bilbao - El discurso del PP en contra del calendario de transferencias se está volviendo cada vez más difícil de sostener para los populares vascos. Después de que el partido aprobara en el Senado una moción en contra del plan de traspasos con el argumento de que responde a una visión nacionalista, el consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, compareció ayer para desactivar esa ofensiva contra el Estatuto de Gernika con una declaración institucional dura y muy argumentada, que fue acordada por jeltzales y socialistas en el Consejo de Gobierno a modo de repulsa. La declaración desmonta la línea argumental del PP. El catálogo del Gobierno de Urkullu, que recoge 37 competencias y fue aprobado por el Parlamento en 2017, se basa en el Informe Zubia que los propios populares vascos habían respaldado en 1993 en la Cámara.
Erkoreka no ocultó que en 2017 se añadieron competencias (seis) que no aparecían en el texto de Zubia, porque fueron fruto de cambios legislativos y debates posteriores que por aquel entonces no estaban en la agenda, pero invocó el artículo 150.2 de la Constitución, que permite al Estado transferir o delegar nuevas materias. De hecho, esas materias han sido transferidas a varias autonomías.
Erkoreka compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para presentar el acuerdo de siete puntos. El Gobierno vasco le quiere dar la máxima difusión y estudia enviarlo al Senado, el Congreso y el Parlamento. El PP de la comunidad autónoma había tratado de capear la polémica navegando entre dos aguas, sin criticar la moción del Senado para no enfrentarse a su líder estatal, Pablo Casado, pero tratando de presentarse como un defensor del Estatuto. Había argumentado estos días que no carga contra el Estatuto, sino contra la interpretación nacionalista de su contenido.
El consejero puso de manifiesto las contradicciones del PP y trató de colocarlo contra las cuerdas con alusiones expresas al vasco Leopoldo Barreda, actual diputado en el Congreso que en su día defendió el Informe Zubia y el artículo 150.2, que respaldan el catálogo de competencias del Gobierno vasco contra el que ahora cargan los populares. Todavía ayer, la secretaria general del PP autonómico, Amaya Fernández, seguía hablando en Radio Euskadi del documento de 2017 como “informe Erkoreka”. En los pasillos del Parlamento, sus interlocutores detectan una incomodidad cada vez mayor en Alfonso Alonso.
De ese informe con 37 competencias, un total de 33 aparecen en el calendario de trabajo de la ministra Batet y el consejero Erkoreka, donde han quedado fuera las referidas a la Seguridad Social. La defensa de ayer desde el Gobierno vasco da aire y un colchón de seguridad al presidente Sánchez a la hora de argumentar la negociación en la precampaña.
La declaración denuncia “el desleal intento de instrumentalizar el Senado para frenar el proceso autonómico”, atribuye a “intereses partidarios” la actitud del PP, y niega que el catálogo responda a una visión nacionalista. Además, desmiente que el cumplimiento de la ley estatutaria sea “fuente de desigualdades” con los ciudadanos del Estado. “Sostenerlo supondría demoler el modelo autonómico y arrumbar con el autogobierno vasco”, zanja. En el documento tiene mucha presencia el debate sobre el traspaso de prisiones, donde el PP ha insinuado que el Gobierno vasco hará favores a los presos de ETA. Erkoreka salió en defensa de la profesionalidad de los funcionarios vascos.
defensa de los funcionarios El Gobierno vasco “denuncia el grave empeño en sostener que el personal público adscrito o dependiente de su sector público es intrínsecamente incapaz de servir con objetividad los intereses generales y de desempeñar sus funciones con eficacia y arreglo a la legalidad”. “La insinuación de que estas personas no podrían desarrollar con objetividad y profesionalidad las funciones asignadas al funcionariado de prisiones constituye una falta de respeto gratuita e injustificada”, censura. En respuesta a la parte de la moción que condiciona el traspaso de las competencias al cumplimiento de la legislación básica y la solidaridad, el texto aclara que el Gobierno vasco “no desprecia los mecanismos de cooperación”, pero cree que solo puede producirse “desde el reconocimiento de las competencias que legalmente corresponden”. Por último, se invita al Gobierno español de Sánchez a continuar con los traspasos. Erkoreka puso en valor el autogobierno como “fuente de bienestar” y modelo singular, y dijo que Euskadi ha demostrado que es un país solidario.
El consejero recordó que el listado de competencias del Gobierno vasco es la “actualización” del informe de 1993, que contó con la “adhesión entusiástica del PP vasco, y de su portavoz Leopoldo Barreda, que reivindicó la coautoría del documento y recalcó que no se trataba de un documento elaborado por el Gobierno, sino consensuado en el seno del Parlamento y que contiene una lectura compartida por parte de los grupos”. “Por tanto, la interpretación que se hizo en 1993 del Estatuto fue una lectura compartida”, sentenció.
Aclaró que el documento de 2017 “se limita a actualizar y añadir elementos posteriores que no estaban en la agenda política ese momento”. En concreto, se añadieron seis materias, muchas de las cuales no tienen precisamente una extraordinaria carga política. Entre ellas se encuentran la legislación sobre productos farmacéuticos, transferida ya a trece comunidades, y el seguro escolar, dos asuntos que ahora mismo negocian los gobiernos vasco y español. También aparecen actuaciones relacionadas con la inmigración, la asignación de números de identificación de libros (ISBN e ISNN), la inspección de trabajo y Seguridad Social, y la ordenación y gestión del litoral. De este último grupo, Catalunya las gestiona todas.
Erkoreka dijo que las materias “emergentes” no son las que más problemas plantean porque no son controvertidas. Añadió que la tesis de que el proceso de transferencias no se agota con el cumplimiento del Estatuto, sino que puede ir mas allá, la sostiene el artículo 150.2 de la Constitución, una visión que Barreda “defiende ardientemente en 1993”.
