Mas critica la “poca inteligencia” del Estado por mandar policías

El TS actúa penalmente contra Baños y Reguant (CUP) por negarse a responder a Vox y les multa con 2.500 euros

08.02.2020 | 21:58
El expresident Artur Mas sale del Tribunal Supremo tras testificar.

pamplona - La polémica en la sesión de ayer llegó por la tarde con la declaración como testigo del exdiputado de la CUP Antonio Baños, testimonio solicitado precisamente por Vox por la presencia de las iniciales AB en la Moleskine de Josep Maria Jové, y ante quien el exdirigente anticapitalista se negó a contestar. "Me negaré a responder a Vox", avisó de inicio Baños, ante lo que el presidente del Supremo, Manuel Marchena, le advirtió que "en calidad de testigo, no dar réplica a las preguntas puede tener consecuencias penales que el tribunal no quiere poner en marcha".

"Por dignidad democrática y antifascista me niego a responder", insistió el periodista que encabezó la lista de la formación cupera en las elecciones catalanas de septiembre de 2015. Lo mismo sucedió con la concejal del Ayuntamiento de Barcelona por la CUP Eulàlia Reguant, quien evitó pronunciarse ante Vox "asumiendo las consecuencias". De hecho, el tribunal acordó luego deducir testimonio, que consiste en remitir a un juzgado ordinario lo ocurrido para que se investigue la posible comisión de un delito penal. El Tribunal Supremo les impuso una multa de 2.500 euros y les dio cinco para que puedan reconsiderar su postura, lo que rechazaron.

Por la mañana , Artur Mas reconoció que jamás pensó en una reacción tan virulenta del Gobierno español cuando el Govern apostó por el referéndum. "Nunca pensé que mandarían a las fuerzas del orden público para intervenir. Otra cosa es para advertir, pero me equivoqué", señaló a preguntas del abogado defensor Javier Melero. "El Estado tenía mecanismos suficientes para desde un punto de vista jurídico desnaturalizar el referéndum aunque se celebrara. ¿Por qué iban a hacer algo de forma tan poco inteligente que diera la vuelta al mundo?", dijo el expresident, quien admitió que el 1-O no fue "vinculante jurídicamente, pero sí podía serlo políticamente".

Mas recordó que en 2016 cuando su sucesor Carles Puigdemont decidió impulsar el referéndum le recordó que no perdiera el Govern la "iniciativa institucional" para controlar la consulta y que "no olvidara que podía convocar elecciones". El exjefe del Govern añadió que "si finalmente se puede llegar a la independencia de Catalunya que no se haga de cualquier forma, sino a través de un proceso legal". "Cuando periodísticamente se preguntaba a personas del Govern sobre la vía unilateral es que no hay que descartarlo al 100%, pero nunca es la primera ni la segunda ni la tercera opción soberanista. Esas siempre son buscar el consenso", ilustró, censurando que "en la otra parte no existía esa persona con voluntad política".

El expresident destacó que en 2013 le propuso a Mariano Rajoy, ante "la dificultad de llegar a un acuerdo" sobre el derecho a decidir, crear una comisión para mantener el diálogo en cualquier momento y así buscar soluciones, donde había un representante del partido entonces en la oposición, el PSOE, otro del Ejecutivo del PP y un tercero de "mi confianza". Además, a su juicio, el Tribunal Constitucional supone "un riesgo" permanente para Catalunya. "Muchas leyes, hasta sociales, sin tener nada que ver con el proceso soberanista, han sido suspendidas. Estábamos entrenados para suspensiones inmediatas", criticó.

Por su parte, el diputado de ERC Joan Tardà consideró que "ni la unidad de España ni la independencia de Catalunya vale una mínima violencia", al tiempo que negó que existiera este fenómeno ni durante los registros ante la conselleria de Economía el 20 de septiembre ni en el referéndum. "El 1 de octubre es la expresión de un pueblo indefenso, cívico y democrático. Queremos diálogo porque lo que hay es un conflicto entre demócratas".

la fiscalía del estado

Segarra, al rescate de los fiscales

Rebelión. Ante las críticas a su labor, fiscal general del Estado, María José Segarra, defendió la actuación "absolutamente profesional" de los fiscales en el juicio, tanto en la instrucción como en la vista oral, y añadió que, a día de hoy, considera que la acusación de rebelión "tiene fundamento". A partir de ahora, explicó, con el comienzo de las declaraciones de los testigos, "que tienen obligación de decir verdad y hablar solo sobre hechos", el juicio entra "en otra fase" en la que la Fiscalía va a desarrollar su prueba. Esta, dijo, parte de la base de que existió un delito de rebelión, y esa es la tesis que la Fiscalía "sostiene y es con la que va a trabajar durante todo el juicio".