Carta Europea de Lenguas Minoritarias

Los funcionarios del Estado que hablen euskera cobrarán 280 euros más al año

Batet sostiene que con la medida se cumple la Carta Europea de Lenguas Minoritarias

08.02.2020 | 22:58
La exministra de Política Territorial, Meritxell Batet.

pamplona - Los trabajadores de la Administración del Estado que ocupen puestos de atención al público y acrediten la titulación exigida de euskera, catalán o gallego disfrutarán de un incremento salarial a partir de 2020. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, defendió ayer la legalidad del complemento salarial que se dará a los empleados públicos que conozcan alguno de los idiomas cooficiales del Estado y argumentó que con esta medida se cumple la Carta Europea de Lenguas Minoritarias. Batet, tras clausurar una jornada sobre digitalización en pymes, explicó a los medios que ese plus se enmarca en los acuerdos alcanzados el lunes en la reunión del Gobierno con los sindicatos CCOO, UGT y USO.

Se trata de la previsión de un complemento específico para aquellos puestos de atención al público en los que se acredite el conocimiento de alguna de las lenguas cooficiales del Estado con el que, según la ministra, se da cumplimiento a la Carta Europea de Lenguas Minoritarias. Al mismo tiempo, se potencia que la atención al público pueda garantizar efectivamente los derechos de los ciudadanos a ser atendidos en su propia lengua, siempre dentro de la disposición y límites que haya en la asignación de fondos adicionales, y se articulará a través de un aumento en el complemento específico.

Tal y como consta en el acuerdo que cerró Función Pública con los representantes sindicales, a partir de 2020 los trabajadores de la AGE que ocupen puestos de atención al público y acrediten la titulación exigida de euskera, catalán o gallego disfrutarán de un incremento en su sueldo.

El Ejecutivo todavía no sabe ni cuál será la cuantía exacta de estos fondos adicionales ni cómo será el reparto. El Gobierno y los sindicatos firmaron este pasado lunes el cuarto convenio único para el personal laboral, que beneficiará a unos 40.000 trabajadores y que implicará una subida lineal del salario de 280 euros anuales y una mejora de las tablas salariales, entre otras medidas.

CSIF, por su parte, criticó la medida, que calificó de "electoralista" y no firmó este acuerdo. El presidente del sindicato, Miguel Borra, trasladó ayer a la vicesecretaria general de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, la preocupación del sindicato por lo que consideran un uso político de las lenguas cooficiales en el acceso al empleo público, la educación o la justicia. Borra mantuvo un encuentro con Levy para transmitir las propuestas de CSIF, que incluye recuperar los salarios previos a la bajada del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la carrera profesional, la equiparación salarial y las 35 horas.

CSIF, según un comunicado difundido por este sindicato, valora que el PP incluya en su programa electoral una norma para evitar que el conocimiento del idioma cooficial sea un requisito excluyente a la hora de acceder a un empleo público, sino simplemente como un mérito.

En este sentido, Borra explicó a Levy las restricciones en el acceso al empleo público que se producen en ámbitos como las pruebas MIR y que Catalunya, la CAV o Baleares "han perdido atractivo" por parte de los aspirantes a plazas por la exigencia del idioma.

Sobre el complemento a los empleados públicos que hablen alguna de las lenguas cooficiales, CSIF critica el acuerdo "improvisado y chapucero" entre el Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y USO, que "no permite avanzar" hacia la equiparación salarial con comunidades. Así las cosas, subraya su oposición a esa subida de retribuciones por considerar que "deja fuera al 70% de la plantilla de funcionarios y supone una subida media de unos 20 euros, claramente insuficiente para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos durante los años de la crisis". - D.N.