pamplona - La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, denunció ayer las “trabas legales que ha impuesto el Gobierno del Estado” a las distintas actuaciones impulsadas por el Ejecutivo foral para avanzar en el reconocimiento de las víctimas de la extrema derecha y de la Policía.

En respuesta a una pregunta de Bakartxo Ruiz (EH Bildu), Ollo subrayó que el Gobierno de Navarra “trabaja en la reparación de todas las víctimas”, “por la paz y la convivencia” y “por una gestión integral de la memoria”. Sin embargo, reconoció que en el seno del Ejecutivo “no pueden estar satisfechos” con los avances logrados en el reconocimiento de las víctimas de la violencia ultra y policial, debido precisamente “a las dificultades” que se están encontrando.

Al respecto, señaló que su Gobierno “no comparte” la sentencia de Tribunal Constitucional que suspendió casi en su totalidad la ley foral de 2015 de reconocimiento a víctimas de grupos de extrema derecha y funcionarios públicos. Como tampoco comparten el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que anuló la orden foral de 2017 que incluía una ayuda de 30.000 euros para la investigación de hechos violentos causados por la extrema derecha o la policía. No obstante, Ollo expresó su confianza en que el Parlamento foral apruebe la próxima semana una nueva ley que sustituya a la que tumbó el Constitucional. Además, anunció que va a recurrir el fallo del TSJN para que esta investigación pueda realizarse.

“La tortura y los malos tratos son un ejercicio de violencia ilegítima que nunca debió ocurrir y que requiere ser investigada”, consideró la consejera.

Bakartxo Ruiz compartió el contenido del mensaje trasladado por la consejera y coincidió con ella en denunciar “los obstáculos y prohibiciones para visibilizar, reconocer y reparar a las víctimas de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos”. La parlamentaria de EH Bildu, que recordó las trabas que también existen para esclarecer los sucesos de Sanfermines de 1978, lamentó que “en Navarra se la llevado hasta el límite la negación” de esta violencia.

“La consecuencia es que en Navarra hay una absoluta excepcionalidad en este tema y hay una prohibición casi insuperable para reconocer a estas víctimas”, continuó Ruiz, quien expresó su convencimiento de que “los poderes fácticos del Estado, incluido el pilar judicial, han decidido que no quieren reconocer otro tipo de víctimas y se les niegan los derechos, cueste lo que cueste, para mantener el relato único”.