Se fuga el menor que mató a un matrimonio en el bilbaíno barrio de Otxarkoaga
El condenado por el doble homicidio de un matrimonio octogenario no ha regresado tras gozar de un permiso
La Ertzaintza y otras policías estatales buscan desde este viernes a un menor fugado del centro de Ibaiondo, en Zumarraga, implicado en el doble homicidio hace tres años de una pareja de octogenarios en su piso del barrio bilbaíno de Otxarkoaga.
El menor gozaba de un permiso de jueves a viernes, día en el que estaba previsto que regresara al centro cerrado. Su ausencia ha motivado la orden de búsqueda de este joven, que deberá permanecer internado durante seis años por su implicación junto a otro menor en el doble homicidio que acabó con la vida de Lucía y Rafael, de 87 años.
El inculpado tenía 14 años cuando ocurrieron unos hechos. El caso fue considerado como el más grave en la historia reciente del crimen protagonizado por menores. El anciano murió a causa de los golpes en la cabeza perpetrados por un objeto contundente y la mujer de una puñalada en el corazón.
Los dos chicos asumieron los hechos en el juicio celebrado entre el 13 y el 21 de septiembre de 2018, aunque uno de ellos negó que hubiera matado al matrimonio. Los seis años de internamiento suponen la pena máxima que prevé la Ley del Menor para jóvenes infractores de entre 14 y 15 años.
Los hechos ocurrieron entre las 9.00 y las 10.00 horas del 18 de enero de 2018, cuando los dos menores accedieron por la ventana al domicilio de Lucía y Rafael, ubicado en la calle Zizeruena, con intención de perpetrar un robo. Una vez dentro, golpearon violentamente y atacaron con varias armas blancas a los dos ancianos, que no pudieron oponer resistencia.
La Ertzaintza incautó varios cuchillos y encontró numerosas huellas dactilares que facilitaron el arresto de los dos menores de 14 años. Posteriormente se detuvo a un tercer joven, vecino de las víctimas, cuya participación pasó de considerarse secundaria en un inicio a ser juzgado como inductor de los hechos.
Tras cumplir la pena, la resolución recoge que deberán estar vigilados durante tres años. Asimismo, deberán responder "solidariamente" al pago de la indemnización por responsabilidad civil a los herederos de las víctimas por valor de 66.239 euros.
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