PAMPLONA. El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Oran Bai, PSN e I-E y los votos en contra de UPN y PPN, una resolución por la que la Cámara "reitera su posición contraria a la modificación del artículo 135 de la Constitución y a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, exigiendo su derogación".
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, el Legislativo foral "muestra su rechazo más enérgico a la interpretación inflexible y restrictiva que el Gobierno del Estado hace de la citada normativa sobre de estabilidad presupuestaria, no permitiendo que Navarra pueda ejecutar los 77,5 millones de euros procedentes del superávit de las Cuentas Generales del año 2017". Este epígrafe ha prosperado sin el apoyo del PSN.
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, el Parlamento de Navarra declara que "en el ejercicio de sus competencias económico-financieras, Navarra tiene derecho a destinar los 77,5 millones de ese superávit a habilitar el gasto de las inversiones recogidas en la Ley Foral 19/2018, de 10 de octubre, por la que se aprobó el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles". El PSN se ha abstenido en este epígrafe.
Por último, se insta al Gobierno de Navarra a que "defienda ante el Gobierno del Estado los puntos anteriores, mostrando su protesta ante la restricción que impide a Navarra ejercer esas competencias". El PSN también se ha abstenido en este epígrafe.
Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai ha presentado cuatro enmiendas de modificación que, suscritas por Laura Pérez en nombre de cuatro parlamentarios de su formación, no han sido aceptadas por el cuatripartito, titular de la iniciativa. En las mismas se postulaba el "rechazo de todas aquellas iniciativas parlamentarias o actuaciones del Gobierno de Navarra que impliquen la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria"; y se cuestionaba la posición del Ejecutivo foral "por acatar la interpretación restrictiva del Gobierno central y no echar mano de su autonomía fiscal para ejecutar sin más dilación los 77,5 millones" pendientes.
En la exposición de motivos se emplaza a "defender las competencias económicas y financieras de Navarra para, frente a la interpretación más restrictiva posible que del marco jurídico sobre estabilidad presupuestaria y de la disposición adicional 116 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 realiza el Gobierno central, desde junio del año pasado gestionado por el PSOE, poder ejecutar los 77,5 millones de la Ley Foral de Inversiones Financieramente Sostenibles, dotada inicialmente con 113 millones".
El proponente, que tacha de "políticamente inaceptable" la posición del Gobierno del Estado, enfatiza su "rechazo a las limitaciones que desde Madrid se quieren imponer a la capacidad navarra de gestión" y subraya la relevancia de las inversiones "pendientes desde hace mucho tiempo" en áreas como "sanidad, educación, cultura o desarrollo económico".
