pamplona - El president de la Generalitat, Quim Torra, apeló ayer a la movilización popular en la calle tras la celebración del juicio a los políticos independentistas en prisión. Defendió que el proceso judicial contra los líderes soberanistas es “una farsa instruida desde el Gobierno español que tiene la voluntad de destruir una idea y de descabezar el proceso independentista”, como dijo en su día la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, recordó.
Por este motivo, afirmó que, tras los juicios por el procés, habrá que dar una respuesta en el Parlament, y auguró unos meses en los que se producirá una “movilización permanente en defensa de los derechos civiles”. “Las marchas por los derechos civiles de los años 60 en EEUU cambiaron el país y aquí, cuando recibimos la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, la gente salió a las calles y cambiamos el país”, subrayó.
Así, “si al pueblo de Catalunya le parece que es una de las vías”, avaló que se convoque un paro similar a una huelga, aunque admitió que es prematuro valorar su idoneidad. Señaló asimismo que las decisiones que adopte el Govern que preside solo corresponden al propio Ejecutivo catalán: “Que nadie se atreva nunca jamás a insinuar que lo que hagamos en este Govern puede perjudicar a los presos políticos”.
Torra advirtió además de que tiene intención de culminar el proceso independentista: “Llegaré hasta el final. Mi único límite es el Parlament de Catalunya”. “Es el único al que debo lealtad y, por tanto, llegaré tan al final como el Parlament quiera llegar”, insistió. Agregó no tener miedo de la amenaza de la aplicación del artículo 155 y afirmó que no se ha planteado tener que exiliarse.
Precisamente ayer, el presidente español, Pedro Sánchez, defendió que el 155 es un “instrumento perfectamente constitucional y legítimo para volver a reubicar a Cataluña en el Estatuto y en la Constitución”. No obstante, consideró que no se han producido las circunstancias para tener que aplicarlo de nuevo, aunque “en el momento en el que se produzcan, el Gobierno lo hará”.
Por otro lado, el acto institucional de la Diada organizado por el Govern y el Parlament se celebrará el lunes, día 10, y reivindicará la “libertad de los presos políticos y exiliados” con una marcha por la libertad que encabezarán el president de la Generalitat, Quim Torra, y el del Parlament, Roger Torrent.
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugan, ha hecho una petición pública a la Generalitat de Cataluña para que retire los símbolos amarillos del independentismo de los edificios públicos, al tiempo que se muestra “preocupado” por el “deterioro” de la convivencia en esta comunidad autónoma y ha comenzado a dar trámite a las quejas sobre este asunto. Ya lo ha hecho con la de un ciudadano particular y está estudiando la presentada por Ciudadanos.
Además, el juez de Barcelona que investiga las cargas del 1-O ha citado como investigados a tres agentes de la Policía por su actuación en el referéndum, con lo que la cifra de agentes investigados se eleva a cuatro. - D.N.
