Políticos que acusan a políticos

la acusación particular, una figura jurídica controvertida e inexistente en europa, permitirá a vox tener a la vez un altavoz en el juicio y en la campaña electoral

08.02.2020 | 19:20
Oriol Junqueras, el acusado con la petición de pena más alta.

Doce políticos sentados en el banquillo de los acusados y el secretario general de un partido rival en la bancada de las acusaciones. La imagen, servida hoy en la segunda sesión del juicio del "procés", apenas extraña en España, pero choca y mucho en el exterior.

Porque el ordenamiento jurídico español permite a cualquier persona y también a un partido político ejercer la acusación popular contra otro o, como ocurre en el caso del "procés", contra varios políticos rivales, sea o no perjudicado directo del supuesto delito, algo que no ocurre en el resto de los países europeos.

Y esa singularidad ha permitido impulsar importantes causas contra la corrupción, pero al tiempo conlleva, a juicio de buena parte de los juristas, el peligro de entremezclar justicia y política, con un resultado que puede ser inflamable. Así lo advirtió en 2016 Cándido Conde-Pumpido, actual magistrado del Constitucional, cuando formaba parte de la Sala de lo Penal del Supremo, la misma que juzga lo ocurrido en el proceso soberanista catalán y ante la que ha hablado hoy el abogado de Vox Pedro Fernández bajo la atenta mirada del secretario general de ese partido, Javier Ortega Smith, sentado a su izquierda.

En concreto, apuntó en referencia a las acusaciones de los partidos: "Esta práctica, desconocida en los sistemas penales de los países de nuestro entorno, conlleva, según la doctrina más caracterizada, un serio riesgo de judicialización de la política". El caso era el de Rita Bárbera y la acusación del PSOE. Y dos años después, ya en la denominada "causa especial 20907/2017", el Supremo se pronunció de nuevo sobre este asunto a raíz de que uno de los acusados, Jordi Cuixart, pidiera expulsar del procedimiento a Vox.

contienda política El Alto Tribunal argumentó que no podía hacerlo, pero dejó constancia por escrito de su rechazo a "trasladar al proceso penal la contienda política", y animó a los legisladores a corregir ese riesgo. Está fuera de duda el impacto que su presencia en el caso del procés ha tenido en la proyección pública de Vox, cuyo secretario general es su principal abogado en la causa. Y también está claro que, a medida que avance el juicio, ese aprovechamiento será aún mayor.

La presencia de los abogados de Vox junto a los de la Abogacía del Estado o los fiscales llama la atención fuera de España. Algunos de los corresponsales extranjeros han indicado que les interesa más contar la presencia de un partido populista y de ultraderecha en el juicio que el contenido del mismo. "Da la impresión de que no puede ser un juicio justo", en palabras de una periodista estadounidense.

La realidad es que la acusación popular no existe ni en Francia ni en Italia ni en Portugal. En Alemania, las acusaciones solo pueden adherirse a las peticiones de la Fiscalía. De hecho, en España, los legisladores la tienen en el punto de mira. Tanto el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 como la propuesta de Código Procesal Penal de 2013, elaborados por gobiernos de signo político diferente, prohibían expresamente el ejercicio de la acción popular por los partidos políticos.

Pero la reforma no ha salido adelante y son decenas los casos en los que los partidos acusan. Ocurre en Gürtel o en Lezo con el PSOE; con el PP en los ERE; con Podemos en el caso de los Pujol o en el caso Villarejo; o con Izquierda Unida en el caso de los papeles de Bárcenas y en su derivada por la destrucción de los ordenadores del PP. Es más, en el caso de los papeles de Bárcenas fue una denuncia de IU la que dio lugar al procedimiento, como ocurrió con UPyD y la salida a Bolsa de Bankia.

La cuestión es que el artículo 125 de la Constitución permite a cualquier ciudadano ejercer la acusación popular en un procedimiento penal. Y eso abre una vía que los partidos no dudan en utilizar. Ese ha sido el origen de buena parte de las causas abiertas para combatir la corrupción, como recuerda el magistrado Ignacio González Vega, portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia. "Limitarlo podría interpretarse como una forma de buscar inmunidad para los corruptos", declara.

También Raimundo Prado, de la Asociación judicial Francisco de Vitoria, incide en que, mientras exista el modelo procesal actual, la acusación popular "puede ser beneficiosa", como ha ocurrido en algunos casos.

Pero González Vega señala el caso del procés como ejemplo del riesgo que se corre. "Un partido puede hacer un uso torticero de la acusación popular y, en esta etapa de precampaña electoral, usar la tribuna que le da el juicio para hacer un discurso político. La presencia de Vox es una anomalía".