de ese país. Sin embargo, en el Congreso de Memoria y Convivencia organizado en Euskadi en 2012, Adriana Faranda, que formó parte de la dirección de las Brigadas Rojas y participó en el secuestro y asesinato de Aldo Moro en 1978, dejó claro de forma taxativa que “las Brigadas Rojas ni se disolvieron ni entregaron las armas”.
En Italia funcionó lo que los analistas denominaron proceso de disociación. Fue un sistema pensado por un grupo de militantes de organizaciones armadas encarcelados por el que renunciaban a la lucha armada y confesaban sus delitos, pero sin denunciar ni implicar a ninguno de sus excompañeros y sin renunciar a su ideología, lo que les distinguía de los denominados arrepentidos y de quienes colaboraban con la Policía para reducir sus condenas.
IRA provisional y Brigadas Rojas son dos grupos que dejaron su actividad armada, pero que no han llegado a anunciar de forma oficial su disolución. En el lado opuesto se sitúan la Baader-Meinhof y ETA (pm). La Facción del Ejército Rojo (RAF), también conocida como Baader-Meinhof por el apellido de sus dos componentes más significativos, Andreas Baader y Ulrike Meinhof, surgió a principios de la década de los 70 del siglo pasado como una organización armada dispuesta a “combatir el sistema capitalista y el imperialismo de EEUU”.
En mayo de 1976, Ulrike Meinhof, periodista e ideóloga de la organización, aparecía colgada de su celda en la prisión de Stammheim. Un año después, en octubre de 1977, aparecían muertos en sus celdas los otros tres principales dirigentes de la RAF, Andreas Baader, Gudrun Ensslin y Jan-Carl Raspe, fallecimientos todos ellos ocurridos en extrañas circunstancias. La RAF, sin embargo, siguió viva hasta el 20 de abril de 1998. Aquel día envió un fax a la Agencia Reuters que decía: “Hace casi 28 años, el 14 de mayo de 1970, la RAF surgió en una acción de liberación. Hoy finalizamos este proyecto. La guerrilla urbana en la forma de la RAF es ahora historia”. La nota terminaba con una cita de la teórica marxista Rosa Luxemburgo: “La revolución dice: yo soy, yo fui, yo seré”. La RAF se disolvió, pero nunca entregó las armas.
Por lo que respecta a ETA (pm), el 30 de septiembre de 1982 los dirigentes de esta organización anunciaron su disolución en Biarritz. En una rueda de prensa a cara descubierta, Luis Emaldi Mitxelena, Josu Sánchez, Joseba Aulestia, Fernando López Castillo, Miren Lourdes Alkorta, Juan Manuel Goiburu y Juan Mari Ortuzar fueron los encargados de dar carpetazo a los polimilis. Aquella comparecencia llegó precedida de un gran trabajo de cocina en el que tomaron parte, entre otros, Juan José Rosón, que era ministro del Interior en el Gobierno de UCD; Manuel Ballesteros, jefe policial; Mario Onaindia y Juan Mari Bandrés, entonces dirigentes de Euskadiko Ezkerra; y el abogado Juan Infante, que representaba a Juan Manuel Goiburu y Fernando López Castillo.
Infante, pasados ya 33 años de la decisión adoptada por los polimilis, mantiene serias dudas de que hoy en día fuera posible un hecho similar con ETA. “No sé si ahora funcionaría. Entonces hubo una confianza mutua entre los miembros del Gobierno español y los dirigentes de Euskadiko Ezkerra, que tenían una tremenda influencia personal y política con los dirigentes de ETA (pm). Se vio que no plateaban la disolución como un truco. Hoy en día no existe ninguna vía de contacto que lleve a pensar que se podía repetir una cosa así”, señala. A juicio de este abogado, la disolución allanaría el camino a los presos. “Considero que si ETA se disolviera probablemente los poderes del Estado español abrirían posibilidades para zanjar en buena medida el problema de los presos”, afirma.
Por contra, en el lado opuesto de la balanza, Patxi Zabaleta, ex coordinador general de Aralar, asegura que es precisamente el problema de los presos lo que impide que ETA proceda a su disolución. “Mientras haya gente condenada por su militancia en una organización en concreto, ésta no puede disolverse”, señala.
Zabaleta insiste en la tesis -“que ya sé que no es compartida por la inmensa mayoría”- de que ETA no debe disolverse y sí reconvertirse en una organización civil. “Hay que recordar que en su origen ETA era una organización civil con motivación política, y aunque luego a lo largo de su historia han cometido tragedias, injustas por supuesto, en su origen era una organización política y civil. Ahora considero que ETA debe reconvertirse en una entidad civil y por eso creo que fue un error que David Pla e Iratxe Sorzabal estuviesen armados en el momento de su detención. Ya no es hora de portar armas”, asegura totalmente convencido.
Desde el Gobierno vasco, Jonan Fernández se muestra tajante sobre lo que debe ser el futuro de ETA: “El planteamiento es desarme y desaparición, o disolución, nos da igual. Desarme y desaparición. La persistencia de las siglas ETA en la sociedad no es compatible con la memoria de las víctimas y con el recuerdo de lo vivido”.
Situación de los presos Lo cierto es que el problema de los presos subyace en el futuro de ETA. A medida que pasan los años, su situación se convierte en un asunto enquistado al que no se acaba de encontrar una solución. Según los datos que aparecen en la página web de Etxerat, la asociación de familiares de presos vascos, en la actualidad hay 325 reclusos en cárceles del Estado español, a los que hay que sumar otros tres que se encuentran bajo arresto domiciliario debido a su estado de salud. A estos reclusos en cárceles españolas se añaden 94 que están cumpliendo condena en prisiones del Estado francés, otro encarcelado en Alemania y uno más en Portugal. Además, y aunque no aparecen en el listado de Etxerat, otros diez reclusos acogidos a la vía Nanclares cumplen condena en la cárcel de Zaballa.
