Pablo Azcona (Geroa Bai), Mikel Buil (Podemos) y Marisa de Simón (I-E) serán los tres parlamentarios navarros encargados de defender la modificación de la Ley Electoral en el Congreso, que acoge mañana el debate.

La Cámara Baja ha calendarizado ya el debate, que era el último paso pendiente de una iniciativa que se remonta, por lo menos, a finales de 2019.

Concretamente, el Congreso acoge a partir de las 15.30 horas el debate y las intervenciones de los navarros. De todos ellos, el que tendrá más peso será Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai que ha llevado el tema con experiencia en el mundo local, tanto como alcalde del Ayuntamiento de Lodosa como desde la presidencia de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC).

Los parlamentarios forales viajarán por la mañana a Madrid, participarán en el debate y harán noche en la capital, porque la votación de la iniciativa no se espera hasta, mínimo, las ocho y media de la tarde.

La iniciativa viene de lejos, de una propuesta de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra en 2019. El texto solicita modificar parcialmente la Ley Electoral y la Ley de Financiación de Partidos en lo referido al régimen de sanciones por exceder el límite de gastos electorales para las agrupaciones de electores.

¿Esto qué significa? La ley establece un límite de gasto electoral para las agrupaciones de electores o partidos municipalistas de 0,11 euros por habitante si se presentan en una única circunscripción. Un exceso del 10% en este "exiguo límite de gasto" conlleva, con la ley actual, una sanción mínima de 50.000 euros. Algo que carece de sentido, porque, por ejemplo, en una población de 1.000 habitantes, el límite de gasto electoral es de solo 110 euros.

Esta situación impide que muchas agrupaciones se animen a presentarse y, sobre todo, que aquellas que se presenten tengan derecho a una campaña electoral mínima. En 2015, 57 agrupaciones excedieron en Navarra el límite de gasto y fueron sancionadas.

Entre todas sumaban un exceso de gasto de 56.000 euros. Por eso, la modificación pide a futuro que no se ejecuten tampoco las sanciones ya impuestas a esas 57 agrupaciones.