Washington - La emergencia nacional decretada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la construcción de un muro en la frontera con México sin el apoyo del Congreso es objeto de una demanda judicial que puede bloquear la obtención de fondos y ha enfrentado presión de varios sectores del país.
“La gran mayoría de estadounidenses sabe que no hay una emergencia nacional en la frontera. Trump ya dijo: ‘No necesito hacer esto”, indicó ayer en un comunicado el Comité Nacional Demócrata (DNC), el secretariado del partido de oposición.
En ese documento, el DNC citó varias encuestas que apuntan que una buena parte de los ciudadanos de Estados Unidos no considera que la decisión de proclamar ese tipo de declaración haya sido la correcta por parte del mandatario.
Entre otras, menciona un sondeo de la Radio Pública Nacional de EEUU (NPR, por sus siglas en inglés) publicado ayer y que apunta a que más del 60% de los estadounidenses no aprueban la orden ejecutiva de Trump para declarar la emergencia.
El mismo porcentaje opina que no existe una emergencia nacional en la frontera sur con México y que Trump “está abusando de su autoridad presidencial”, de acuerdo a los investigadores. “Todo lo relacionado con la declaración de esta emergencia nacional ha tenido un muy mal recibimiento de la opinión pública”, sentenció ayer Lee Miringoff, director del Instituto Marista para la Opinión Pública, encargado de realizar la encuesta de la NPR.
Más allá del aparente rechazo público, la decisión de Trump del pasado viernes ha sido ya disputada a nivel judicial. Una querella liderada por el fiscal general de California, el demócrata Xavier Becerra, fue interpuesta el lunes ante la corte del distrito norte de California, que en enero de 2018 ordenó a Trump que reactivara el programa DACA, el cual protege de la deportación a 690.000 jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores”, y siguiera recibiendo solicitudes de renovación.
A la acción judicial, se sumaron además los fiscales generales de los estados de Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón y Virginia.
Esta demanda de 16 estados puede abrir un proceso judicial que probablemente se alargará durante varios meses, durante los cuales se espera que el decreto de Trump permanezca bloqueado, por lo que la Casa Blanca no podría utilizar fondos que ha identificado para construir la barrera fronteriza.
Críticas Trump respondió ayer al requerimiento judicial con críticas a los estados que participan en él y recordó que ya había anticipado que esto ocurriría antes de firmar la declaración de emergencia nacional.
“Como predije, 16 estados, liderados principalmente por demócratas de frontera abierta y la izquierda radical, han presentado una demanda en, por supuesto, ¡el Noveno Circuito de California!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.
Ante los reproches del presidente, el fiscal Becerra reaccionó ayer en la misma red social advirtiendo a Trump de que la coalición que lidera seguirá trabajando para bloquear su orden. “Presidente Trump, sigue hablando... Nosotros continuaremos reuniendo pruebas para apoyar nuestra demanda contra ti”, dijo Becerra en su mensaje.
Por otro lado, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), entre otras organizaciones civiles, ha anunciado que interpondrá una demanda en los próximos días en contra de esta decisión, que ha calificado de “obviamente impropia”.
La declaración de “emergencia nacional” permite a los presidentes de EEUU acceder temporalmente a una potestad especial para hacer frente a una crisis, y Trump la firmó el pasado viernes al asegurar que hay una “invasión” de drogas y criminales en la frontera con México que justifica medidas extraordinarias.
Con ese decreto, Trump pretende reunir 6.600 millones de dólares desviados de distintas partidas ya aprobadas por el Congreso, que se sumarían a otros 1.375 otorgados por el poder legislativo para construir la barrera fronteriza.
La oposición demócrata considera la medida una interferencia “ilegal” en la potestad exclusiva del Congreso para determinar los presupuestos y hay informaciones que apuntan a que la mayoría de los demócratas en la Cámara Baja de EEUU presentará una resolución en contra de la declaración.
“Estamos demandando al presidente para evitar que robe unilateralmente los fondos de los contribuyentes legalmente reservados por el Congreso para la gente de nuestros estados”, anunció Becerra el lunes. Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, alegó que declarar una emergencia nacional cuando “no existe” es “inmoral e ilegal”, un abuso de poder”, calificó.
El Post-it
Potestad especial. La declaración de emergencia nacional permite a Trump acceder temporalmente a una potestad especial para hacer frente a una crisis. El viernes la firmó al asegurar que hay una “invasión” de drogas y criminales en la frontera que justifica medidas extraordinarias.
Usurpación. El desvío de los fondos de emergencias reales, lucha contra el crimen y proyectos de construcción militar “usurpa el poder del Congreso y perjudicará a los estadounidenses”, dicen los fiscales generales de 13 Estados.
Negocios con
el reino Saudí
Venta de tecnología nuclear. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja de EEUU anunciaron ayer una investigación sobre la relación del Gobierno de Trump con el reino de Arabia Saudí. Los legisladores justificaron el lanzamiento de estas pesquisas después de haber recibido varias informaciones que apuntan que altos funcionarios de la Casa Blanca han impulsado la venta de tecnología nuclear a Arabia Saudí. El comité reveló en un informe divulgado ayer que “ha iniciado una investigación para determinar si las acciones que está llevando a cabo la Administración de Trump son a favor de los intereses de la seguridad nacional de EEUU o si sirven para que algunos puedan lucrarse financieramente”. Para llevar a cabo la indagación, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el demócrata Elijah Cummings, envió cartas a varias personas y organizaciones involucradas en la promoción del supuesto plan, incluyendo la Casa Blanca, la CIA, y los Departamentos de Comercio, Defensa, Energía, Estado y Tesoro.
