ivimos en sociedades cada vez más complejas e interconectadas donde los cambios se suceden a gran velocidad y de forma casi simultánea en todo el planeta, poniendo a prueba nuestra capacidad, como administraciones públicas, de adaptarnos a las nuevas demandas y necesidades de la ciudadanía.

La covid-19 constituye el mejor ejemplo, extremo pero muy significativo, porque afecta a todos y todas, personas, instituciones, empresas, entidades sociales€independientemente del lugar del mundo en el que se encuentren.

Nuestra vida, en sólo unos meses, ha dado un giro copernicano. La forma de trabajar, de realizar trámites y gestiones, nuestras relaciones sociales y familiares, los desplazamientos, la compra, el ocio, el cuidado personal€ todo ha cambiado, incluso la forma de morir.

En el ámbito social no somos ajenas a esta rápida trasformación, especialmente ahora, y las consecuencias que tiene para las personas, sobre todo las más vulnerables y aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión social, o se acercan peligrosamente a ese abismo, a raíz de la crisis desencadenada por la covid-19.

Tenemos una gran responsabilidad porque lo que hagamos o dejemos de hacer tendrá consecuencias directas sobre la calidad de vida de las personas y sobre la salud de nuestra sociedad. Marcará el camino hacia una sociedad más cohesionada, igualitaria e integradora, donde la diferencia es percibida como una riqueza, o en sentido contrario.

Necesitamos más que nunca estar vigilantes, ser ágiles a la hora de ofrecer respuestas y soluciones, pensarnos desde nuevos paradigmas más inclusivos.

Desde el Departamento de Derechos Sociales nos hemos propuesto, a través del Observatorio de la Realidad Social, fomentar la cultura de la innovación social, no sólo en la administración pública, también en el Tercer Sector que tanto aporta a nuestro trabajo, y la empresa privada, colaboradores ambos imprescindible en la ejecución de nuestras políticas sociales. Para contribuir a ello y remover los obstáculos que se puedan encontrar en el camino a la innovación, no sólo debemos generar las condiciones que lo hagan posible, también dotarnos de herramientas como la "Guía para la Innovación en el ámbito de los Servicios Sociales", que acabamos de presentar. Este trabajo, para el que hemos contado con un plantel de expertos reconocidos en distintos campos de la acción social y de la innovación, nos aporta no sólo reflexión y marcos teóricos sobre la innovación, también metodologías para guiar y ordenar los procesos de innovación y trazar con mayor precisión el mapa sobre el que queremos actuar.

En nuestro caso concreto, nos aportan luz sobre los grandes retos que tenemos planteados en el Departamento en el ámbito de los Servicios Sociales.

Por citar sólo algunos: diseñar alternativas al actual modelo residencial, con unidades de convivencia más pequeñas y donde tengan cabida propuestas como el cohousing y las viviendas colaborativas; atender el incremento de la demanda de los cuidados de larga duración en el caso de mayores y discapacidad; implantar la historia social única, que nos aporte una visión integral de la persona y nos permita diseñar una intervención "a la medida", además de ser más eficaces; la extensión del modelo de atención centrado en la persona, porque cada persona es única y tiene el derecho a decidir cómo quiere ser tratada; poner en marcha procesos de intervención social más dialógicos, integrando al conjunto de la comunidad, y que han logrado tan buenos resultados en países como Finlandia; adecuar nuestra oferta formativa a nuevos sectores emergentes de actividad económica o impulsar la integración de las personas con más dificultades para acceder al mercado laboral. No olvidamos la atención a la infancia y la prevención para evitar intervenciones más complejas en el futuro, con un coste personal y social.

A estos retos se suman otros trasversales, como la brecha digital entre quienes tienen acceso a las nuevas tecnologías y conocimientos sobre su uso y quienes no lo tienen; el aumento del sobreenvejecimiento y el consiguiente incremento de la demanda de cuidados y profesionales que los provean; la pobreza y la desigualdad social; los cambios en las estructuras familiares; o la despoblación del medio rural, lo que dificulta la prestación de servicios a las personas que siguen viviendo en los pueblos y, por tanto, la permanencia en su lugar de origen.

No buscamos, ni tenemos soluciones mágicas, pero sí claves para repensar un sistema de protección social más eficaz y acorde a estas necesidades identificadas, especialmente en estos tiempos de covid-19. Y no obligatoriamente hacen falta más recursos, quizá se trate de utilizar de una forma distinta los que ya tenemos.

Puede que etapas como esta, de quiebra de tantas seguridades y certidumbres cogidas con pespuntes, de búsqueda de respuestas a muchos porqués, nos hagan más permeables a nuevas propuestas y nos permitan colocar la innovación en el centro de nuestro quehacer político.

Mirémoslo en términos de oportunidad para mejorar la vida de muchas personas. Especialmente esas que se mueven por los límites o los márgenes del sistema. Porque ninguna estamos a salvo de transitar un día por ellos.

Y para este apasionante proyecto que es construir el futuro necesitamos mentes abiertas y creativas, equipos multidisciplinares y propuestas innovadoras gestadas desde procesos en los que las personas puedan participar en la solución al problema que les afecta.

No andábamos tan desencaminados cuando recogimos todas estas cuestiones en nuestro Plan Estratégico de Servicios Sociales. En él se señalaba que la propia naturaleza comunitaria de los servicios sociales, la complejidad social, la aceleración de los cambios sociales, la tradición histórica de presencia y colaboración del sector público y del tercer sector en los servicios sociales, así como las oportunidades creadas por las tecnologías digitales, entre otros factores, aconsejan trabajar en clave de innovación pública e innovación social. Es decir, la suma de un nuevo liderazgo de los poderes públicos como garantes de derechos y dinamizadores inteligentes de agentes diversos, así como coproducción y sinergia entre organizaciones del tercer sector, acción voluntaria, autoorganización comunitaria, participación ciudadana, emprendimiento social, empleo de calidad e industria tecnológica.

Los poderes públicos, por tanto, al frente del sistema público de servicios sociales, no pueden suponer que otros agentes crearán y pondrán a su disposición el conocimiento (ético, científico, técnico o práctico) necesario para la provisión de los servicios sociales sino, como ha sucedido en el caso de otras grandes misiones colectivas, han de asumir el liderazgo en la generación de ese ecosistema plural, colaborativo, participativo e innovador que resulta imprescindible para construir la intervención social que se necesita.

Como dijo Einstein: "Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo". En ello estamos.

Consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra