PAMPLONA. El Gobierno de Navarra ha mostrado su "sorpresa" y "malestar" ante el acuerdo del Consejo de Ministros de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral de Residuos y su fiscalidad.

La consejera Isabel Elizalde considera que la Ley se ha diseñado conforme al ordenamiento europeo, es innovadora y un paso decidido hacia la necesaria transición ecológica, por lo que "debería contar con el respaldo sin fisuras de la Administración del Estado".

La titular de Medio Ambiente, que ha conocido este acuerdo por los medios de comunicación, afirma que "la decisión no está justificada" y critica que además "no se han respetado los cauces habituales de interlocución entre la Administración del Estado y la Comunidad Foral".

Tras subrayar que la Ley Foral de Residuos persigue dar respuesta urgente al impacto de las bolsas de plástico sobre el medio ambiente, Elizalde añade que es asimismo un paso decidido hacia la necesaria transición ecológica.

En relación con esta cuestión, señala que en diciembre del año pasado el grupo de trabajo de la Junta de Cooperación entre Navarra y el Estado conoció los argumentos jurídicos del Gobierno foral por los que no se consideraba oportuno tener en cuenta las discrepancias manifestados en torno a dos apartados del artículo 23 de la ley, por lo que se envió una propuesta de acuerdo de la que no se ha obtenido respuesta.

Y agrega que en la misma reunión se acordó que se eliminaban las discrepancias surgidas en torno al artículo 50, sobre las cuales también el Estado se había posicionado como contrario a las mismas.

De acuerdo con un primer análisis de la cuestión planteada por el Estado respecto al apartado 1 a) del artículo 23, en el que se considera que contiene una regulación más restrictiva que la del Real Decreto estatal sobre reducción del consumo de bolsas de plástico, desde el Gobierno de Navarra se indica que la mayor restricción tiene amparo en la Constitución y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y se ajusta al ordenamiento europeo.

El Ejecutivo foral considera igualmente que los plazos establecidos son suficientes para que en 2 años desaparezcan las bolsas en stock del mercado, sin afectar por ello a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.